El pasado 1 de febrero el Congreso mexicano reinició sus sesiones ordinarias con dos iniciativas preferentes por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. La relacionada a la regulación del outsourcing o subcontratación, se comenzó a discutir públicamente desde diciembre. La otra, una importante reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, sector donde López Obrador ya había señalado en diversas ocasiones la importancia de realizarle cambios legales.
Para establecer el contexto y los antecedentes de esta última iniciativa, podríamos remontarnos a las tres décadas anteriores donde el neoliberalismo promovió un desmantelamiento sistemático de lo público para privilegiar lo privado. En México, un importante punto de inflexión es la reforma energética de 2013 impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta reforma constitucional, que fue ampliamente criticada por el entonces opositor López Obrador, supuso una serie de cambios constitucionales dirigidos a ampliar la participación de las empresas privadas en el sector energético, dominados por las paraestatales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta reforma energética fue promovida con bombo y platillo, destacando que con ella se atraerían millonarias inversiones a México, se crearían cientos de miles de empleos y que gracias a las inyecciones de capital y modernización tecnológica habría una importante reducción de los costos de las tarifas eléctricas. Con el paso de los años, es evidente que nada de eso pasó: ni inversiones, ni creación de empleos y mucho menos se redujeron los costos de los recibos de luz que cada consumidor debe pagar.
Peor, no hubo modernización de Pemex ni de CFE. Lo que hubo fue una serie de contratos a modo para que los privados se beneficiarán de los recursos públicos y de las paraestatales, ya sea por suministrarles a precios preferenciales materia prima o por garantizarles la compra de lo producido, aun en detrimento de la producción propia.
Un caso paradigmático fue el contrato abusivo que Pemex firmó con Braskem, una filial de la brasileña Odebrecht, en la cual se le proporciona etano a 25% de su costo en el mercado; es decir, Pemex con recursos públicos está financiando en un 75% la producción de una empresa privada. A pesar que este contrato se firmó durante el gobierno de Felipe Calderón y antes de la reforma energética, esta propició y legitimó decenas de contratos similares que no son otra cosa que un despojo a la nación revestido de modernizaciones financieras y tecnológicas.
En el caso del sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad también firmó inexplicablemente decenas de contratos que van en contra de sus propios intereses y los de México. Estos contratos favorecen la compra de suministro eléctrico a los privados sobre la producción propia. Al igual que con la filial de Odebrecht a la que Pemex prácticamente le está regalando el gas, en el sector eléctrico la CFE subvencionaba a los privados con infraestructura, precios y tarifas preferenciales a salvaguarda de los vaivenes del mercado, además de darles facilidades legales para certificaciones en energías limpias.
En la actualidad, el Estado no solo está subsidiando la producción de los privados, sino que relega la producción propia para adquirir el suministro eléctrico con esos privados, afectando cotidianamente sus ingresos y el esfuerzo de mantener el equilibrio de sus finanzas. La problemática que se genera en el ingreso-gasto impide a su vez una inversión constante para su modernización tecnológica que posteriormente afecta el correcto suministro. Ejemplo de esto fue el apagón masivo que hubo el 28 de diciembre en territorio mexicano. En palabras llanas, la CFE se ha estado autoboicoteando por años.
La iniciativa presidencial no pretende otra cosa que anteponer el interés público sobre el privado, algo que para cualquier Estado libre y soberano debería ser una obligación. Ya era tiempo de poner fin al saqueo nacional disfrazado de "fomento al sector privado". Si en estos momento Pemex y CFE son empresas con números rojos es por la transferencia de decenas de miles de millones de dólares hacia los privados en contratos a modos, subsidios, créditos a tasa preferenciales, etcétera.
Para revertir lo anterior el presidente López Obrador propone algo muy sencillo: que la obtención del suministro eléctrico provenga en primer lugar de las hidroeléctricas de la CFE, posteriormente de otras centrales eléctricas del Estado como las geotérmicas, las de ciclo combinado, las termoeléctricas o de la única nucleoeléctrica en territorio mexicano que es la de Laguna Verde, en Veracruz. En tercer lugar, vendrán las centrales eólicas y solares de particulares y por último las de ciclo combinado de carácter privado.
Apenas se dio a conocer la iniciativa presidencial, causó molestia entre grupos empresariales que ven en peligro las prebendas y privilegios de los contratos a modo de los que gozaron durante años. Una de las principales empresas que podría salir perjudicada en caso de aprobarse los cambios en el Congreso será la española Iberdrola, que es el principal productor privado de energía eléctrica en México y que tuvo un crecimiento exponencial en el sexenio de Felipe Calderón, quien después fue integrado a su nómina como consejero al igual que su secretaria de Energía, Georgina Kessel. Un indignante caso más de "puertas giratorias" de funcionarios convertidos en "asesores" empresariales.
Hay otra crítica mucho más válida que palidece por la ingenuidad manifiesta de quien las hace. Es la de la transición hacia energías más limpias o verdes. Es el famoso Pacto Verde Europeo para 2030-2050 o el Green New Deal que pretende empujar Joe Biden en Estados Unidos. La ingenuidad es creer que estas honorables y legítimas aspiraciones promovidas por grupos ecologistas no tienen su lado oscuro, vinculando con un capitalismo de despojo como el que ha ocurrido en Oaxaca que tampoco está libre de afectaciones a los ecosistemas en su conjunto. El capitalismo eléctrico se pinta de verde por partida doble, como señala en La Jornada el periodista Oriol Malló. Es verde por la energías renovables tanto como por lo miles de millones de dólares involucrados en este nuevo gran negocio a nivel mundial.
Un negocio que en México tuvo la ventaja que la mayor parte de los costos y del riesgo era del Estado mientras que las ganancias y beneficios de los privados. Así, las reformas legales propuestas en la industria eléctrica son otro intento más de López Obrador por recuperar la rectoría del Estado en los asuntos de interés nacional como es el energético. Si los empresarios hablan de una expropiación indirecta, el resto de los ciudadanos debemos valorarla como una "renacionalización" del sector eléctrico, de una envergadura similar a la que llevó a cabo Adolfo López Mateos en 1960.
@BuenrostrJavier
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