En abril de este año se detectó un brote de la bacteria leclercia adecarboxylata en 15 hospitales de Guadalajara, tanto públicos como privados, con un total de 67 pacientes infectados. El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Jalisco identificó que la bacteria estaba en nutrientes parenterales de la empresa farmacéutica Pisa que se administran vía intravenosa. Debido a esto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sometió a revisión las instalaciones de la empresa y ante las deficiencias en la línea de producción se vio obligada a cerrar siete de las 17 plantas de la farmacéutica y a emitir una serie de recomendaciones que deberían ser observadas.
Para mayo hubo denuncias en el Hospital del Niño Poblano por reacciones al administrarse metotrexato, un fármaco oncológico utilizado en niños. Igual que en el caso anterior la farmacéutica Pisa estaba involucrada en la producción del medicamento, por lo que después de realizar verificaciones en su planta se suspendieron los procesos de producción con el objetivo de "evitar que produzcan medicamentos inseguros, ineficaces y de poca calidad, que pudiesen poner en riesgo la salud de las y los mexicanos que los consumen".
En vez de atender las recomendaciones de la autoridad sanitaria, la farmacéutica pretendió ejercer presión sobre el gobierno de López Obrador escondiendo las miles de dosis que tenían disponibles y chantajeando para que se le levantaran los castigos a sus líneas de producción (donde todavía no se habían realizado las mejoras) a cambio de liberar el producto. Algunas autoridades médicas se prestaron al juego, tal vez por ignorancia, miedo o complicidad, pero lo cierto es que se empezó a generar un ambiente de psicosis colectiva.
El gobierno se encontraba en la disyuntiva de ceder y obtener las dosis necesarias pero dejar que volvieran a trabajar líneas de producción defectuosas, que podrían traer peores consecuencias en el futuro, o buscar alternativas. El problema es que la farmacéutica se había convertido en un agente monopólico: era la única que le vendía al gobierno este producto. Y aunque había otras empresas certificadas para la elaboración del medicamento hace varios años no lo fabricaban ya que todos los contratos los obtenía siempre la misma farmacéutica. Esto animó a parte de la industria farmacéutica que empezó a jugar a las vencidas, acostumbrada a prácticas de discrecionalidad y corrupción de gobiernos anteriores.
Pero algo tienen claro el presidente López Obrador y su administración. Si se quieren modificar estas relaciones que se establecieron con los años es necesario no dejarse doblegar por los intereses privados, acostumbrados a corromper a los servidores públicos o a ponerlos de rodillas por la presión que suelen ejercer de distintas formas, muchas veces con noticias falsas en los medios de comunicación o explotando la desesperación de los padres que se sentían en el desamparo de que quizás no podrían obtener el medicamento para sus hijos.
Hay que señalar que el desabasto nunca existió. Que de lo que se hablaba era de una fecha límite de alrededor de tres semanas para que el metotrexato se acabara, de ahí la exigencia y el chantaje para que se reabrieran las líneas de producción. Sin posibilidades de que otra empresa nacional pudiera surtir la medicina el gobierno de López Obrador exploró el mercado extranjero y llegó a Mylan, una marca global de genéricos que tenía en Francia el lote que se necesitaba de metotrexato para hacer la compra preventiva para el resto del año. Y en un precio ligeramente menor al que se cotizaba en México. Sí, con todo y el transporte involucrado en una compra de emergencia salió ligeramente más barato que como se compra en México. Y eso que es un genérico.
El gobierno dejó claro que esta no fue una compra para ahorrar dinero sino para garantizar a toda costa un medicamento eficiente y de alta calidad para los pacientes sin tener que ceder a los chantajes. López Obrador fue muy enfático en sus declaraciones a la llegada del fármaco de Francia: "Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pesaban que nos iban a doblegar, ¿qué hicimos?, ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos".
El gobierno de López Obrador ha dado un manotazo en la mesa y ha dejado ver que no se dejará chantajear por nadie. Ni siquiera por una industria que es conocida en general en todo el mundo por sus malas prácticas. De hecho, Pisa había sido sancionada por la Comisión Federal de Competencia (COFECE) por encarecer artificialmente medicamentos de primera necesidad hace casi diez años, en el gobierno de Felipe Calderón. Pero el error de unos no debe ser visto como el error de todos. Si hay una empresa que no actúa de manera ética y quiere obtener ganancias más allá de lo razonable o no garantiza la calidad en los medicamentos debe haber decenas que sí lo hagan. López Obrador ha dejado en claro que no está peleado ni con los empresarios en general ni con la industria farmacéutica en particular, pero otra cosa es ceder ante las presiones de quienes quieren doblegar al gobierno y perjudicar a los ciudadanos.
Definitivamente este es un cambio de régimen y acciones como esta abonan en la credibilidad del gobierno ante la ciudadanía, que percibe que las autoridades están desempeñándose con gran diferencia al pasado. Bueno, casi todas. Porque también se ha visto que algunas podrían estar coludidas con los privados ya que la corrupción siempre viaja en doble sentido. En esos casos, el gobierno tendrá la oportunidad de sentar más bases en el combate a la corrupción y deberá castigar a los servidores que sigan anclados en las prácticas del pasado.
@BuenrostrJavier
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