Las diez claves de la reforma electoral propuesta por López Obrador en México (y la jugada adelantada de la oposición)

La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador mandó al Congreso su propuesta para una reforma electoral. Esta propuesta obedece, en parte, a que en los últimos meses la democracia en México ha sido secuestrada por el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, que en lugar de actuar como la cabeza de un organismo autónomo, se ha comportado como uno más de los miembros de la oposición mexicana.

Ávido de tener más presupuesto para pagar sueldos y prestaciones que son anticonstitucionales, Córdova se ha lanzado en una cruzada contra López Obrador esperando ganar adeptos entre los sectores que le son adversos al presidente mexicano. No es de extrañar que algunas encuestas ya lo coloquen como un posible candidato de la coalición conservadora.

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.

En el proceso electoral de 2021, el INE reafirmó que su alianza con el conservadurismo está más vigente que nunca al cancelar varias candidaturas por cuestiones administrativas, de las cuales el 90 % fueron de MORENA –el partido de López Obrador– en lugares donde llevaba una clara ventaja, en un intento de sabotaje muy burdo y evidente. Pero lo último fue su descarada actuación durante el proceso de revocación de mandato, ejercicio que no quiso promocionar y donde no instaló casillas o las cambió de ubicación en lugares donde el obradorismo es más fuerte.

Es evidente que el INE y Córdova están siendo jueces y parte de los procesos electorales y que sus convicciones políticas e ideológicas, o quizás sus intereses, coinciden plenamente con los grupos conservadores de oposición con los que suele actuar de manera coordinada.

Esta posible reforma electoral tiene al menos diez puntos interesantes de analizar y debatir, que a continuación enumero:

1. Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

2. Elección de Consejeros y Magistrados Electorales mediante voto popular.

3. Federalización de las elecciones, suprimiendo los consejos estatales.

4. Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.

5. Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.

6. Eliminación de los financiamientos públicos ordinarios de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales.

7. Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales.

8. Reducción al 33 % de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.

9. Reducción de consejeros electorales de 11 a 7.

10. Disminución de regidurías en municipios y ayuntamientos. 

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.

Hay algunos más elementos, pero a mi consideración estos son los más importantes y, algunos, realmente polémicos. Por ejemplo, establece una reducción de consejeros, legisladores y regidores, que significarían de entrada un ahorro de más de 1.000 millones de dólares, sin que se afecte la operación de ninguna institución ni su organización colectiva y democrática.

A pesar de eso, tanto el INE como la oposición se declararon en contra de la propuesta, temiendo que acaben con su gallina de los huevos de oro que son sus elevados salarios. Recordar solamente que lo que ganará Lorenzo Córdova en su periodo como autoridad electoral equivale a 455 años de lo que gana un trabajador con salario mínimo.

Sin embargo, esta medida no es la más polémica. La que generará más discusiones y debates es la referente a la elección democrática de consejeros y magistrados electorales. Es curioso que las autoridades que sancionan los procesos democráticos sean designados por élites académicas y políticas, cuyo mayor interés no es impulsar la democracia sino preservar el status quo y los privilegios de unos cuantos. Pareciera que los calificadores de la democracia le temen a la democracia.

Pero esta disposición es doblemente interesante, porque de hacerse realidad podría ser la punta de lanza para que otras autoridades del Poder Judicial sean elegidas democráticamente. En México es común que los jueces, hombres de avanzada edad y conservadores por definición, suelan esconderse en la careta de la técnica, para dar justicia solamente a aquel que pueda pagarla.

Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.

Es claro que todo el sistema judicial mexicano necesita una profunda limpieza que sacuda toda la corrupción que hay en sus entrañas, desde los más modestos agentes del Ministerio Público hasta los más connotados jueces y magistrados. Más en tiempos en que la judicialización de la política es una amenaza latente, como lo mostró el caso de Lula en Brasil.

Antes de comenzar un debate que promete ser de varios meses y que subirá el calor de la política nacional, ya el bloque de oposición en el Congreso ha manifestado que habrá de rechazar la reforma electoral de López Obrador. No les interesa discutir ni proponer ni legislar. Descartan a priori cualquier consideración que venga del oficialismo como una forma de posicionarse políticamente. Tienen una visión de corto plazo y solo piensan en las siguientes elecciones y no en las próximas generaciones.

Pero el pueblo no es tonto y sabe bien que nadie puede servir a dos amos. Y no se puede estar a favor de la democracia y del pueblo cuando se defiende los intereses de las élites y los grupúsculos de poder.  A pesar de esto, con la iniciativa de López Obrador la discusión pública se ha vuelto a animar, y esto, también es un paso adelante para la democracia mexicana: que lo público sea cada vez más público y que se construyan procesos deliberativos donde participen las mayorías y no solamente las élites de siempre.