El pasado martes 2 de agosto, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado donde dio a conocer que tiene abiertas tres carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, que lo involucran en delitos de carácter electoral, patrimonial, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito.
De esas acusaciones, la que está más avanzada, según la propia Fiscalía, es donde se establece su vínculo con la fuera la empresa favorita del sexenio de Peña Nieto, la constructora española OHL, ahora también con importante capital mexicano a través de la familia Amodio, que el año pasado se consolidó como principal accionista.
Esa carpeta de investigación incluye diversas denuncias, "tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos". Es de sobra conocido que OHL fue responsable de la construcción del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, con sobrecostos altísimos.
Además, la empresa constructora presuntamente habría pagado sobornos que terminaron en las campañas políticas del 2017 y 2018, principalmente la de la gubernatura del Estado de México, lugar de nacimiento y residencia habitual de Peña Nieto, cuya relación con OHL se remonta a sus tiempos de gobernador de esa misma entidad, entre 2004 y 2011.
De Oteyza encabezó OHL México hasta 2016, cuando renunció debido a los escándalos de unos audios que circularon en internet, donde los propios directivos de la empresa reconocen estar haciendo fraude en la construcción de las carreteras del Estado de México.
Según ha denunciado el abogado Paulo Diez Gargari, los desvíos de dinero se habrían hecho a través de fraudes y aumentos de tarifas en la construcción del Circuito Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, en concesiones que se han ampliado hasta el 2051 y donde los sobrecostos podrían ser de hasta más de 3.000 millones de dólares del proyecto original. A eso hay que aumentarle la ganancia en el cobro de peaje y la posible manipulación de los estados financieros para aumentar la cotización en la Bolsa de Valores.
No hay que olvidar que OHL se abrió paso en el país con José Andrés de Oteyza, Presidente del Consejo de Administración de Grupo OHL México. José Andrés de Oteyza es un político priista de viejo cuño que fue Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial (1976-1982) y embajador de México en Canadá (1983-1987). De Oteyza encabezó OHL México hasta 2016, cuando renunció debido a los escándalos de unos audios que circularon en internet, donde los propios directivos de OHL reconocen estar haciendo fraude en la construcción de las carreteras del Estado de México.
Además, en el consejo de administración de OHL México participaron tres exdirectores de Pemex, incluido Emilio Lozoya, quien renunció a esa firma para tomar la batuta de Pemex en tiempos de Odebrecht. De hecho, OHL ha utilizado un esquema bastante similar al de Odebrecht. En España financió campañas electorales del Partido Popular y otorgó comisiones por obra pública a funcionarios; mientras que en Latinoamérica también se extendió a Chile, Colombia, Perú y México, principalmente, con esquemas similares.
El desenlace de estas investigaciones está en el aire todavía y es de pronóstico reservado, ya que la Fiscalía es una institución autónoma del Ejecutivo y está más vinculada a las dinámicas internas del Poder Judicial, de amplio corte conservador y con extensos vínculos con el régimen anterior.
Pero el problema de Peña Nieto ya no solamente es OHL, que ya es un asunto añejo y que parecía que estaba dormido en algún cajón de la Fiscalía. Los líos legales del exmandatario se reavivaron hace un mes, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que se había detectado que su hermana le envió dinero a cuentas bancarias en el extranjero por 1,3 millones de dólares.
La hermana de Peña Nieto, según los informes de inteligencia financiera, también registró retiros por casi 9 millones de dólares y depósitos por otros 2,3 millones. De los depósitos, 1,8 millones fueron en efectivo, por lo que se desconoce la procedencia de los recursos y podría ser constitutivo del delito de lavado de dinero, de acuerdo a las autoridades.
Otra de las carpetas de investigación trata sobre un probable enriquecimiento ilícito. En este caso, las indagaciones se basan en la compra de un departamento que Peña Nieto adquirió en Madrid, y cuyo precio fue calculado también en más de 1,2 millones de dólares. El inmueble fue puesto a la venta luego de que se revelara la investigación que está en curso por parte de la Fiscalía.
El desenlace de estas investigaciones está en el aire todavía y es de pronóstico reservado ya que la Fiscalía es una institución autónoma del Ejecutivo y está más vinculada a las dinámicas internas del Poder Judicial, de amplio corte conservador y con extensos vínculos con el régimen anterior.
Lo que parece quedar claro es que los días de tranquilidad de Peña Nieto en Madrid, donde se había afincado, han quedado atrás. Ahora tendrá que preparar con sus abogados la defensa legal de cuestiones en extremos delicadas, en un proceso que es poco probable que concluya antes del 2024, fecha en la que López Obrador finalizará su mandato.