Correa y su lucha contra los paraísos fiscales

Ecuador es un país latinoamericano pequeño, pero con una voz cada vez más influyente en el plano regional y global. Su posición en torno al caso de Julian Assange, refugiado hace ya cuatro años en la Embajada de este país en Londres, le otorgó visibilidad en la defensa de la verdadera libertad de expresión, amenazada tras las filtraciones de WikiLeaks y el embate judicial sobre su fundador. A su vez, desde hace ya dos años en Mitad del Mundo se aloja la sede de la Unasur -bautizada Néstor Kirchner, en homenaje a su primer Secretario General- donde este organismo regional cumple sus labores cotidianas. Y como si fuera poco son bien conocidas las críticas de Correa a la OEA y el sometimiento de esta institución a la voluntad de Washington en relación a la región, algo que no se vislumbra en la autónoma CELAC, cuya cumbre se realizó este año en territorio ecuatoriano y donde el Jefe de Estado ecuatoriano cumplió el rol de anfitrión.

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En ese marco, de creciente notoriedad en el debate público internacional, Rafael Correa lanzó en los últimos días dos importantes iniciativas relacionadas a los paraísos fiscales, tras las revelaciones de Panamá Papers que sacudieron a la política latinoamericana. La primera: su idea de llevar a la próxima Asamblea General de la ONU, en septiembre próximo, el debate sobre estas instancias que vulneran la soberanía económica de nuestras nacionales. Lo dijo claro el canciller Guillaume Long en la reunión de la OEA en República Dominicana, al afirmar que “los paraísos fiscales son verdaderos actos de traición a nuestras patrias, por lo que Ecuador propondrá que se incluyan en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para septiembre de este año. Todos tenemos la responsabilidad de encarar este fenómeno”.

La segunda: impulsar una consulta popular, al interior de Ecuador, en relación a la incompatibilidad de ejercer cargos públicos y tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales. Esto llevaría a modificar, en caso que el resultado sea favorable al SI, la Ley Orgánica de Servicio Público a fin de adecuar la normativa vigente al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, que podría ser en simultáneo a la próxima elección presidencial, prevista para febrero próximo. Desde su aprobación, todos aquellos que aspiren a cargos electivos tendrían el plazo de un año para repatriar sus fondos, luego de lo cual quedarían imposibilitados de aspirar a cargos públicos.

Para dimensionarlo en cifras: el gobierno ecuatoriano estima en 30% del PBI a los fondos de ciudadanos ecuatorianos fuera del país, especialmente en estas guaridas fiscales ideadas para evadir. Una importante suma para un país golpeado por la caída de los precios internacionales del petróleo, que además afronta costosos gastos para la reconstrucción de las zonas dañadas por el gravísimo terremoto de abril pasado. De ahí que la lucha contra la proliferación de los paraísos fiscales sea una bandera importante para el gobierno de Correa, bajo la formulación de un “pacto ético” que el mandatario planteó en mayo pasado.

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Las comparaciones son inevitables: ¿qué sucedería de realizarse una compulsa similar en Argentina y Brasil, donde las revelaciones golpearon al presidente Macri y al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, respectivamente, ambos con titularidad de empresas offshore? ¿Dejará antecedentes la consulta popular ecuatoriana, para abrir un debate en el resto del continente en relación a la incompatibilidad de ejercer funciones públicas teniendo millones en guaridas fiscales? Como sea, Ecuador instala en la agenda continental un tema que se vincula con su orientación general de plantearse una política económica soberana, justo en momentos donde recrudece la confrontación entre dos modelos económicos bien diferentes al interior de la región.

Correa tiene una virtud que suele dar frutos en la política: la audacia para generar imprevisibilidad en sus adversarios, con iniciativas contundentes. En caso de avanzar la consulta popular promovida, la derecha ecuatoriana deberá elegir entre repatriar su dinero y participar en política, o seguir con la especulación pero ya desde el ámbito privado. Sea cual sea el resultado, la iniciativa ecuatoriana adelanta un debate cada vez más necesario en todos nuestros países.