A mediados de octubre pasado, el general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido por la DEA en Los Ángeles por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Era el arresto más relevante en la historia de México contra un servidor público o un miembro del gabinete. Solo la detención de un expresidente representaría algo más delicado que la de un exsecretario de la Defensa Nacional.
México presionó por la vía diplomática a Washington y logró que un mes más tarde se le retirarán los cargos y que fuera devuelto para ser juzgado bajo las leyes mexicanas. Esto representó en su momento un triunfo en el que México salvaguardó su soberanía frente a Estados Unidos, algo en lo que gobiernos anteriores habían claudicado.
La mayoría de los mexicanos festejó esta defensa de la soberanía pero, a la par, observaba los hechos con cautela y recelo, ya que en el poder judicial es donde se encuentran enquistados más elementos del conservadurismo. Si el presidencialismo mexicano durante el antiguo régimen dio rienda suelta a la corrupción, el poder judicial en su conjunto fue el que permitió la impunidad de la clase gobernante y sus protegidos.
Esa duda sobre la administración de justicia se mitigó cuando el propio canciller, Marcelo Ebrard, declaró en una de las conferencias mañaneras que sería "casi suicida" para la Fiscalía General de la República no hacer nada en el caso del general Cienfuegos: "Sería muy costoso para México haber optado tener esta conversación, lograr que por primera vez se desestimen los cargos, que sea retornado a México y no hacer nada sería casi suicida, para eso no hacemos nada, que se quede allá".
Lo más importante era que hubiera acciones legales que fueran transparentes y que confirmaran que el pacto de impunidad se había acabado. Tampoco nadie está pidiendo culpables a la carta o por decreto, pero el hecho que en menos de una semana se hayan descartado los cargos por los que había sido detenido en Estados Unidos no manda buena señales sobre el trabajo de la Fiscalía, en particular, ni sobre el poder judicial, en su conjunto.
Un día antes de las declaraciones del canciller, en esta misma columna señalé:
"La Fiscalía General de la República debe estar bajo la mirada y escrutinio de todo el pueblo de México. El triunfo de la soberanía nacional no debe ser la derrota de nuestro sistema de justicia. En caso de fallar en este punto y que exista la mínima sospecha de impunidad, será un golpe demoledor para la esperanza de los mexicanos en que haya un verdadero cambio de régimen.
La responsabilidad ahora es de la Fiscalía y del sistema judicial. De caer en el clásico juego de la simulación leguleya, el descrédito será para ellos, pero también será un fracaso para la transformación de México y la ahora exitosa defensa política de la soberanía será un sinsentido con sabor amargo".
Desafortunadamente, hemos llegado ya a esta coyuntura, más rápido de lo anticipado.
Por el momento la Fiscalía solo ha descartado los cargos de la detención en Estados Unidos, pero podría iniciar una investigación propia y fincar nuevas responsabilidades con un expediente armado por completo en México. Es decir, no es el punto final del caso Cienfuegos. Todavía hay caminos jurídicos por delante. Sin embargo, el mal sabor de boca debido a la celeridad y poca transparencia con lo hecho hasta ahora por la Fiscalía alimentan la desconfianza y decepción de los mexicanos, en un asunto que probablemente sea el más relevante en la administración de justicia en este sexenio.
Debe quedar en claro que la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo y cuyo titular es nombrado por el poder legislativo, en concreto por el Senado. El Ejecutivo no tiene atribuciones ni injerencia en su desempeño así como la participación del Congreso se reduce exclusivamente al nombramiento de su titular. Las principales relaciones de la Fiscalía son con el poder judicial, el más conservador y menos democrático de los tres poderes que conforman el Estado mexicano. Una verdadera transformación nacional solo podrá ser posible con una reforma profunda del poder judicial en su conjunto, hay que cortar las raíces que lo ligan con el conservadurismo y el antiguo régimen.
Asimismo, el ejecutivo debe seguir trazando una línea clara que lo separe de las acciones de la Fiscalía y el poder judicial. Y lo debe hacer porque aunque el caso Cienfuegos es el más notable, hay muchos más otros donde la Fiscalía está mostrando una incapacidad para entender la lógica de los nuevos tiempos y sus gestiones dificultan las labores de todo el Estado mexicano.
El gobierno de López Obrador ha dado varios y certeros pasos contra el mayor lastre que heredamos de gobiernos pasados: la corrupción. Pero todos estos avances y logros serán flor de un día si no se complementan con la otra cara de la moneda, que es cero impunidad. En este terreno, tanto la Fiscalía como el poder judicial están quedando a deber. Y esa deuda no es con López Obrador, es con el pueblo de México y con un cambio de régimen real y duradero.
*** PS. Después de la publicación de este texto y ante el revuelo que ha causado la exoneración del general Cienfuegos, el presidente López Obrador afirmó en conferencia que la DEA no contaba con los elementos para detener el general Cienfuegos. Sugiere que hubo manipulación e intimidación debido a los tiempos electorales. En aras de una transparencia absoluta pide que se haga público en su totalidad el expediente que Estados Unidos entregó sobre el general Cienfuegos a la brevedad para que no haya sombra de duda y todo mundo pueda corroborar que, efectivamente, no había elementos para la detención del exsecretario de Defensa ni en Estados Unidos ni en México.
@BuenrostrJavier
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