Opinión

Derecho a la salud gratuita y universal: la cuesta monumental de López Obrador

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En la Constitución mexicana, en su artículo 4º, se consagra el derecho a la salud de los ciudadanos. Sin embargo, como la mayoría de los derechos sociales que se plasmaron desde 1917 esto en la realidad es solo letra muerta. Muchos derechos en el papel y casi ninguno en el cotidiano fue la realidad de los mexicanos durante décadas. Y todo se volvió peor en la larga noche neoliberal en la que se desmantelaron día tras día todos y cada uno de los derechos sociales en México como en casi todo el mundo.

El gobierno de López Obrador ha dejado de manifiesto que no solamente es un cambio de administración, sino que es un cambio de régimen. Eso incluye ir avanzando contra las peores prácticas neoliberales, separar el poder político del económico y que el Estado mexicano retome la rectoría sobre cuestiones medulares como la economía, la educación, la seguridad y la salud. En cuanto al tema de la salud, AMLO suele utilizar el lema de Wiston Churchill para garantizar este derecho que tiene cada ciudadano "desde la cuna hasta la tumba". Y solo hay una forma para lograr que esto no siga siendo letra muerta: garantizar su universalidad y gratuidad.

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
López Obrador suele utilizar el lema de Wiston Churchill para garantizar este derecho que tiene cada ciudadano "desde la cuna hasta la tumba". Y solo hay una forma para lograr que esto no siga siendo letra muerta: garantizar su universalidad y gratuidad.

Por supuesto que esto no es una tarea sencilla. Va a contrapelo de lo que sucede en los regímenes neoliberales. Hasta los mismos ingleses ven cómo su mayor orgullo nacional, el National Health Service (NHS), vive embates continuos de los conservadores, con Boris Johnson a la cabeza, tratando de desmantelarlo. La salud de los ciudadanos no es vista por la mayoría de los gobiernos como un derecho humano sino como un lucrativo negocio. Ni que hablar por las farmacéuticas y las aseguradoras médicas, que son conocidas mundialmente por su voracidad y ser capaces de poner de rodillas a gobiernos enteros para que se cumplan sus intereses económicos.

El primer paso era mostrar que esto podía ser diferente. Ante una crisis inducida de abasto antirretrovirales, varios médicos honestos propusieron un cambio de paradigma en el tratamiento VIH. Los doctores Gustavo Reyes Terán y Juan Sierra Madero, las máximas eminencias en el estudio del VIH, y Andrea González, titular de la Clínica Condesa, el lugar donde más enfermos de SIDA son atendidos en el país, de la mano con varios activistas, propusieron un nuevo tratamiento que terminaría con años de obsolescencia que tenía el vigente. Esto lo hicieron reiteradamente médicos e investigadores, pero nunca fueron escuchados por los intereses creados que prevalecían tanto en el gobierno como en la industria farmacéutica.

De aquí surgió lo que el gobierno llama la triple optimización de la salud pública, que consiste en los mejores tratamientos para el mayor número de gente, a través de una demanda consolidada que por el volumen permite también los mejores precios. Del tratamiento del VIH ya se pasó al de la Hepatitis C (donde se busca su erradicación para el 2030) y al de Hemofilia, con resultados muy exitosos En la mira están nuevos tratamientos para la diabetes, la hipertensión y la salud mental. Con la voluntad política y la honestidad se avanzó en la solución de problemas de décadas.

Pero los intereses creados no se iban a dar por vencidos. Farmacéuticas, médicos y funcionarios corruptos, que siguen incrustados en las estructuras, están dispuestos a defender lo que consideran que es suyo: las ganancias inmorales y nada moderadas a costa de la salud de los mexicanos. Aprovecharon que hay una escasez de ciertos medicamentos oncológicos a nivel mundial para provocar un desabasto inducido y tratar de que obligar al gobierno mexicano a regresar a los viejos esquemas y prácticas de corrupción en el sector salud. El chantaje y la desinformación hicieron su aparición, encontrando un caldo de cultivo en las demandas legítimas de padres de familia preocupados por los oncológicos de sus hijos.

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Farmacéuticas, médicos y funcionarios corruptos, que siguen incrustados en las estructuras, están dispuestos a defender lo que consideran que es suyo: las ganancias inmorales y nada moderadas a costa de la salud de los mexicanos.

Afortunadamente, el gobierno de López Obrador ha mostrado decisión y mandó traer medicamentos de otras partes del mundo (como Francia) y abrir las puertas a las compañías internacionales que cumplan con los parámetros que demanda la Organización Mundial de Salud (OMS). No solo esto. El gobierno redobló su vocación social y propuso un ambicioso programa que pretende garantizar el derecho a la salud de manera gratuita y universal, en diciembre de este mismo año, a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

El primer objetivo del INSABI es ofrecer salud universal a toda la gente que no cuenta con seguridad social. Estamos hablando de universo 70 millones de personas que son ampliamente vulnerables en materia de salud, además de carecer de pensiones. En el pasado estas personas contaban con el servicio del Seguro Popular que subrogaba los servicios a privados quienes solían concebir a la salud simplemente como un negocio y, por lo tanto, estaban alejados de la mejor atención y de los mejores tratamientos.

Además, carecía de universalidad porque a más de 20 millones de personas nunca se les brindó este derecho, y a los que tenían acceso se les limitó la atención a un restringido catálogo de enfermedades, así como solo a 20 % de los medicamentos aprobados por las autoridades del sector salud. Encima, tenían que pagar en promedio el 45 % del costo del tratamiento, lo que afectaba directamente el ingreso familiar. Todo esto profundizó la inequidad social en los sectores más vulnerables de la población que justamente debieran ser los más protegidos.

Para poder cumplir con el objetivo de universalidad, el INSABI se ha propuesto robustecer la Atención Primaria en Salud (APS), que no es otra cosa que el fortalecimiento de las clínicas familiares. Llegar a cientos de comunidades y personas, que fueron marginadas en el pasado, permitirá la detección oportuna de enfermedades crónicas que podrían salvar millones de vidas y disminuir costos de tratamientos. Se les dará trabajo de tiempo completo a más de 80.000 trabajadores que hoy son eventuales o están contratados en 'outsourcing', además de ofertar 70.000 vacantes para médicos, especialistas y enfermeras.

Se terminará la construcción de decenas de hospitales que fueron abandonados a la mitad del proceso. Para hacer esto, tan solo este año, el gobierno le destinará al INSABI para atender a la población carente de seguridad social alrededor de 8.500 millones de dólares contra 3.500 millones, que era lo que se le destinaba a su antecesor, el Seguro Popular. En total, el gasto de salud será de alrededor de 32.000 millones dólares este año, un aumento de más del 10 % respecto al año anterior.

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Tan solo este año, el gobierno le destinará al INSABI para atender a la población carente de seguridad social alrededor de 8.500 millones de dólares contra 3.500 millones, que era lo que se le destinaba a su antecesor, el Seguro Popular.

El reto que queda por delante es monumental. En países como Japón, Alemania y Suecia destinaron más del 9 % de su PIB al gasto público en salud, mientras que el promedio de la OCDE, a la cual pertenece México, es de 6,6 %. México, en cambio, tuvo un promedio en la última década de solamente 2,7 %. El presidente López Obrador debería llegar al final de su sexenio a por lo menos el 4 %, si es que pretende garantizar el derecho de acceso universal y gratuito a la salud. No será nada fácil, pero al menos existe ya el faro guía que habrá de orientar y dirigir los esfuerzos de este sexenio. Antes, ni la intención había.

@BuenrostrJavier

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