Desde que en 2006 Felipe Calderón inició la "guerra contra el narco" como una forma de legitimarse ante el fraude electoral que lo había llevado a la presidencia, en la sociedad civil quedaron dos cuestiones de manifiesto. La primera, era que el problema del narcotráfico era mucho mayor de lo que se había hecho público hasta entonces. La segunda, que la estrategia militar era algo equivocado, porque la violencia afectaba a muchos inocentes y realmente no minaba el poder ni la operación de los grandes cárteles.
Desde el inicio, la mayoría de los especialistas coincidió en que esta era una estrategia equivocada que cobraba muchas vidas. Un enfrentamiento más limpio y quirúrgico era atacar sus finanzas. Cortarles el suministro de dinero podría ser algo más efectivo y menos violento, pero a pesar del consenso que generaba esta medida nunca fue llevada a cabo de una manera seria y real. El narcotráfico intercambiaba un par de piezas menores a favor de mantener sus millones de dólares intactos para mantener su operación. Esta situación no cambió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El triunfo de López Obrador no trajo consigo solamente un replanteamiento de la lucha contra las drogas, sino de otras actividades ilícitas que nunca se habían combatido con anterioridad como el robo de gasolinas, la evasión fiscal de grandes empresas o la corrupción de varios políticos. Una parte medular en esta estrategia sería darle la importancia que se merece a perseguir el lavado de dinero. Como dirían los estadounidenses, "follow the money".
A partir de entonces, se han endurecido las leyes que castigan el blanqueo de capitales. Tradicionalmente, a nivel global el lavado de dinero involucra el tráfico de drogas, el de personas y el de armas. A estas se han ido sumando el dinero mal habido por corrupción y la defraudación fiscal. Considerar la defraudación fiscal ha sido criticada por quizás ser demasiado dura, ya que se argumenta que se equipara a delincuentes de "cuello blanco" con los capos de la droga y que ambos van en el mismo paquete judicial sin establecer diferencias.
Casi siempre se habla de la violencia que rodea a la delincuencia organizada pero pocas veces de cómo las exorbitantes ganancias entran dentro de los flujos monetarios legales. Poca atención reciben los mecanismos de lavado de dinero y casi no se mencionan los delincuentes de cuello blanco que son la otra cara de la moneda en esta historias de ilegalidad. Seguramente, si el Gobierno empieza desenredar esta madeja, también saldrán nombres dentro del sistema financiero.
Todo el mundo recuerda que durante los años 80 el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como 'El Jefe de jefes', era accionista de los bancos Somex y BanPacífico gracias a su relación con Arcadio Valenzuela, accionista mayoritario de BanPacífico y Banco del Atlántico y presidente de la Asociación de Banqueros de México de 1980-1982. Internacionalmente, el caso más sonado es el del banco inglés HSBC, fundado en Hong Kong en 1865, y que se le involucró en casos de lavado de dinero de cárteles mexicanos y de organizaciones criminales en Rusia, Irán y Arabia Saudita. ¿Cuántas casas de empeño, cajas de ahorro, bancos regionales o sociedades financieras sirven a la delincuencia organizada?
En la lucha contra el robo de gasolinas que realizó el Gobierno de México en el 2019 se encontró que miles de millones de dólares entraron a esquemas de lavado de dinero con más de 114 empresas y otro tanto igual fue a sociedades financieras que están siendo reguladas de manera muy laxa. En el campo del narcotráfico se hace necesaria una investigación más profunda ya que los esquemas de lavado de dinero han dejado de ser los tradicionales, basados en el comercio y el sector bancario formal, y se han trasladado con la ayuda de asesores (brokers) a la 'deep web' para usar monedas virtuales –como el Bitcoin– y blanquear ganancias ilícitas en Estados Unidos, China y otras partes del mundo. El mercado del narco en Estados Unidos es de aproximadamente 125.000 millones de dólares anuales (aunque el Gobierno solo reconoce la mitad), muchos de los cuales terminan en manos de traficantes mexicanos.
También en la mira están las grandes empresas que suelen utilizar esquemas de defraudación fiscal para no pagar impuestos y a las que la Unidad de Inteligencia Financiera está denunciando por cuestiones referentes a corrupción, robo de hidrocarburo, lavado de dinero y trata de personas. En cuentas bancarias, el dinero bloqueado suma más de 200 millones de dólares, aunque las operaciones y cuentas detectadas con irregularidades suman más de 3.000 millones de dólares. Hay que recordar que Al Capone, el mafioso de Chicago de los años 30, fue a prisión no por actividades delictivas sino por evasión de impuestos.
Hace apenas dos días, la ONU, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, se ha unido con fuerza y decisión a las tareas del Gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero con el lanzamiento de la Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero que ha titulado #ElDineroFácilSePagaCaro. En esta campaña también participan otras instituciones globales y mexicanas como la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta campaña busca: 1) sensibilizar y alertar sobre los impactos negativos del lavado de dinero y su posible relación con situaciones cotidianas; 2) evidenciar los vínculos entre este delito y la delincuencia organizada transnacional y 3) fomentar la cultura de la denuncia ciudadana de actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con este acto ilícito.
Esto es apenas el principio de lo que debería ser la política de lavado de dinero en México donde se calcula que más de 50.000 millones de dólares de ingresos ilícitos se lavan anualmente en México y donde no todo proviene solamente del narcotráfico sino también del tráfico de personas, la corrupción y la defraudación fiscal.
@BuenrostrJavier
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