En casi todo el mundo el tema de las pensiones para un retiro digno de los trabajadores se ha convertido en una bomba de tiempo, que en algunos casos ya ha empezado a explotar. Europa se encuentra al borde de una crisis mayúscula y en otras partes, como Chile, este asunto es tan delicado que causa insurrecciones populares y movimientos sociales que pueden derrocar gobiernos. El neoliberalismo triunfó ahí, precisamente donde el trabajo se volvió precarizado y la seguridad social desapareció casi por completo.
México no es la excepción. De hecho, es uno de los lugares donde los derechos laborales han sido ignorados por mayor tiempo. Desde la imposición de salarios mínimos que no alcanzan ni para lo más básico, una informalidad superior al 50 %, y un sistema de pensiones que protegía los intereses de los patrones y no los derechos de los trabajadores. Apenas comenzando su gobierno, López Obrador realizóun aumento de 16 % en el salario mínimo a escala nacional, con excepción de la zona fronteriza norte, donde se decidió duplicar el ingreso en el área colindante con Estados Unidos. Estos incrementos salariales se convirtieron en los más significativos para los trabajadores en tres décadas.
Posteriormente, se empezó a debatir sobre la necesidad de hacer una reforma a las pensiones, cuestión que pasó a un lugar central después de las movilizaciones multitudinarias de 2019, que hubo en Chile y Francia. México puso sus barbas a remojar y se discutió más seriamente en relación al sistema de pensiones implementado en 1997, y que en 2022 tendrá a la primera generación "Afore" (Administradoras de Fondos para el Retiro) en jubilarse. Mucha de esa discusión pública se debió a la propuesta que hizo la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), encabezada por Gibrán Ramírez.
La primera generación de jubilados Afore sumará alrededor de 90.000 personas, de las cuales casi la totalidad tendría una "negativa de pensión" por no cumplir con el número mínimo de cotización de 1.250 semanas establecidas por la ley. Esto significa que los trabajadores con negativa de pensión, solo podrán disponer de los recursos que hayan acumulado en sus cuentas individuales de retiro y vivienda. No habría ninguna pensión vitalicia. Y se calcula que para los muy pocos que la obtengan esa pensión sería alrededor del 25-35 % del último sueldo percibido.
La principal reforma que se ha hecho a esta ley es el tiempo de cotización para que el trabajador pueda obtener una pensión de forma vitalicia, ya que se reducen las semanas de cotización de 1.250 a 750, o sea, de 25 años de trabajo formal a 15, para poder acceder a una pensión mínima garantizada en la Ley del Seguro Social. Esto es muy importante en un país que más de la mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad, o que pasan constantemente de la formalidad a la informalidad, dependiendo del tipo de trabajo o contratos que se obtienen.
Otro aspecto positivo es que el porcentaje garantizado para esa pensión vitalicia pasará del 20-35 % del último salario recibido, a una cantidad que oscilaría entre el 40-55 %. La reducción de las semanas y el aumento del porcentaje para la pensión son dos aspectos claves para que haya un aumento considerable de trabajadores que podrán acceder a una pensión vitalicia, que aunque mínima, siempre será mejor que la nada que estaba programada en la anterior versión de la ley de pensiones.
Para lograr esto habrá un aumento de las aportaciones obligatorias por parte de los patrones, mientras que el Estado y los trabajadores mantendrán el porcentaje de sus aportaciones. Este aumentó en la tasa de las contribuciones pasará del actual 6,5 % a 15 %, en un periodo de ocho años. Esta medida ayuda para que el aumento no se cargue de manera inmediata ni al Estado ni al trabajador, mientras que al patrón le significa un aumento gradual, que no le causa mayor conflicto a sus finanzas. A cambio, el Estado se compromete a destinar recursos especiales por más de 500 millones de dólares para completar las jubilaciones de los trabajadores que ganen menos de tres salarios mínimos.
No es un mérito menor el hecho que esta reforma haya sido consensuada y presentada de forma tripartita, por los actores involucrados en las aportaciones de las pensiones: Estado, trabajadores y sector privado. Esto lo muestra que el anuncio fue hecho por López Obrador en una de sus conferencias mañaneras, acompañado de Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Carlos Salazar Lomelí, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Por supuesto que quedan muchas cosas pendientes en cuanto a reformas laborales y el sistema de pensiones en México, como lo reconoció el propio López Obrador. Esta reforma solo es un punto de partida, de ninguna manera es el puerto de llegada. Falta que se presente una reforma similar para las pensiones de los trabajadores del Estado y otra que incluya por primera vez a los trabajadores que están en el sector informal, y que carecen de todo tipo de seguridad social.
Esta no es una solución final al problema de las pensiones, pero le compra tiempo y oxígeno tanto a los trabajadores como al Estado para las primeras cinco generaciones de jubilados Afore. Ahora hay que seguir pensando en cómo aumentar un poco más los montos y hacer que sean retiros dignos, o cómo incluir en un sistema de pensiones vitalicias a todo el sector informal, que es la mitad de la clase trabajadora en México.
Son tareas pendientes, pero este paso ha sido muy importante en el camino de la justicia social.