Carta aclaratoria de la jueza Luz María Ortega Tlapa y la respuesta del columnista Javier Buenrostro

Luz María Ortega Tlapa, Jueza Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, rechaza las manifestaciones del columnista Javier Buenrostro vertidas contra ella en el artículo de opinión 'El Poder Judicial en México: la corrupción de los contrapesos', publicado el pasado 8 de junio, y exige una rectificación.

ESCRITO ÍNTEGRO ENVIADO POR LA JUEZA LUZ MARÍA ORTEGA TLAPA:

El pasado día 8 de junio de 2019, el columnista Javier Buenrostro publicó la columna titulada “El Poder Judicial en México: la corrupción de los contrapesos”, en la que manifiesta cosas incorrectas, denostando mi trabajo y mi prestigio como servidora pública, lo que considero es un craso error, dado que no se me consulto o pidió mi opinión; haciendo una serie de valoraciones y uso incorrecto de términos jurídicos que sí hacen una gran diferencia, etiquetándome de “Corrupta”, lo que daña mi imagen institucional, profesional, personal y familiar.

En ella menciona que causa indignación la suspensión provisional concedida a Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX y relacionado con los escándalos de Odebrecht, que en México no se conocen culpables, en gran medida por el comportamiento del sistema judicial, mencionado mi nombre, mencionando que ordene la suspensión de Lozoya y que he “otorgado amparos” al narcotraficante Chapo Guzmán (Joaquín Guzmán Loera) para que no fuera extraditado a Estados Unidos, lo mismo que al dueño de Ficrea, una Financiera popular que con el aval del gobierno, defraudó por casi a casi 7.000 personas por miles de millones de pesos, que “¡Como alguien con tan dudosos antecedentes, y por tanto tiempo, no es destituido o investigado?, información que es TOTALMENTE FALSA y calumniadora.

Información que es incorrecta, ya que de haberse basado en una investigación seria y bien informada, se hubiera percatado que en la actualidad se le concedió una suspensión definitiva a Emilio Lozoya, para que no se ejecutara la orden de aprehensión, porque el delito por el que se libró la orden, no merece prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, pero para que la suspensión continué surtiendo efectos o tenga validez, debe cumplir varios requisitos como son: 1) exhibir una garantía de $500,000.00, 2) presentarse dentro del plazo de 3 días hábiles ante el juez que emitió la orden a ponerse a su disposición a continuar el procedimiento, 3) presentarse a firmar todos los días lunes en el juzgado a mi cargo y, 4) señalar un domicilio en donde se le pueda localizar. Ello debido a que el delito por el cual se libró la orden no merece prisión preventiva oficiosa. Siendo que aún no se ha emitido la sentencia correspondiente.

Por otra parte, quiero aclararle, que sin una investigación previa, bien documentada, se hubiera podido percatar que si bien es cierto en el año de 2014, se presentaron 3 demandas a favor de Joaquín Guzmán Loera, una de ellas se tuvo por no presentada, al no haber sido ratificada y las otras dos, efectivamente se concedió la suspensión provisional y definitiva para que no se ejecutara la orden de extradición reclamada, hasta que se resolviera en sentencia definitiva el juicio de amparo, por lo que por sentencias de 9 de abril y 6 de mayo, de 2014, se sobreseyeron ambos juicios por INEXISTENCIA DE ACTOS, es decir, porque no existía en ese momento la orden de extradición reclamada, por tanto jamás concedí un amparo ilegal a Joaquín Guzmán Loera.

Por último, en cuanto a Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, si bien es cierto se le concedió una suspensión para que no se ejecutara la orden de aprehensión librada en su contra, también debe cumplir con requisitos para que esa suspensión sea efectiva, y me declare incompetente remitiendo el juicio a un Tribunal Unitario de Circuito, por ser la autoridad competente para resolver el juicio de amparo, por lo que en ningún momento le he concedido el amparo.

Resoluciones todas ellas, que fueron emitidas conforme a la interpretación y aplicación de la ley y de la jurisprudencia, es decir, conforme a derecho; pues en el caso de Emilio Lozoya, de no cumplir con los requisitos impuestos, la suspensión concedida queda sin efectos.

Sin embargo, con los comentarios denostativos por parte de su periodista en señalar que por que no he sido destituida o investigada, son señalamientos duros que me estigmatizan. Por lo que esa errónea nota, solo generó desprestigio a mi función pública, afectando mi vida personal, pues se comenzó a generar una serie de comentarios en las redes sociales que dañan mi imagen y la de mi familia, poniéndome en riesgo de ser atacada en cualquier parte y por cualquier persona.

Por todo ello, pido en derecho de réplica se aclare esta columna, se me pida una disculpa pública y se empiece a respetar por parte de los periodistas el procedimiento judicial, establecido en las leyes y en la jurisprudencia mexicana, reservándome mi derecho a ejercer alguna acción legal por el daño  moral que se me ocasionó.

RESPUESTA DEL COLUMNISTA JAVIER BUENROSTRO

1. En ninguna parte del artículo se afirma que la jueza sea corrupta. Tampoco que ha dado amparos ilegales. Se menciona que ha estado involucrada en amparos a figuras polémicas y casos que son del dominio público: FICREA, el Chapo Guzmán y últimamente el de Emilio Lozoya. La misma jueza reconoce su participación en estos procesos. La nota no afirma nada de la jueza. Se interroga sobre esos antecedentes que generan dudas y que como servidor público debería someterse a una rigurosa investigación. Algo que aplica para cualquier servidor público.

2. La jueza menciona que con la nota “se comenzó a generar una serie de comentarios en las redes sociales que dañan mi imagen y la de mi familia”. Rechazo contundentemente esta afirmación. Su nombre y actuaciones pertenecen a la discusión pública desde hace mucho tiempo atrás, algo muy fácilmente verificable en las redes sociales y en muchos otros artículos de opinión. Como botón de muestra está el artículo que escribió el reconocido periodista Ricardo Raphael en El Universal el 27 de agosto de 2018 titulado “Hay de jueces a jueces” donde la mitad del texto está dedicado a la jueza Luz María Ortega Tlapa con opiniones mucho más duras y contundentes que las mías. De igual manera, días antes de la publicación de mi columna, su actuación fue cuestionada por un reportero en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y aparecieron distintos artículos como este de la revista Expansión.

3. Utiliza indiferentemente en su réplica “calumnia” a la par de “información incorrecta”. Refiero que dado que lo que escribí relativo a los casos de la jueza fue solo un párrafo en todo el artículo, no era posible entrar en cada detalle de las sentencias. No me parece acertado decir que la información fue incorrecta, mucho menos que es una calumnia. En todo caso pudiera ser incompleta. Agradezco que se pueda subsanar este punto y se complemente la información sobre los casos de manera detallada por la propia jueza en torno a los procesos, sentencias y situaciones jurídicas de los tres casos mencionados.

4. Debe quedar claro que el tema no es personal sino de una crítica institucional, como la que ha hecho el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La inocencia de la jueza así como la presunción de inocencia de Lozoya son garantías jurídicas que deben ser preservadas. Por otra parte, también espero que esto no sea una presión del Poder Judicial contra la labor periodística y contra la libertad de expresión, ambas necesarias e indispensables en el cambio de régimen que vive el México actual.