Hace más de un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica con la intención de que México recuperará la soberanía energética que perdió con modificaciones jurídicas que hicieron los gobiernos neoliberales de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para beneficiar a empresas extranjeras, especialmente las españolas como Iberdrola.
A pesar que esta iniciativa fue aprobada por una mayoría en el Congreso, fue detenida en los hechos por un juez que empezó a repartir amparos a diestra y siniestra a favor de los empresarios. Un solo abogado pretendió estar por encima del Congreso mexicano y de los intereses nacionales.
Ante este hecho y mientras se esperaba que la Suprema Corte decidiera sobre esta polémica, López Obrador decidió doblar la apuesta y mandar una nueva iniciativa pero ahora con rango constitucional, lo cual necesita una mayoría calificada, o sea, de dos terceras parte del Congreso.
Después de meses de discusiones y foros abiertos no hubo acuerdos ni consensos entre la oposición y el oficialismo. La coalición legislativa que respalda a López Obrador, tiene la mayoría simple en la Cámara de Diputados pero le hacen falta casi 50 votos para la mayoría calificada.
Fue una semana álgida pero con final cantado. El presidente López Obrador había adelantado este desenlace desde hace una semana en una conferencia mañanera y en su informe presidencial, donde no dudó en calificar como traidores a la patria a los congresistas de oposición que votaran en contra de la reforma eléctrica y la soberanía energética.
Pero tampoco se le vio demasiado preocupado por eso. Adelantó que de no tener la mayoría calificada para la reforma constitucional, mandaría al día siguiente al Congreso una serie de modificaciones a la Ley Minera para nacionalizar el litio y crear un organismo descentralizado que se dedique a la exploración, explotación y los aprovechamientos de dicho mineral.
Y eso fue lo que sucedió. La Cámara de Diputados sesionó el domingo por horas y aunque Morena y sus aliados ganaron el debate legislativo y lograron la aprobación por mayoría de la reforma eléctrica, faltaron votos para la mayoría calificada que se necesita para una reforma constitucional.
Ante este panorama, López Obrador mandó el mismo domingo al Congreso su propuesta para nacionalizar el litio, que solo necesitaba una aprobación por mayoría simple. En doce horas había un nuevo debate, pero gran parte de la oposición –bautizada en redes sociales como la "bancada Iberdrola"– al carecer de argumentos, decidió abandonar el recinto legislativo. Esto no fue impedimento para que la iniciativa fuera discutida y aprobada por la mayoría de los representantes populares.
Esos son los hechos simples y llanos. Pero los significados y, sobre todo, las consecuencias de los actos tienen un alcance mucho mayor. Queda claro que en México conviven dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Uno nacionalista y popular que defiende la soberanía energética del país y otro, conservador y entreguista, que protege los intereses económicos de empresas extranjeras y nacionales sobre el bienestar común.
También, nos hemos enterado las y los mexicanos que, al parecer, una de las principales razones por las que el PRI estuvo en contra de la soberanía energética era porque pretendía intercambiar un puñado de votos en el Congreso por alguna gubernatura de las que estarán en disputa en unos meses. Acuerdos así eran típicos en la "democracia pactada" y la simulación que hacían las élites políticas en México durante el neoliberalismo, donde se acordaba en privado y de espaldas al pueblo.
Esta vez no fue así. Y aunque la oposición y algunos editorialistas consideran que este es el revés más importante para la administración de López Obrador, es un triunfo para la democracia real. Y es que aunque lo deseable para los intereses nacionales es que pasara la reforma eléctrica, la nacionalización del litio y ciertas resoluciones de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de lo aprobado hace un año, equipararon las pulsadas legislativas.
Pero a mediano y largo plazo habrá un perdedor claro: el PRI. El PAN no perderá votos por su decisión de apoyar a las empresas extranjeras. Los conservadores siempre han sido entreguistas, desde el siglo XIX cuando a pesar de la independencia de México seguían insistiendo en que querían una monarquía dirigida desde Europa. Eso suscitó el corto pero indeseable episodio en la historia de México donde Maximiliano de Habsburgo fue declarado Emperador. Ya en el siglo XX, la derecha constituyó al PAN en 1939 como respuesta contra la nacionalización del petróleo hecha por Lázaro Cárdenas un año antes. El conservadurismo mexicano carece de patriotismo. No tiene principios, tiene intereses.
El PRI en cambio tiene todo que perder. La traición al pueblo de México y la defensa de las empresas extranjeras lo dejan en una posición difícil. Antes de esto, las encuestas indicaban que iba a perder las cuatro gubernaturas que tiene entre 2022 y 2023. Habiendo perdido la brújula y la narrativa, ahora más que luchar por ganarlas, tendrán que buscar que no se desplome su votación. Pero pasará de todos modos. Y esos votos, de clases populares y rurales en su mayoría irán a parar a Morena, no al conservadurismo mexicano.
Así, el PRI llegará a 2024 sin un solo gobernador, sin la maquinaria de Estado que es lo único que sabe utilizar en los procesos electorales y muy probablemente hasta sin candidato presidencial en caso de ir en coalición con el PAN y la derecha mexicana. Del todopoderoso partido de Estado del siglo XX, solo quedarán un puñado de diputaciones y quizás un par de senadores. El dinosaurio priista ya caminaba a la extinción antes del domingo pasado, pero el haberle dado la espalda a una reforma con un respaldo popular del 70-80 por ciento, fue el meteorito que los borrará de las contiendas electorales venideras. Ahora son, solamente, un satélite del conservadurismo.
Estas son las conclusiones de la disputa legislativa más importante del sexenio de López Obrador:
@BuenrostrJavier
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