Las catástrofes naturales rebasan siempre al gobierno de cualquier orientación política, pero lo que se suele evaluar es el tipo de respuesta que dan los gobiernos ante estas desgracias. Si lo hicieron bien o mal, si la actuación fue expedita o negligente, si se le dio la importancia debida o se le desestimó, etcétera. Eso es lo que se cuestiona en terremotos, inundaciones, huracanes, incendios forestales y, por supuesto, es lo que se está cuestionando ahora con la pandemia del coronavirus.
El que la pandemia actual sea un fenómeno global agrega un ingrediente: podemos establecer comparativos con las diversas medidas que se han tomado en distintas partes del mundo y poder determinar cuáles han sido más exitosas o efectivas que otras. Incluso, no hay solamente discrepancia entre países, sino al interior de ellos, donde el caso más famoso a nivel mundial son los choques del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con las autoridades sanitarias, que han provocado la renuncia de dos ministros de Salud.
En México hay también una situación de tensión en el interior del país, pero es de carácter político ya que, desde un principio, López Obrador señaló que dejaba en manos de los expertos médicos y científicos las principales decisiones en torno a la pandemia. A pesar de la complejidad que representa ser unos de los países más extensos poblacional y territorialmente, México ha tenido un manejo bastante aceptable del coronavirus en relación con otros países en el mundo. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la tasa de contagio es ocho veces menor que en Estados Unidos y cuatro veces menor que en Brasil. Ni que decir de países como España e Italia, que en su momento tuvieron un manejo terrible de la situación y los ha seguido posteriormente Reino Unido.
Evidentemente, estamos lejos de lo ideal, sobre todo si consideramos que México tiene uno de los índices de letalidad más altos del mundo ligados a enfermedades preexistentes o crónicas como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, originadas en décadas de políticas de salud que estaban al servicio de empresarios de alimentos procesados, especialmente la industria refresquera y de comida chatarra (basura).
La cara y voz del manejo sanitario del coronavirus ha sido el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell, quien, por instrucciones de López Obrador, ofrece una conferencia diaria para concientizar a la población sobre la enfermedad, presentar actualizaciones y responder a cuestionamientos, en un ejemplo de transparencia y comunicación con la ciudadanía que hace este gobierno. Esto ha sido clave fundamental para la implementación de las políticas de salud, ya que pudo encontrar un afortunado eco en grandes grupos de la población mexicana, que se concientizó rápidamente sobre la gravedad de la enfermedad y ha contribuido con aislamientos voluntarios, el famoso #QuédateEnCasa.
Esta contención de la pandemia parece que está lejos de convenir a los intereses de todos los grupos políticos y empresariales del país. Los primeros en manifestar su descontento han sido los grupos ligados a la comida chatarra, que ven en el Dr. López-Gatell a un enemigo histórico por su defensa añeja del etiquetado frontal de alimentos, que apenas se aprobó hace unas semanas en México. Asimismo, para cuando pase la pandemia, está previsto instaurar programas nutricionales a lo largo y ancho del país, enfocados principalmente en crear mejores hábitos desde la infancia.
Pero la popularidad de las conferencias del Dr. López-Gatell también le han ganado nuevos adversarios dentro de la clase política. Primero vinieron legisladores que funcionan como cabilderos de los empresarios de la industria de alimentos chatarra. Después, exsecretarios de Salud de gobiernos pasados que se han visto desnudados en la negligencia e incapacidad que tuvieron por años para atender la salud de los mexicanos y, en algunos casos concretos, su abierta colusión y corrupción ligada a la industria farmacéutica y de alimentos. Al final están los políticos de oposición que anhelaban una catástrofe sanitaria para poder lucrar con ella electoralmente.
La oposición política y empresarial se frotó las manos ante el coronavirus: ante la crisis sanitaria, y con la inminente crisis económica que la acompaña, esperaban una caída en la aprobación presidencial, que antes de la pandemia estaba por arriba del 70%. Esta caída existió al principio de la pandemia (febrero), pero la labor de comunicación del López-Gatell, convertido en vocero del sistema salud, y la contención de la enfermedad frenaron el descenso. Incluso, según varias encuestas, López-Gatell pasó del anonimato a ser la segunda figura pública más conocida y valorada positivamente en el país, solo después de López Obrador.
La respuesta de la oposición fue inversamente proporcional al nivel de simpatía de la gente. En las últimas semanas han enfocado sus ataques contra la figura de López-Gatell, ya que cualquier raspón a este repercute directamente en la popularidad del presidente. Decenas de plumas escriben artículos donde les critican absolutamente todo, hasta ser agradables en tiempos de crisis. No importa que los periodistas no sepan de salud ni de epidemiología ni lo que significa aplanar la curva, critican sin temor al ridículo que han hecho en varias ocasiones o a revelarse como censores por consigna en algunos casos. A la par, exsecretarios de Salud están de gira permanente en medios para criticar las estrategias de salud, algo en lo que ellos fracasaron estrepitosamente durante años.
Quizás el caso más virulento de la oposición contra el Dr. López-Gatell haya sido el de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Si López-Gatell dice blanco, Alfaro dice negro. Si el primero dice arriba, el segundo dice abajo. Si el médico recomienda ciertas medidas de salud, el político las boicotea. Por ejemplo, López-Gatell, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, no aconseja las pruebas rápidas por su bajo nivel de eficiencia (solo 50% de exactitud), que las convierten en un volado, pero sí apoya las pruebas PCR de análisis genético (90% de exactitud). A partir de entonces, el gobernador de Jalisco defiende a capa y espada las primeras, que dado su alto nivel de ineficacia significan un desperdicio de los recursos públicos, que son extremadamente limitados en esta crisis sanitaria y económica.
Por otra parte, el gobierno federal optó por el aislamiento voluntario, que aunado a otras medidas como el cierre de oficinas de gobierno, actividades económicas no esenciales y espacios públicos de recreación, lograron disminuir de manera muy significativa la movilidad (en la Ciudad de México se ha reducido en estas meses la presencia de gente en la calle en un 65% en promedio). En cambio, Enrique Alfaro optó por un confinamiento de carácter obligatorio, que de no ser acatado sería sancionado por la fuerza pública, lo que abrió las puertas al autoritarismo.
Es evidente que este tipo de autoritarismo más temprano que tarde desencadena en brutalidades policiacas. Ahí está el caso del presidente Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil. En México, particularmente en el Jalisco de Alfaro, las violencias policiacas fueron creciendo hasta que todo se salió de control la semana pasada, con la publicación de un video donde policías arrestan a Giovanni López, un albañil que cometió el presunto "delito" de no traer cubrebocas en la vía pública. El problema no fue la detención, ya arbitraria por sí misma, sino que al otro día fue reportado a su familia como muerto por golpes, en un evidente caso de violencia policiaca.
La indignación creció en redes sociales y adquirió un perfil internacional cuando el multipremiado cineasta Guillermo del Toro, oriundo de Guadalajara, escribió en Twitter: "No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido –la locura absoluta– es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública". Como era de esperarse, el pasado jueves la población local realizó airadas protestas sociales en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, mismas que tuvieron como respuesta más violencia policiaca y decenas de detenidos.
Con profundo cinismo, Alfaro culpó de los disturbios a los "sótanos del poder de la Ciudad de México", descalificando la autenticidad de la indignación y la movilización ciudadana contra el autoritarismo y la violencia policiaca, que fomentó el asesinato de un albañil cuya única falta, al parecer, fue no traer un cubrebocas en la calle. No solo ha boicoteado por capricho todos los esfuerzos de las autoridades nacionales de salud, en la hora negra en que su gobierno actúa como represor de las libertades individuales pretende culpabilizar a cualquier otro antes que responsabilizarse de su retórica violenta y autoritaria.
Es cierto que en una democracia cualquier oposición puede discrepar con el gobierno el turno; contrastar ideas y posturas. Hasta se puede antagonizar con las figuras populares como estrategia política. Pero hacer todo esto a costa de la salud de los ciudadanos son actitudes criminales y sociópatas de parte de Enrique Alfaro, que culminaron en el asesinato de Giovanni. Un costo demasiado alto solo por querer antagonizar permanente con las políticas de salud de López Obrador y de López-Gatell. Ojalá haya #JusticiaParaGiovanni y castigo para los responsables.
@BuenrostrJavier
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