Por segundo año consecutivo, el gobierno de López Obrador ha logrado consensuar con las cámaras comerciales y los sindicatos de trabajadores un aumento histórico del salario mínimo del 20%. Es el más alto en más de cuarenta años que, aunado al 16% del aumento del año pasado, hace que el salario mínimo haya aumentado en casi un 40% en trece meses. Un equivalente al acumulado de los últimos dos sexenios del régimen anterior.
Hay que recalcar que el aumento no ha sido por decreto, sino gracias a un acuerdo de varios actores incluido el sector empresarial. No es una imposición. Es una medida que ayudará a reforzar el mercado y consumo internos así como los mecanismos de solidaridad mutua que buscan satisfacer las necesidades básicas de las personas, algo que López Obrador ha retomado de los conceptos de economía moral.
Este aumento salarial por segundo año consecutivo muestra que para hacerlo bastaba la voluntad política del Ejecutivo para buscar acuerdos con los empresarios. Durante las décadas del neoliberalismo, los salarios siempre crecieron por debajo de la inflación, perjudicando la única fuente de ingreso de la clase trabajadora y pauperizando sus condiciones vida, todos los días por más de cuarenta años. Por lo mismo, AMLO volvió a comprometerse en que durante su administración los salarios se ampliarían siempre por arriba de la inflación, contrario a lo que ocurría antes cuando el aumento era casi siempre por debajo de la tasa inflacionaria.
Los ajustes son más que necesarios, dado que México tiene uno de los peores salarios a escala continental, con un ingreso mensual de apenas 150 dólares, una cantidad que no permite estar ni siquiera en los niveles mínimos de bienestar. Casi la mitad de la población en México percibe hasta dos salarios mínimos por lo que esta medida es de alto impacto para la mayoría de los trabajadores. El reto es garantizar ese piso para las necesidades básicas. Es la hoja de ruta que se ha trazado el gobierno de López Obrador para que al finalizar su sexenio se alcance un salario mínimo de alrededor de 300 dólares mensuales, cifra que doblaría la que había al iniciarse su mandato, y que aun así, apenas equivaldría al poder adquisitivo de hace cuarenta años.
A pesar de lo imperioso que son los aumentos salariales en México, el gobierno ha actuado con responsabilidad al conciliarlos con los empresarios y evitando que sean por decreto para impedir que se genere un clima de inestabilidad política y económica, que podría influir negativamente en la inflación que hoy se tiene controlada en alrededor del 3% y con tasas de intereses a la baja de manera continua. Y aunque insuficientes todavía, los incrementos son una buena noticia en materia de justicia laboral cuando escuchamos que a diario hay retrocesos en Francia y Chile en materia de pensiones o las que sufrió de manera constante Argentina en el poder adquisitivo durante el gobierno de Macri, solo por poner un par de ejemplos de manufactura reciente.
Por años se ha dicho que los aumentos salariales eran imposibles porque, de acuerdo a los libros de texto, provocan espirales inflacionarias que a su vez suelen tener como consecuencia devaluaciones. El caso mexicano está demostrando que un incremento significativo es posible aunque debe ir de la mano con los principales sectores económicos, como en esta ocasión lo ha sido el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a los empresarios más importantes del país. Otro logro que no esperaban ver los agoreros del desastre ni los economistas de corte neoliberal. Es bueno que la política y sus acuerdos estén por arriba de la economía y sus recetas, y que las habilidades de diálogo político de López Obrador se muestren altamente eficaces y lejanas del autoritarismo o la imposición.
A pesar de todo lo anterior los conservadores señalan que el aumento no se debería dar en esta forma sino en relación a los índices de productividad. Un elemento retórico más que lo que busca es mantener los privilegios de ciertos sectores económicos ignorando las necesidades básicas de los trabajadores. Por décadas, el salario de los trabajadores ha ido no solo por debajo de la inflación sino de la productividad laboral. Por ejemplo, durante el milagro mexicano (1946-1970) el aumento salarial era de cinco a diez veces menor a los índices de productividad, lo que arroja que en una década de esta bonanza económica el incremento salarial del trabajador estuvo de 50 a 100 veces por debajo del aumento de la productividad que generó. Un verdadero escándalo que confirma que la tesis de la riqueza por derrama o por goteo es el engaño más habitual al que quiere someterse a la sociedad en el capitalismo y el neoliberalismo.
Falta un largo camino todavía en términos de justicia salarial y laboral. Si López Obrador sigue en este camino, al final de su gobierno (2024) se habrá resarcido la pérdida de poder adquisitivo del último medio siglo para ubicarse en niveles similares a los de 1976. Gran, gran logro. Y a pesar de eso, en ese momento se estaría a una distancia similar a la que hubo entre 1976 y 1939, que ha sido el momento donde el trabajador tenía las mejores condiciones salariales del último siglo, justo en las postrimerías del gobierno de Lázaro Cárdenas.
Es decir, en condiciones salariales el mejor momento para el trabajador mexicano fue hace ochenta años. Y aunque desconozco a profundidad su historia, un lapso de tiempo similar deber ser para los casos argentino y brasileño, y unos sesenta años para el caso francés. El capitalismo, y en especial el neoliberalismo, han tratado de acabar con todo pero especialmente con los derechos laborales: pensiones, acceso a la salud y a la educación, poder adquisitivo. Hoy en día, hasta la explotación laboral formal pareciera ya ser un privilegio en comparación a la explotación por 'outsourcing' que se hace del trabajador.
Y este es el tema que debe estar en la agenda del gobierno de López Obrador y empujar más ante un Congreso y sectores empresariales que están mostrando profundas reticencias. Enhorabuena por lo logrado en materia salarial, es un avance que va por buen camino y a contrapelo de las desventuras que se están viviendo en otros países como Chile, Francia y el gobierno que recién terminó en Argentina. En materia de 'outsourcing' se debe legislar con mayor rapidez y contundencia, porque es una forma de esclavitud moderna que está destruyendo a generaciones de jóvenes alrededor del mundo.
Ojalá en esto también el gobierno de López Obrador le pudiera dar un ejemplo al mundo y tratar por todos los medios de limitarlo a casos muy específicos y finitos en el tiempo.