Desde que en 2006 Felipe Calderón inició la "guerra contra el narco" como una forma de legitimarse ante el fraude electoral que lo había llevado a la presidencia, en la sociedad civil quedaron dos cuestiones de manifiesto. La primera, era que el problema del narcotráfico era mucho mayor de lo que se había hecho público hasta entonces. La segunda, que la estrategia militar era algo equivocado, porque la violencia afectaba a muchos inocentes y realmente no minaba el poder ni la operación de los grandes cárteles.
Desde el inicio, la mayoría de los especialistas coincidió en que esta era una estrategia equivocada que cobraba muchas vidas. Un enfrentamiento más limpio y quirúrgico era atacar sus finanzas. Cortarles el suministro de dinero podría ser algo más efectivo y menos violento, pero a pesar del consenso que generaba esta medida nunca fue llevada a cabo de una manera seria y real. El narcotráfico intercambiaba un par de piezas menores a favor de mantener sus millones de dólares intactos para mantener su operación. Esta situación no cambió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El triunfo de López Obrador no trajo consigo solamente un replanteamiento de la lucha contra las drogas, sino de otras actividades ilícitas que nunca se habían combatido con anterioridad como el robo de gasolinas, la evasión fiscal de grandes empresas o la corrupción de varios políticos. Una parte medular en esta estrategia sería darle la importancia que se merece a perseguir el lavado de dinero. Como dirían los estadounidenses, "follow the money".
Desde la campaña electoral López Obrador había dado a conocer que el encargado de estas labores de inteligencia financiera sería Santiago Nieto Castillo, quien había llamado la atención del país tiempo atrás por llevar las investigaciones de delitos electorales que conectaban la campaña presidencial de Peña Nieto con donaciones ilegales que hizo la empresa Odebrecht con la promesa de obtener contratos en el futuro con Pemex. Santiago Nieto pretendía llamar a declarar al exdirector de Pemex Emilio Lozoya y por esta razón fue destituido de su cargo, en un intento de tener las investigaciones que llevaba a cabo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que pertenece a la Secretaría de Hacienda, y que encabeza Nieto Castillo, empezó a dar sus primeros resultados en la lucha contra el huachicoleo (robo) de gasolinas. Se encontró que 45.000 millones de pesos (más de 2.200 millones de dólares) del robo de gasolina entraron a esquemas de lavado de dinero con más de 114 empresas, de los cuales unos 10.000 millones (500 millones de dólares) estarían en el sistema financiero. También se detectaron 194 gasolineras con inconsistencias fiscales. Ya se han congelado cuentas bancarias de varias empresas y están siendo investigados un exdirectivo de Pemex, un exdiputado y un expresidente municipal.
En el campo del narcotráfico se hace necesaria una investigación más profunda ya que los esquemas de lavado de dinero han dejado de ser los tradicionales, basados en el comercio y el sector bancario formal, y se han trasladado con la ayuda de asesores (brokers) a la deep web para usar monedas virtuales –como el Bitcóin– y blanquear ganancias ilícitas en Estados Unidos, China y otras partes del mundo. El mercado del narco en Estados Unidos es de aproximadamente 125.000 millones de dólares anuales (aunque el gobierno solo reconoce la mitad), muchos de los cuales terminan en manos de traficantes mexicanos.
Por otra parte, ¿cómo atrapar a un político corrupto que no ha dejado huella? Sin duda una de las formas más accesibles sería bajo la figura de "enriquecimiento inexplicable", es decir, cuando sus propiedades, gastos o formas de vida no pueden justificarse con sus ingresos. Bajo este esquema se está investigando ya a un magistrado de Jalisco por su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A otro magistrado federal que estaría implicado en actos de lavado de dinero y delitos relacionados también se le han congelado las cuentas bancarias y se han puesto bajo investigación.
También en la mira están las grandes empresas que suelen utilizar esquemas de evasión fiscal para no pagar impuestos. En total, la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con 54 denuncias presentadas en materias referentes a corrupción, robo de hidrocarburo, lavado de dinero y trata de personas. En cuentas bancarias, el dinero bloqueado suma más de 200 millones de dólares, aunque las operaciones y cuentas detectadas con irregularidades suman más de 3.000 millones de dólares.
Esto es apenas el principio de lo que debería ser la política de lavado de dinero en un país que cuenta con amplios ingresos ilícitos y que no se circunscriben solamente al narcotráfico. Se calcula que más de 50.000 millones de dólares se lavan anualmente en México. En esta nueva tarea (nueva porque nunca se había hecho con seriedad) hay dos retos visibles en el horizonte cercano. Bueno, un reto y un obstáculo. El reto es una coordinación efectiva entre los sistemas de anticorrupción, el de fiscalización y el de transparencia que se debe llevar a cabo con otras instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Los cárteles no son tan poderosos, la 'guerra contra el narco' no es contra el narco y la serie de Netflix 'Narcos' favorece el discurso oficial de EE.UU. 😮Nos lo explica el investigador mexicano @Oswaldo__Zavalapic.twitter.com/0gCtWA1Ofv
— RT en Español (@ActualidadRT) 24 de enero de 2019
El obstáculo mayor y más complejo quizá sea el garantismo espurio. Por cada cuenta bloqueada parece haber un juez queriendo amparar o proteger a los dueños de las cuentas investigadas frenando y entorpeciendo las investigaciones. Así pasó con la mayor empresa gasolinera que podría estar inmiscuida en diversos delitos financieros derivados del robo de combustibles. La corrupción de los jueces en México en este punto es tan visible que el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que los criterios de la Suprema Corte han retrasado y complicado el éxito de las investigaciones que se realizan contra el lavado de dinero en México.
La tarea que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera es algo inédito en la historia del país pero no terminará de llegar a buen puerto en este reto si el sistema de justicia no se limpia e, irónicamente, se empiezan a juzgar a los encargados de impartir de justicia que venden sus sentencias al mejor postor, alargando la cadena de corrupción e impunidad.
@BuenrostrJavier
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