El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, ha emprendido una cruzada contra la democracia mexicana, a la que pone en peligro cada vez que quiere destacar como un actor político cuando su deber es comportarse simplemente como el árbitro electoral. Lleva meses que de manera descarada se comporta como juez y parte, yendo contra la mayoría ciudadana y, en más de una ocasión, infringiendo la Constitución.
La última y una de las más graves transgresiones a la ley por parte de Lorenzo Córdova y una parte del INE fue llevada a cabo el viernes pasado, cuando en una cerrada votación (6-5) pospusieron la revocación de mandato, un ejercicio democrático que está previsto en la Constitución y que días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había establecido que tenía que realizarse en los tiempos y formas que marca la ley.
El argumento que esgrime una facción del INE para no efectuar la consulta de revocación de mandato es la falta de presupuesto, a pesar que cada año se les dan 1.000 millones de dólares y que varios consejeros electorales (los mismos que se opusieron a realizar la consulta) se han amparado para seguir ganando más del doble que el presidente López Obrador, algo que va en contra de la Constitución.
Lo que está haciendo el INE es exhibirse, una vez más, como una institución que va en contra de la ley, en contra de la Constitución y en contra de las mayorías. Lorenzo Córdova, quien ya se ha mostrado en múltiples declaraciones como un personaje racista y clasista, ahora está convertido en un émulo de Luis XIV, gritando a los cuatro vientos "la democracia soy yo". Se le olvida que él es solo un individuo que va de paso en una institución mientras que los forjadores de la democracia fueron las centenas de movimientos sociales de obreros, campesinos, ferrocarrileros, médicos, maestros, estudiantes y un largo etcétera, que a lo largo de las décadas estuvieron en las calles para que México pudiera acceder a la democracia electoral.
Y ahora, que se pretende dar un paso más y construir las bases de una democracia participativa, el INE está boicoteando todos estos intentos, consciente que cada paso que se avanza en ese sentido lo revela y lo expone como una simple burocracia organizativa para las jornadas electorales. Burocracia deficiente y cara, además. También se muestra como una estructura del viejo régimen que se aferra con uñas y dientes a los privilegios del pasado, mientras que ostenta por todo lo alto un discurso aristocrático y contra las mayorías, cuando la única tarea de esta institución sería el de preservar la democracia, es decir, que la soberanía siempre resida en el pueblo.
Para frenar la democracia participativa, el INE ha recurrido a toda suerte de argucias leguleyas para tratar de ganar tiempo. Ha apelado a distintas instancias del Poder Judicial, sabedor de la corrupción que existe en los aparatos de justicia mexicanos. Afortunadamente, al momento de estar escribiendo estas líneas nos enteramos que la Suprema Corte de Justica ha dado un nuevo revés a Lorenzo Córdova y a los consejeros electorales del antiguo régimen, que todavía subsisten y pretenden controlar el Instituto Nacional Electoral.
Este revés consiste en que la Suprema Corte ha admitido a trámite la controversia constitucional promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y determinó suspender el acuerdo aprobado por el INE, en el que posponía la realización del ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En pocas palabras, dos juezas de la Suprema Corte le dijeron al árbitro electoral lo que era a todas luces visible: que estaba violando la Constitución y que estaba atentando contra los derechos de la ciudadanía. Hay que ver si en enero, que se reanude el pleno de la Suprema Corte con los once ministros, se mantiene esta misma resolución, pero por ahora es un gran traspié para la autoridad electoral.
Ahora, el INE tendrá que continuar con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado. Queda claro, como dice López Obrador, que la democracia la debe de construir el pueblo y no los aparatos administrativos.
¿Qué el presupuesto sigue siendo un problema? Hay muchas alternativas que disminuirían los costos. Por ejemplo, al ser una solo pregunta con dos opciones de respuesta (SI y NO), se puede eliminar el conteo rápido, que ni siquiera está previsto en la Constitución o en las leyes electorales. También se pueden reducir el número de casillas y de los integrantes de las mesas de votación. Asimismo, se podría hacer uso de nuevas tecnologías que minimizaran los costos, medida que ya se usa para el voto de los mexicanos en el extranjero.
Y hay muchas más propuestas de gente que sabe los intríngulis de la materia electoral. Sin detenernos en los detalles, lo más importante es que México tiene que seguir avanzando en el camino de la democracia e ir más allá de una de tipo meramente representativo y avanzar hacia un paradigma de democracia directa o participativa. El gobierno tiene que ser de las mayorías, la soberanía debe residir en todo momento en el pueblo. La democracia no puede ser rehén de burocracias doradas o de individuos que no saben cumplir su papel de jueces imparciales y que por vanidad, soberbia o cualquier otra cosa, prefieren actuar como actores políticos que ponen en jaque los derechos ciudadanos consagrados en nuestra Carta Magna.
@BuenrostrJavier
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