España, el caso Cifuentes: Robar con estilo, sí; hacerlo como los pobres, no

Luis Gonzalo Segura

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comparecido con un elegante y exclusivo vestido blanco, señal de pureza e inocencia, para dimitir de su cargo. Un escogido atavío al que sólo le faltó la ínfula en la cabeza que portaban las víctimas de sacrificio. Porque ella se ha declarado como una víctima. Pobre.

Según ha afirmado, con la voz quebrada y el alma dolorida, su dimisión es una consecuencia de la guerra interna desatada hace ya años en el Partido Popular de Madrid. Una guerra que, según la ya expresidenta, la convirtió en presa por su "tolerancia cero con la corrupción". Es, por tanto, mártir de una persecución de sus propios compañeros o excompañeros por denunciar diferentes escándalos de corrupción. Los generales de las facciones enfrentadas, que se espían y denuncian, se sabotean e investigan, son Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Ahora solo queda esperar los siguientes movimientos. Corrijo: 'puñaladas'.

La hija del general Cifuentes afirma que éste "se sentiría muy orgulloso de ella", aunque las imágenes del vídeo que ha salido a la luz, el último aldabonazo acaecido en esta reyerta política, no aspira a mucha fachenda. Aun así, siendo justos, hay que reconocer que Cristina Cifuentes, a pesar de las bochornosas imágenes, en las que aparece entregando dos cremas que supuestamente habría sustraído en un supermercado y pagando el precio de las mismas, vestía de forma impecable ese día. Vestido azul, como los colores de su partido, tacones, bolso y complementos a juego. Divina.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
"La policía avisó a sus mandos superiores y estos decidieron ocultar el asunto (...) En cualquier país europeo dicho evento habría sido conocido por la ciudadanía de inmediato. Incluso en Estados Unidos, país en el que episodios de esta naturaleza resultan relativamente frecuentes".

Cierto es que la mayoría de los ciudadanos esperan que los políticos que gobiernan no tengan por norma sustraer cuchillas de afeitar o cremas en los supermercados, aunque lo hagan con bolsos de Prada o trajes de Brioni, pero más allá de ello, hay que resaltar algunos aspectos relevantes de la trifulca calabresa en la que se encuentra envuelto el Partido Popular de Madrid y sus consecuencias.

Sorprende que un episodio que ni siquiera ha sido aclarado haya sido suficiente para forzar una dimisión, mientras que el caso del máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), de mayor gravedad, pesquisas más avanzadas y pruebas más sólidas no fuera capaz de forzar la inmediata dimisión de Cristina Cifuentes. El daño causado a la universidad y la enseñanza pública difícilmente podrá ser reparado, en cambio esta supuesta sustracción, por muy evidente que sea, tan solo daña la propia imagen de la presidenta. Por tanto, da la sensación de permitirse los comportamientos corruptos siempre que estos se perpetren en guantes de seda, de Prada y Milano. Robar como pobres es intolerable.

Un elemento de extrema gravedad resulta al comprobar que la policía avisó a sus mandos superiores y estos decidieron ocultar el asunto. De hecho, debe existir un atestado o un informe, el cual ha desaparecido o jamás ha sido redactado. En cualquier país europeo dicho evento habría sido conocido por la ciudadanía de inmediato. Incluso en Estados Unidos, país en el que episodios de esta naturaleza resultan relativamente frecuentes. De nuevo, pues, cuerpos policiales al servicio del poder y no de la ciudadanía.

La dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó haber sido extorsionada en los últimos años con el vídeo e, incluso, llega más allá al afirmar que dicho episodio lo puso en conocimiento de las autoridades. No concretó en cambio qué autoridades fueron estas ni tampoco si interpuso denuncia. Parece ser que no, lo que demuestra en cualquier caso su ánimo de ocultar el incidente, máxime si tenemos en cuenta lo rápido que desenfundó contra eldiario.es por la publicación de la información sobre el ya famoso máster. Pero no solo afirma que fue extorsionada, sino que denuncia abiertamente que fue espiada e investigada. Se entiende que por cuerpos policiales, lo que nos introduce, como en muchos otros casos, en las Cloacas de Interior.

El vídeo, según la propia Cristina, era conocido por periodistas, incluso algunos de ellos se encontraban en la sala en la que se produjo la dimisión. Cabe preguntarse cuál es la profesionalidad y la catadura moral de los grandes medios de comunicación españoles si son capaces de ocultar un vídeo que, más allá de la "cutrez" de las imágenes (en palabras de García Albiol), tiene un evidente y marcado interés periodístico: la presidenta de una región sospechosa de robar en un supermercado. Si recordamos el paso por los juzgados de Mauricio Casals y Francisco Marhuenda (influyentes pesos pesados de 'Atresmedia') por presiones a Cristina Cifuentes para no destapar casos de corrupción en el Partido Popular, todo queda más claro.

El agente de seguridad que retuvo a la aparente ladrona afirma que los vídeos de la cámara en la que se grabaron las imágenes son eliminados a los quince días. Por tanto, alguien hizo en ese periodo de tiempo una copia, pero ¿quién? Quizá sea una respuesta que jamás se pueda responder. Lo más lógico sería pensar que algún miembro de la seguridad la reconoció y decidió hacer una copia, ya fuera con fines lucrativos o de cualquier otro tipo. Pero, si ya entonces estaba siendo espiada, no sería descabellado pensar que aquellos que la acechaban hicieran las gestiones necesarias para apoderarse de una grabación de indudable valor.

Ni un ápice de arrepentimiento. Así ha dimitido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha resaltado los logros conseguidos, a su juicio, y ha achacado todos los escándalos producidos en los últimos tiempos a una persecución que no sólo se enmarca en lo profesional, sino que según ella ha llegado a lo "personal". Frases como "me voy muy orgullosa, me voy con la cabeza muy alta" o "mi padre se sentiría y se siente muy orgullosa de mí" y su insistencia en autoproclamarse víctima de lo acontecido contrastan con unos comportamientos que a día de hoy son reprochables y puede que dentro de no mucho sean calificados jurídicamente.

Lo peor para los malheridos políticos del Partido Popular y los supervivientes de las facciones que continúan con el esperpéntico enfrentamiento es la sensación de escalada de intensidad. Cada vez hay más heridas y menos posibilidad de reconciliación. Ello, evidentemente, es una gran noticia para la ciudadanía, pues una gran cantidad de escándalos de corrupción denunciados en los últimos años se ha debido a este imparable cainismo. Ello vuelve a dejar en muy mal lugar a los medios de comunicación y los cuerpos policiales españoles, que junto a la judicatura parecen más propios de una democracia fallida que de un Estado de Derecho avanzado y próspero.