Hay muchas formas de corrupción, pero una de las más aceptadas y consideradas normales en todo el mundo es el tráfico de influencias, representado por las complicidades entre miembros del sector público y el privado para favorecer a las empresas de estos últimos con contratos o con información privilegiada.
Muchos funcionarios públicos terminan luego de asesores o consejeros en las empresas favorecidas para poder recibir, en forma de salario, compensaciones económicas que suelen estar alrededor de los 50.000 y 100.000 dólares mensuales. La famosa puerta giratoria ('revolving door') se da dentro de los márgenes de la legalidad, aunque a todas luces es algo carente de ética.
López Obrador, en su cruzada contra la corrupción y como parte de una pedagogía política, que es en lo que se han convertido sus conferencias mañaneras —de lunes a viernes da información gubernamental y se somete a cuestionamientos por aproximadamente hora y media—, suele explicar usos y costumbres de las administraciones pasadas con las que los funcionarios públicos sangraban al erario nacional. Lo ha expuesto con el robo de gasolina, con la evasión de impuestos de grandes empresas o con la vida de reyes que se daba esa burocracia dorada con sueldos de hasta 35.000 dólares mensuales. Muchos de estos abusos ni siquiera son ilegales, ya que contaban con el visto bueno de leyes a modo.
Esta semana, López Obrador evidenció contratos leoninos en el sector energético, concretamente en el mercado eléctrico, con las complicidades entre antiguos funcionarios de la Secretaría de Energía y empresas nacionales y trasnacionales a las que se les otorgan21.000 millones de dólares por pagos de gasoductos que no se encuentran en servicio. Y estos son solo algunos contratos entre muchos otros.
Pero no solo dio ejemplos de esos contratos, sino que develó nombres de funcionarios pasados, que ahora actúan como empleados de empresas que fueron favorecidas durante sus administraciones. Estos personajes suelen escudarse en la legalidad de sus acciones sin reparar en que la puerta giratoria entre lo público y lo privado representa, en el menor de los casos, un conflicto de intereses cuando no un abierto tráfico de influencias y una falta de ética pública.
Llama la atención en todo esto el 'boom' de la participación de las empresas españolas en el sector eléctrico, notoriamente a partir que Felipe Calderón fue Secretario de Energía y posteriormente presidente. En los nueve meses entre 2003 y 2004 que duró su gestión al frente de la Secretaría Energía, su mano derecha fue Juan Camilo Mouriño, Subsecretario de Electricidad. En este primer momento, uno de los principales beneficiados fue Carlos Mouriño (padre de Juan Camilo), un empresario español cuya empresa Grupo Energético del Sureste (GES) obtuvo importantes contratos con Pemex, a pesar del conflicto de intereses que había con la posición de su hijo. Carlos Mouriño, además de tener negocios en el sector energético, es actualmente el máximo accionista y presidente del club de futbol Celta de Vigo de la primera división española.
Es fácil deducir que la posición de Juan Camilo Mouriño como Subsecretario de Electricidad con Calderón y los contactos de su padre en el mundo empresarial español y del sector energético fueron los que abrieron la puerta para que las empresas españolas tuvieran una posición privilegiada una vez que Felipe Calderón fue presidente de México (2006-2012). En ese período, Mouriño continuó como mano derecha, primero como Jefe de Oficina de la Presidencia y después como Secretario de Gobernación hasta su muerte en un accidente aéreo.
En estos años se dio la proliferación de empresas españolas como Endesa, Iberdrola, X-Elio, Sacyr, Acciona, Abengoa y Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) en el campo energético. De igual manera, bancos españoles como Banco Bilbao Vizcaya (BBV) o Santander mantienen importantes participaciones accionarias en dichas empresas o realizan préstamos el sector. No parece casualidad que en el fraude electoral de 2006, el primer respaldo internacional que recibió Calderón vino del entonces presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, conocedor de los beneficios que obtendrían las empresas españolas de la mano de Calderón y Mouriño.
Con Calderón y Mouriño, los corporativos españoles, principalmente Iberdrola, comenzaron a obtener permisos para generar y comercializar energía eléctrica, actividades que antes de la Reforma Energética de Peña Nieto eran actividades exclusivas del Estado, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en su momento que los permisos otorgados por la Secretaría de Energía eran ilegales.
A pesar de esto, las empresas siguieron acumulando contratos a modo dentro del gobierno federal en contubernio con otras áreas del sector energético como Pemex y con otras empresas españolas como Repsol. En 2008, López Obrador denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había firmado un contrato con Repsol por 21.000 millones de dólares para proveer gas a termoeléctricas con el precio más caro en el mercado según los indicadores de Estados Unidos. Repsol a su vez le compró el gas a Perú por un poco más de 6.000 millones de dólares, lo que hace una ganancia de 15.000 millones de dólares. Nada mal para un simple intermediario.
Como parte del tráfico de influencias y de los beneficios de las puertas giratorias Felipe Calderón estuvo en la nómina de Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, de 2016 a 2018. Georgina Kessel, Secretaria de Energía durante el sexenio de Calderón, está en el consejo de accionistas de Iberdrola. Jordy Herrera, también ex Secretario de Energía y de Pemex, mantiene relaciones laborales con Repsol y Naturgy (Fenosa). Alfredo Elías Ayub, director de CFE en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Calderón también ha sido consejero de Avangrid y por tanto de Iberdrola. Jesús Reyes Heroles, Secretario de Energía con Zedillo y director de Pemex con Calderón, trabaja ahora para corporativos internacionales como Morgan Stanley Energy Partners, además de ser miembro del Consejo de Administración de Banco Santander México. Alejandro Flemming, jurídico de la Secretaría de Energía en el sexenio de Calderón, ahora está contratado por Iberdrola México. Y la lista sigue y sigue.
La problemática de la participación extranjera en el sector energético no es solamente el tráfico de influencias o el realizar negocios al amparo del poder. Se trata también de un problema de soberanía nacional. Por ejemplo, ante la pasada contingencia por el robo de gasolina y el momentáneo desabasto del producto se vivió un breve ambiente de pánico e incertidumbre. Pero con la mayor parte de la gasolina siendo importada de Estados Unidos ¿qué pasaría si el siempre volátil Donald Trump o empresas estadounidenses deciden chantajear a México con dejar de venderle el combustible si no acepta ciertas condiciones que puedan dañar su soberanía? Escenario complicado.
Lo mismo pasa con el sector energético y la generación eléctrica. Según el Instituto de Comercio Exterior de España, tan solo entre Naturgy e Iberdrola producen alrededor del 20 por ciento de la energía eléctrica de México y en total las empresas privadas generan la mitad de la energía eléctrica. ¿Qué pasaría si un puñado de empresarios decide bajar el interruptor como medida de presión contra el gobierno ante la pérdida de contratos a modo y de privilegios? Nuevamente un escenario difícil, pero posible, y que atentaría contra la soberanía nacional.
El problema no se acaba con la denuncia, hay que pensar en las soluciones. La primera es que el gobierno de López Obrador va a proponer al Congreso una medida "anti-puertas giratorias", para impedir que un funcionario se incorpore a corporativos con conflicto de interés, ampliando la veda laboral actual de un año a diez años. La otra es que –al igual que con Pemex– la CFE recibirá una mayor inversión para rescatarla del abandono en que la dejaron administraciones pasadas, a la par que se combatirá la corrupción existente al interior. México debe recuperar la rectoría en áreas vitales para la ciudadanía y para mantener la soberanía del Estado.