No es solamente en Brasil y en Venezuela donde la derecha está utilizando el Congreso de la Unión para atacar las instituciones públicas, sino también en México.
Enrique Peña Nieto, junto con el Senado de la República de México, esta última semana han atacado la institucionalidad democrática y la división de poderes. Han nombrado como nuevo Procurador General de la República, y probable Fiscal General de la República durante diez años a Raúl Cervantes Aguirre, un senador del mismo PRI, el partido de Peña Nieto, y alguien quien ha trabajado durante muchos años como abogado del mismo partido.
Han nombrado como nueva Secretaria de la Función Pública, a cargo de combatir la corrupción, a Arely Gómez, la exprocuradora que estropeó todas las investigaciones para Ayotzinapa, la masacre de Nochixtlán. Ella es la que pactó la fuga anticipada del gobernador acusado de corrupción, Javier Duarte, de Veracruz.
El Senado también, de repente, anticonstitucionalmente, alargó los periodos para los magistrados del tribunal electoral para asegurar el control de sus cuates. ¿Y la oposición? ¿Dónde quedó en México? Solamente una senadora, Layda Sansores, se atrevió a denunciar este atraco a la institucionalidad. Pero todavía falta que hablen las calles y también las urnas.
Les presentamos una nueva edición de la sección a cargo del investigador mexicano John Ackerman, que proporciona una perspectiva más crítica sobre la realidad en México que otros medios de información no le ofrecen.