Las confesiones de Emilio Lozoya confirman una presidencia comprada

Enrique Peña Nieto fue un presidente espurio.

Las confesiones de Emilio Lozoya confirman lo que todos sospechábamos en aquel momento: la elección presidencial de 2012 fue un fraude, donde la silla presidencial se compró con cañonazos de millones de dólares proporcionados por la empresa Odebrecht y otras fuentes oscuras.

El coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya, ha proporcionado información precisa sobre el origen y el destino de sobornos por la cantidad de 1.000 millones de pesos durante la campaña de 2012.

Ahí están los lugares y los tiempos, los nombres y los apellidos. Pero esto es apenas la punta del iceberg.

La Comisión de Investigación Monex de la Cámara de Diputados demostró en su momento que Peña Nieto había rebasado el tope de gastos de campaña por 14 veces.

El tope fue de 336 millones de pesos, pero el candidato del PRI habría gastado por lo menos 4.263 millones.

Este monto no solamente sería de las famosas tarjetas Monex, sino también para las tarjetas de la tienda Soriana que, de acuerdo con la comisión investigadora, dispersaron por lo menos 2.294 millones de pesos durante el proceso electoral.

Todos recordamos las escalofriantes escenas de las compras de pánico que vaciaron los anaqueles de las tiendas Soriana en todo el país después de las elecciones presidenciales.

Los votantes acudieron en masa a cobrar sus tarjetas frente a los rumores de que los saldos que los operadores priistas les habían entregado a cambio de sus votos se desaparecerían después de la celebración de los comicios.

Recientemente, el Instituto Nacional Electoral descubrió una nueva empresa que también participó de manera ilegal en la triangulación de fondos hacia la campaña de Peña Nieto: Logística Estratégica Asismex.

Esta empresa manejó libremente la friolera de 1.400 millones de pesos durante aquel proceso electoral sin reportar un solo peso ni a la autoridad electoral ni a las autoridades hacendarias.

Y la periodista Carmen Aristegui ha develado una importante punta de la madeja con respecto al origen del dinero de las tarjetas Monex. Una investigación de su equipo demostró que por lo menos una parte del financiamiento provino de la empresa Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, 'El Cónsul', alguien identificado por las autoridades como operador financiero del Cártel de Juárez. En general, la campaña de Peña Nieto utilizó un mecanismo de triangulación de recursos típico de operaciones de lavado de dinero.

En el caso de las tarjetas Monex, por ejemplo, su contratación no fue realizada directamente, sino por medio de la empresa Alkino Servicios y Calidad que, a su vez, contrató a la empresa Comercializadora Atama que, por su parte, delegó diversas operaciones a las empresas Inizzio y Efra.

Quien cuenta con toda la información sobre los flujos financieros de 2012 es José Antonio Meade, secretario de Hacienda de Felipe Calderón durante todo el proceso electoral de 2012 y, después, premiado por su silencio y complicidad con el cargo de secretario de Relaciones Exteriores al inicio del Gobierno de Peña Nieto.

Ahora bien, frente a la bomba que implican las confesiones de Lozoya, entró en acción un desesperado operativo de control de daños de parte de los voceros del viejo régimen.

De la nada, aparecieron milagrosamente dos videos de hace cinco años donde aparece un señor llamado David León entregando bolsas de papel a Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel, supuestamente con dinero "para el movimiento". Esta revelación fue divulgada a los cuatro vientos por la mayor parte de los medios comerciales, en un evidente esfuerzo por tender una cortina de humo sobre el caso Lozoya e insinuar que "todos son iguales".

Pero los videos no demuestran la comisión de delito alguno.

Se debe investigar, desde luego, el origen y el destino de estos recursos, pero no hay nada en la ley que prohíba la realización de donativos para apoyar solidariamente a un movimiento social. No existe comparación alguna entre un acto de apoyo solidario y la probable comisión de delitos graves de lavado de dinero, extorsión y compra y coacción del voto denunciadas por Lozoya.

Cómo recuerdo las burlas desde las cúpulas del poder cuando denunciamos el fraude de 2012. Tengo muy claro los insultos que nos lanzaban a los millones de personas que salimos a las calles para apoyar a los jóvenes de #YoSoy132 en su exigencia por democratizar los medios y frenar la imposición de Peña Nieto.

Muchos fuimos censurados y marginados y otros reprimidos y encarcelados durante el sexenio pasado, precisamente por resistir a un Gobierno despótico que había comprado la presidencia y se aprestaba a vender el país.

Pero hoy la verdad nos ha hecho justicia.

Quienes antes se reían cínicamente, hoy tendrán que enfrentar la justicia.