La Guardia Nacional de López Obrador: ¿Un proyecto para afrontar el mayor reto de México?

Para nadie es un secreto que México es uno de los países con mayores índices de violencia en el mundo a la par de otros que se encuentran en situaciones de guerra como Siria, Afganistán o Yemen. Esta violencia aumentó desde que en la década de los noventa el PRI empezó a perder municipios y regiones y con ello el poder del narcotráfico, que había crecido en los ochentas al amparo del régimen priista, comenzó a fragmentarse regionalmente. En el sexenio de Calderón, una mala estrategia de seguridad motivada por buscar una legitimidad política después del fraude electoral, provocó un aumento exponencial de la violencia en la lucha contra el narcotráfico. Esta violencia y los miles de muertos que llegaron en la llamada "guerra contra el narcotráfico" no produjeron buenos resultados, ya que hubo un boom de grupos delictivos, y al final de su mandato había más de 88 grupos funcionando en el territorio nacional.

El sexenio de Peña Nieto no fue mejor. La cantidad de muertos se mantuvo en números similares a los del gobierno de Calderón y hacia finales de 2018 México acumulaba 250.000 asesinatos y 40.000 desaparecidos en doce años. Definitivamente las estrategias de seguridad estaban fracasando. En diciembre de 2017 Peña Nieto aprobó una Ley de Seguridad Interior (LSI) que estaba completamente disociada de la realidad y que no iba en el sentido de proveer seguridad pública, sino que esta necesidad la utilizaba para promover una ley a modo que permitía el espionaje y la criminalización de la protesta social, algo muy grave en un año electoral.

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.

Por otro lado, la LSI se inscribía en el marco de los pasos dados por los gobiernos de derecha de Vicente Fox y Felipe Calderón en materia de seguridad. Fox firmó en 2005 la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que aborda temas de seguridad y militarización, energía, telecomunicaciones e integración aduanera. Por su parte, Calderón suscribió en 2008 la Iniciativa Mérida enfocada en los temas de seguridad y narcotráfico, similar en muchos aspectos al Plan Colombia. La seguridad pública e incluso la seguridad nacional se diluían en estrategias vinculadas a un espacio territorial estratégico para Estados Unidos y las empresas trasnacionales. En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la LSI, lo que significó un logró de muchos sectores. Afortunadamente, se corrigió una ley que tenía que ver más con los conceptos de seguridad interior y nacional que con la necesidad de brindar seguridad pública a un país que vive miles de asesinatos cada mes.

Uno de los mayores problemas que vive el país es que el crimen organizado ha infiltrado a las corporaciones de justicia, pero principalmente a las policías municipales y estatales. Por ejemplo, en Nuevo León se calcula que en el tema de los desaparecidos la policía local está involucrada en la mitad de los casos. Debido a esto, se ha tenido que recurrir al Ejército y la Marina, instituciones que participaban en labores contra el narcotráfico históricamente y que en estos momentos son más profesionales y están menos corrompidas que las policías locales, pero que no cuentan con el marco jurídico para realizar funciones de protección civil. Esto representa un problema ya que las fuerzas armadas suelen estar adiestradas para situaciones de guerra donde la defensa de derechos humanos no es una prioridad. El resultado ha sido un índicemuy alto de letalidad en las actividades que realizan en la lucha contra el crimen organizado.

El proyecto de Guardia Nacional

Tanto las estrategias fallidas de tres sexenios (algunas cómplices de otros intereses) así como la ambivalencia de la utilidad de los actores responsables de la seguridad pública (policías locales y fuerzas armadas) mostraban que el camino para un nuevo diseño de seguridad no es tarea fácil. Pero como dicen, la política es elegir entre inconvenientes, y eso fue lo que hizo López Obrador al presentar su proyecto de Guardia Nacional. La Guardia Nacional se contempla en la Constitución de 1917, pero no existía una ley orgánica que la sustentara por lo que había un vacío legal que buscó cubrirse.

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.

La propuesta de López Obrador generó dos preocupaciones en la oposición y en la sociedad civil. Una era si la Guardia Nacional iba a ser una corporación militarizada de los pies a la cabeza y la otra cual sería la temporalidad para este modelo de seguridad pública. Tanto la discusión que se dio en el Congreso como las voces de la sociedad civil que fueron escuchadas y tomadas en cuenta permitieron llegar a acuerdos democráticos. Se estableció un concepto híbrido, que toma la disciplina militar para evitar los márgenes de corrupción que hay en las policías locales, pero al que se pretende dar una capacitación policial de proximidad y entrenamiento en derechos humanos para evitar abusos contra la ciudadanía.

Como es un caso de emergencia nacional, la Guardia Nacional estará adscrita tanto a la Secretaría de Defensa (régimen interno) como a la de Seguridad Pública (cadena de mando) por cinco años, después de los cuales se hará una evaluación para que la institución se pueda convertir en una de carácter civil por completo. Ese tiempo servirá igualmente para formar nuevo personal que pueda sustituir a los 35.000 soldados y 8.000 marinos que de entrada serán quienes constituyan la Guardia Nacional. Otro punto importante es que al ser una fuerza de carácter civil los elementos de la Guardia Nacional serán juzgados por autoridades civiles en caso de cometer cualquier infracción. Esta propuesta fue votada en el Senado donde se aprobó por unanimidad y en la Cámara de Diputados donde también fue ratificada por unanimidad, salvo por un voto. Este miércoles alcanzó la aprobación de los congresos estatales que permite la declaratoria de constitucionalidad. Sociedad civil, gobernadores y el presidente manifestaron el beneplácito de haber construido un gran consenso democrático para enfrentar la emergencia nacional que significa la violencia en nuestro país.

Cabe destacar que la Guardia Nacional va de la mano de otro tipo de propuestas que estuvieron ausentes en el pasado como la posibilidad de legalizar la marihuana, el aumento de programas sociales en todo el país pero con énfasis en lugares problemáticos y una mano dura en ramas del crimen organizado que habían sido ignoradas, como el robo de la gasolina que conlleva márgenes de violencia similares a los del narcotráfico. En un país con los índices de violencia que tiene México la pacificación es, sin duda, el mayor reto que tiene el gobierno ante sí y que no habrá de ser saldado en un sexenio. Seguramente será cuestión de una generación resolver el problema que se gestó y se arraigó en cuarenta años –a la par de la corrupción más cínica y del modelo neoliberal– pero se deben poner los cimientos y ver los primeros resultados en este gobierno.

Esta estrategia todavía está por demostrar su eficacia pero el que se haya aprobado por un amplio consenso de todos los sectores nos da mayor certidumbre que tal vez sea la mejor (o la menos mala) de las cartas que tenemos a la mano. Esperemos que no sea la última porque a miles de mexicanos nos va la vida en ello, literalmente.