Cuando el general Salvador Cienfuegos fue arrestado en California por presuntos vínculos con el narcotráfico, el Gobierno mexicano no tenía conocimiento sobre las investigaciones y el operativo que desembocó en esta detención. La Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió al embajador de Estados Unidos en México que diera información al respecto, pero este dijo que estaba imposibilitado de proveer más datos.
Ante esta negativa, México exteriorizó al Gobierno de Estados Unidos su profundo descontento porque la DEA (la agencia antidrogas estadounidense) había violado acuerdos de cooperación internacional entre ambos países en materia de seguridad. Estas acciones de la DEA y su maniobras unilaterales obligaron al Gobierno mexicano a hacer un balance de la relación y la cooperación de las 14 agencias de seguridad de Estados Unidos que suelen operar, de una forma u otra, en territorio mexicano.
Esa revisión provocó que México impulsara por la vía rápida ante el Congreso una nueva Ley de Seguridad Nacional que tiene como fin establecer una nueva relación con las agencias estadounidenses que durante años fue demasiado ventajosa para estas últimas, ya que rara vez rendían cuentas de las actividades que realizaban en territorio mexicano. No hay que olvidar que las agencias estadounidenses han tenido una gran injerencia en la vida nacional mexicana que muchas veces no ha recibido la atención necesaria.
Por ejemplo, entre 1956 y 1963, la CIA, a través de su principal agente en México, reclutó como informantes a dos altos funcionarios que con el tiempo llegarían a ser presidentes de México, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, además de a Fernando Gutiérrez Barrios, que en ese momento era el titular de la Dirección Federal de Seguridad (una especie de policía política) y que posteriormente se desempeñó como secretario de Gobernación y gobernador de Veracruz. Toda esta operación era conocida como LITEMPO y fue muy bien documentada por Jefferson Morley, periodista del Washington Post, en el libro 'Our Man in Mexico: Winston Scott and the Hidden History of the CIA'.
Durante los años más álgidos de la Guerra Fría, México era un escenario donde convergían los espías de la CIA, funcionarios mexicanos de alto rango que estaban en su nómina, así como revolucionarios como Fidel Castro y el Che Guevara. Esto se transformó hacia finales de los 70 y principios de los 80, cuando las agencias y la Embajada estadounidense empezaron a involucrarse en el tema del narcotráfico y donde seguían siendo participantes claves la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Fernando Gutiérrez Barrios.
Esta relación vivió su momento más crítico en 1985 con el asesinato de Enrique 'Kiki' Camarena, un agente de la DEA que logró la ubicación de un rancho de 1.000 hectáreas dedicadas al cultivo de marihuana, lo que fue la segunda operación antidrogas más grande hecha por la DEA después de la que se llevó meses antes en Colombia y terminó con la destrucción de los cultivos y laboratorios clandestinos de Tranquilandia, propiedad de Pablo Escobar.
Desde un principio se supo que el secuestro y asesinato de Kiki Camarena fue llevado a cabo por el Cártel de Guadalajara (Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo) con la ayuda de policías corruptos de la Dirección Federal de Seguridad y de políticos como Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría. Con el tiempo salió a luz que también participaron en el crimen otros agentes de la DEA que estaban involucrados con el narco y que fueron los que habrían entregado a Camarena.
Desde entonces, ha habido una actividad de las agencias estadounidenses en territorio mexicano que es poco transparente y fiable. ¿Cuántas operaciones clandestinas se llevan a cabo?¿Quiénes participan? ¿Qué tipo de cooperación existe entre las agencias estadounidenses y las instituciones mexicanas? ¿Cuál es el papel de la Embajada de Estados Unidos? ¿Hay un registro de los agentes que participan? ¿Quién los evalúa?
Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que fueron aprobadas en el Congreso, buscan subsanar estos vacíos ya que establecen fundamentalmente:
Desde luego que esta reforma no fue bien vista por algunas autoridades estadounidenses, que afirman que la nueva ley frenará el papel de los agentes extranjeros en México y paralizará los esfuerzos bilaterales para combatir a los cárteles de la droga. Esta es una visión poco objetiva, ya que tampoco la actuación de los agentes extranjeros sin una rendición de cuentas es deseable. Además, en todos estos años, bajo la legislación anterior, no hubo resultados alentadores como lo muestra que aun con la participación de autoridades en ambos lados de la frontera no se logró más que el narcotráfico fuera en aumento y la situación se saliera de control.
Uno de los ejemplos del fracaso de la regulación anterior es la Operación Rápido y Furioso (Project Gunrunner 2006-2011) llevado a cabo por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (siglas ATF en inglés) de Estados Unidos, que buscaba contener el flujo de armas de fuego a los cárteles mexicanos, con la "brillante" estrategia de armarlos ellos mismos. ¿Estupidez, hipocresía o colusión? Esta operación encubierta alcanzó notoriedad internacional cuando un arma de fuego vinculada a la Operación Rápido y Furioso fue utilizada en el asesinato en 2010 del agente fronterizo Brian Terry. El caso fue llevado a los tribunales estadounidenses terminando con la destitución de Eric Holder como fiscal de Estados Unidos por el encubrimiento de operaciones ilegales.
Estas reformas a la Ley de Seguridad Nacional eran necesarias para que México recupere un poco de la soberanía perdida desde tiempos de la Guerra Fría y que solo se acrecentó durante el periodo neoliberal y el boom del narcotráfico que hubo en él. Esto no será un cambio que se notará de la noche mañana. Muchas inercias persistirán, pero con el tiempo tal vez las cosas cambien y México recupere un poco de la dignidad que perdió ante su vecino del norte durante muchos años.
@BuenrostrJavier
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