En noviembre del año 2014, los dos tenientes coroneles recién condenados exigieron al empresario Miguel Ángel Ramírez, que ya les había entregado varios miles de euros anteriormente, la entrega de 20.000 euros a cambio de favores para la obtención de distintos contratos. Ante esta exigencia, el propietario de Seguridad Integral Canaria decidió contactar con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que ya de por sí nos enmarca en lo infrecuente, pues lo lógico hubiera sido informar de lo sucedido en una comisaría, en la fiscalía o en el juzgado.
Más allá de este matiz, a resultas de esta información la Guardia Civil puso en marcha la 'Operación KPanda'. Esta operación culminó con la detención en abril de 2015 de los dos tenientes coroneles y la posterior imputación de trece empresas por cohecho: Seguridad Integral Canaria, UCALSA, Galilea Soluciones, Ariete, Proman, Willis Ibérica, Beyond Soluciones y Servicios, TRC Informática, Grupo Olmata, Cleanet, RMC JIT, Tecnove y Clece.
De esta primera información podemos extraer tres conclusiones nada prometedoras. Por un lado, no se trata de un episodio aislado habida cuenta del considerable número de empresas involucradas y la cantidad de años que llevaban produciéndose las prácticas corruptas.
En segundo lugar, los órganos de control militares se mostraron absolutamente ineficaces en este caso de corrupción como lo fueron en la mayoría de los escándalos corruptos conocidos en los últimos años (ACART Getafe, Gómez Ulla o Mudanzas Falsas del Ejército del Aire), todos ellos desvelados por agentes externos (aunque en un primer momento el ministerio de Defensa quiso atribuirse los méritos en una noticia de Miguel González en El País). Por tanto, no es la pericia de los órganos policiales, fiscales o judiciales los que desvelan las tramas corruptas en el ámbito militar, sino la confluencia de una serie de casualidades.
En tercer y último lugar, al menos tres de las empresas involucradas en este escándalo (UCALSA, Cleanet y Proman) lo estuvieron en otros casos de corrupción del ámbito militar y una cuarta (Clece) forma parte del grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez e involucrado en otros polémicos casos ('Castor', por ejemplo).
Los condenados recibieron múltiples dádivas (tal y como informaron El Confidencial y El País): altas sumas de dinero (al menos 20.000 euros de UCALSA con los que uno de los acusados adquirió un Audi A5, 5.000 euros de Seguridad Integral Canaria, 6.500 euros de Cleanet, 2.000 euros de Ariete, dos sobres de 2.000 euros después de una comida con directivos de Proman), la contratación de un hijo de cada uno de los dos condenados (uno en Easy Sea East y el otro en UCALSA, empresa relacionada con José Bono, que factura varios millones de euros gracias a las Fuerzas Armadas), entradas a eventos deportivos (palcos en el Bernabéu, tenis, etc.), relojes de lujo (se incautó un reloj Hublot de 2.800 euros) y comidas en los más ostentosos y afamados restaurantes de la capital.
Como viene siendo habitual, la justicia militar mantuvo el criterio de condenar a menos de tres años de prisión a los dos altos mandos militares para que los mismos pudieran continuar su carrera en la cúpula militar. No es ni mucho menos un caso aislado, pues las Fuerzas Armadas españolas ostentan el nada reconfortante 'récord' de contar con más de cien oficiales y suboficiales 'delincuentes' (entre ellos un capitán condenado por 28 agresiones sexuales).
Esto se debe, más allá de otros muchos factores, a que la justicia militar no cumple los estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad. En este caso, el órgano que ha dictaminado la sentencia, el Tribunal Militar Central, está compuesto por tres militares, de los que dos son jurídicos y un tercero ni siquiera tiene conocimientos en derecho y pertenece al Cuerpo General de las Armas (Infantería, Artillería…). No es muy difícil concluir que los dos primeros, los jurídicos castrenses, tienen muy mermadas la independencia e imparcialidad, pero en el caso del tercero (que puede reintegrarse en el futuro a las unidades militares) estos necesarios atributos de la justicia ni están ni se les espera. De hecho, no sería descabellado que el vocal del tribunal y los condenados compartan despacho en un cuartel en los próximos años.
Sin embargo, en esta lúgubre noticia existe un halo de esperanza, ya que por primera vez en la historia reciente de la jurisdicción militar se produjo un voto particular solicitando una condena a tres años y la pérdida de empleo de los dos condenados. Esto es, el voto particular exigía la expulsión de las Fuerzas Armadas de los condenados. Este voto particular, muy acertado, fue interpuesto por el presidente del Tribunal Militar Central, pero no pudo conseguir imponerse a los otros dos miembros del tribunal, entre ellos el militar carente de formación y especialidad jurídica.
Aunque todavía existe la posibilidad de expulsar a estos dos tenientes coroneles, tal y como explicaba Germán Salido a Público ("una vez la sentencia sea firme, a los condenados se les podría abrir un expediente disciplinario que podría terminar con su expulsión"), no parece que esta vaya a producirse.
De hecho, si atendemos a lo sucedido en el caso de los anteriores militares 'delincuentes', lo normal sería que los dos condenados disfrutaran de ascensos y condecoraciones.
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