En febrero pasado, el presidente López Obrador envió al Legislativo una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y dotar de mayores capacidades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A pesar que esta iniciativa fue aprobada por una mayoría en el Congreso, fue detenida en los hechos por un juez que empezó a repartir amparos a diestra y siniestra a favor de los empresarios. Un solo abogado pretendió estar por encima del Congreso mexicano y de los intereses nacionales.
Para evitar que el Estado sea secuestrado por dos o tres individuos que retuercen la ley y están vendidos a los intereses privados y que no les importa en lo más mínimo el bienestar común, López Obrador está doblando la apuesta anterior y hace unos días presentó una nueva iniciativa para la industria eléctrica, pero esta vez con rango constitucional. Esta reforma permitiría fortalecer a CFE y eliminar la competencia desleal a favor de las empresas privadas que existe hoy en día y que fue impulsada por la reforma energética de corte neoliberal de 2014.
La nueva iniciativa contempla reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana para volver convertir a la CFE en una paraestatal del gobierno y que deje de ser una empresa productiva del Estado. Esto regresaría a la industria eléctrica nacional a tener un papel preponderante dentro de la generación de energía ya que propone preservar la seguridad y autosuficiencia energéticas como condición para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna.
¿Monopolio del Estado en la producción de la energía eléctrica? Para nada. La nueva iniciativa establece una división donde el 54% de la electricidad sea producida por la CFE, mientras que el restante 46% lo hagan las empresas privadas. Esto permite garantizar la soberanía y seguridad energética nacional a la vez que reconocerá los derechos adquiridos por las empresas privadas que participan en este sector para que no se vean afectadas en las inversiones que ya hayan realizado, además de fomentar una sana y leal competencia.
Otro cambio propuesto es el del tema del autoabastecimiento. En el pasado inmediato, la CFE firmó inexplicablemente decenas de contratos que van en contra de sus propios intereses y los de México. Estos contratos favorecen la compra de suministro eléctrico a los privados sobre la producción propia, no obstante que la CFE subvencionaba a los privados con infraestructura, precios y tarifas preferenciales a salvaguarda de los vaivenes del mercado, además de darles facilidades legales para certificaciones en energías limpias. Esto le cuesta a la CFE más de 10.000 millones de dólares al año y un desperdicio del 45% de la capacidad de la CFE, o sea a 119.000 gigawatts.
Actualmente, el Estado no solo está subsidiando la producción de los privados, sino que relega la producción propia para adquirir el suministro eléctrico con esos privados, afectando cotidianamente sus ingresos y el esfuerzo de mantener el equilibrio de sus finanzas. En cuanto al tema de energías limpias y la transición energética, cabe destacar que la CFE tiene 55% de la capacidad instalada de energía limpia (incluye las hidroeléctricas, las de ciclos combinados a gas de alta eficiencia y la nuclear) y propone la renovación de 10 centrales hidroeléctricas y un parque fotovoltaico propio de gran magnitud en Sonora.
Apenas se dio a conocer la iniciativa presidencial, causó molestia entre grupos empresariales que ven en peligro las prebendas y privilegios de los contratos a modo de los que gozaron durante años. Una de las principales empresas que podría salir perjudicada en caso de aprobarse los cambios en el Congreso será la española Iberdrola, que es el principal productor privado de energía eléctrica en México y que tuvo un crecimiento exponencial en el sexenio de Felipe Calderón, quien después fue integrado a su nómina como consejero (donde ha percibido más de 500.000 dólares) al igual que su secretaria de Energía, Georgina Kessel (que ha recibido más de 3,5 millones de dólares).
Según el Instituto de Comercio Exterior de España, tan solo entre Naturgy e Iberdrola producen alrededor del 20 por ciento de la energía eléctrica de México y en total las empresas privadas generan la mitad de la energía eléctrica. ¿Qué pasaría si un puñado de empresarios decide bajar el interruptor como medida de presión contra el gobierno ante la pérdida de contratos a modo y de privilegios? Es un escenario difícil, pero posible, y que atentaría contra la soberanía nacional.
Otra consecuencia podría ser que México viviera en un par de años un panorama tan caótico y desolador como el que vive España en este momento debido a la concentración del mercado en el sector privado (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP) que provocó un aumento de los precios de la electricidad, en más del 570 % tan solo en el último año afectando terriblemente al ciudadano común estos tiempos de crisis.
Entre las novedades de esta reforma se considera que el litio sea considerado como un mineral estratégico, que no será concesionado y solo será el Estado mexicano el que intervendrá en su exploración y producción. Es tan importante este tema a los ojos de AMLO que declaró en su conferencia mañanera que "… si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras, vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio y tenemos facultades para hacerlo". Con reforma o sin reforma el litio será solo de la nación mexicana.
Otro elemento que se introdujo y que provocó escozor en la opinión pública es la eliminación de los organismos autónomos que tienen injerencia en el sector energético como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ciertamente, el punto es polémico pero también suena a que podría ser la moneda de cambio para conseguir los votos necesarios para la aprobación de la reforma.
Esta nueva propuesta en el sector eléctrico es otro intento de López Obrador por recuperar la rectoría del Estado en los asuntos de interés nacional como es el energético. Asimismo, permitiría garantizar que no haya aumentos en las tarifas eléctricas en lo que resta del sexenio ya que en la actualidad paga menos una empresa o corporación comercial que lo que paga, proporcionalmente, una familia de clase popular o clase media. Esto es algo completamente injusto además de escandaloso.
Si los empresarios hablan de una expropiación indirecta, el resto de los ciudadanos debemos valorarla como una "renacionalización" del sector eléctrico, de una envergadura similar a la que llevó a cabo Adolfo López Mateos en 1960.
@BuenrostrJavier
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