Las fuerzas conservadoras que se encumbraron en el poder en Bolivia después del golpe de Estado del 10 de noviembre contra Evo Morales están desatadas. Primero fue la quema de casas y amenazas a familiares de políticos relacionados con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Después vino la represión contra las protestas sociales que terminó con las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Posteriormente han venido las acciones para controlar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tener unas elecciones a modo, y el deseo de proscribir al MAS y a sus candidatos de participar en actividades electorales. A todas las acciones fascistas que llevan al interior de Bolivia los golpistas, en los últimos días se han sumado las actitudes desafiantes contra gobiernos que sí son democráticos y están legalmente constituidos, debido a procesos sociales y electorales de gran legitimidad y envergadura como los de Argentina y México.
En el caso de México, esta semana se ha dado un hostigamiento e intimidación de las fuerzas armadas bolivianas contra su embajada en La Paz. Algo que no ocurrió ni durante las dictaduras militares de los setenta. Vamos, ni el dictador y asesino de Pinochet se atrevió a lo que hoy están haciendo los golpistas bolivianos.
México tiene una larga tradición de asilo sin distingo ideológico. En su momento ha sido refugio para los republicanos españoles en tiempos del franquismo; para los judíos y comunistas que huían de la Segunda Guerra; para chilenos, argentinos y uruguayos durante las dictaduras militares; para el Sha de Irán después de la revolución islámica; para disidentes venezolanos del régimen de Maduro. Y ahora para políticos relacionados con el MAS, que son perseguidos por el gobierno golpista y a los que se les está inventando delitos del fuero común.
Desde el 15 de noviembre se refugiaron en la embajada de México en Bolivia, Juan Ramón Quintana, ministro de Gobierno y uno de los hombres de confianza de Evo Morales; Javier Zavaleta López, titular de Defensa; Héctor Arce Zaconeta, procurador general; Félix César Navarro Miranda, jefe de la cartera de Minería; Wilma Alanoca, ministra de Culturas de 2017 a 2019; Hugo Moldiz, ministro de Gobierno hasta 2015; Víctor Hugo Vásquez Mamani, quien ocupó la gubernatura del departamento de Oruro; Pedro Damián Dorado López, viceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, director de la agencia digital del Gobierno de Morales (Agetic).
Sobre algunos de ellos, como es el caso de Quintana y Zavaleta, el régimen de Áñez giró una orden de captura en su contra bajo los cargos de sedición y terrorismo, once días después que ya se habían refugiado y solicitado los salvoconductos. Las leyes y tratados internacionales que contemplan el asilo político, lo hacen precisamente en los términos necesarios para proteger la integridad de la gente en casos de persecución política y manipulación de las instituciones, como lo que está haciendo el gobierno Áñez.
Los golpistas bolivianos están mostrando toda su inexperiencia política, todo su desconocimiento de las leyes y tratados internacionales en dos temas claves como son: el derecho al asilo y el concepto de soberanía. Creen que la impunidad con la que se han movido al interior, con la ayuda internacional de Luis Almagro y la OEA, podrá extenderse más allá de sus fronteras. Nada más equivocado.
El canciller Marcelo Ebrard y su equipo, con toda la legalidad de su lado, denunció a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el asedio a la embajada mexicana, que incluye sobrevuelos con drones y toma de fotografías, así como más de 90 elementos de la Policía y el Ejército en las inmediaciones. También existe la sospecha fundada sobre la posibilidad de una incursión violenta de las fuerzas bolivianas en el territorio de la embajada, lo que bajo los tratados internacionales sería una violación de la soberanía de México. Y eso si serían palabras mayores que exigirían medidas más fuertes contra el gobierno de facto de Bolivia.
Mientras que las autoridades mexicanas se han conducido dentro de canales diplomáticos y en los márgenes de la legalidad internacional, apelando a la Convención de Viena o al Pacto de Bogotá, al derecho internacional, en pocas palabras, los golpistas bolivianos y sus esbirros conservadores como Jorge 'Tuto' Quiroga, han respondido con bravuconadas y expresiones de arrabal.
Quiroga, un corrupto expresidente que fue el heredero del asesino y golpista Hugo Banzer, ha arremetido contra López Obrador llamándolo "cobarde", a la vez que "machista". También lo ha hecho contra el canciller Marcelo Ebrard, a quien acusa de llevar por el lado equivocado a México en temas de política exterior. Su falta de inteligencia y sentido común hace que acuse a México de servilismo con Estados Unidos y Trump, al mismo tiempo que con el "castrismo-madurismo". ¿Podría haber una sentencia más ilógica y contradictoria? Difícilmente. Pero parece que al expresidente boliviano no le avergüenza hacer pública su estupidez. Bien dicen que la ignorancia es atrevida y temeraria.
El golpe de Estado en Bolivia está prendido con alfileres. El MAS sigue siendo la organización política más importante y vigorosa en Bolivia y los movimientos sociales del Alto y Cochabamba están en efervescencia constante. Buscar proscribir al MAS de participar electoralmente solo traerá revueltas populares e inestabilidad para el país, además de consagrase como una dictadura fascista-religiosa.
No respetar el derecho de asilo o la soberanía de la embajada mexicana, ambos consagrados por tratados y leyes internacionales, provocaría una respuesta enérgica de la comunidad internacional y particularmente de México, un actor regional importante que cuenta con mucha legitimidad en el continente desde que asumió la presidencia López Obrador. No respetar el derecho internacional y buscar un pleito gratis con México le podría provocar un aislamiento económico y político a Bolivia por parte de la comunidad internacional que no es deseable.