Resultó escandaloso y, sin embargo, pasó desapercibido: España acordaba recortar en gasto social y se preparaba para un ajuste de 15.000 millones de euros a la vez que comprometía casi 18.000 millones de euros en armas (30.000 millones de euros en total en varios años).
Hace un par de meses, con 'M. Rajoy' al frente del Gobierno, se pactó reducir el gasto social hasta el 40,5% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en este ejercicio con el objetivo de rebajarlo hasta el 38,5% en 2021. Esta disminución presupuestaria supuso un nuevo ejercicio de demolición del Estado del Bienestar si tenemos en cuenta que el gasto social se elevaba en España al 48% en el año 2012 o que la media europea se marca a día de hoy cinco puntos por encima. Incluso hay países que emplean más del 50% (Francia, Dinamarca, Finlandia o Bélgica gastan entre el 50 y el 55% en esta partida).
Mientras se certificaba la casi inanición de la Sanidad o la Educación, el presupuesto del ministerio de Defensa confirmaba que se aumentaría desde el 0,7% (oficial, que no real) al 2% (no sabemos si será real u ocultará más gasto). Y lo hacía, además, por imposición de Estados Unidos. Por imposición de Donald Trump, nada más y nada menos.
En la misma línea, cuando en mayo de 2018 se anunciaba la moción de censura de Pedro Sánchez, hoy ya presidente del Gobierno, se advertía que sería necesario un 'ajuste' que rondaría los 15.000 millones de euros. Recorte ligeramente inferior a lo comprometido en armas por la anterior ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
¿Cómo puede un país recortar en Sanidad y Educación mientras aumenta el gasto armamentista?
Así pues, ahora, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá decidir si acepta el ajuste exigido desde Europa a la vez que continúa adelante con la adquisición de material bélico por una cifra incluso superior. Nada hace pensar que no lo hará, de hecho, cosas de la vida, es el PSOE el que ahora defiende los presupuestos aprobados por el PP y el PP el que pretende enmendarlos. Lo que deja a ambos a los pies de sus propias palabras.
La ya exministra María Dolores de Cospedal confirmó a principios de 2018 una partida inicial de 10.800 millones de euros en armas a la que se uniría un gasto que oscilaría entre 5.000 y 7.000 millones de euros en aviones de combate para sustituir a los vetustos F-18 (entre 50 y 60 a razón de más de cien millones de euros la unidad, ya sean F-35 o Eurofighter).
No se trata del único dispendio en armas que se producirá en los próximos años, ya que el "nuevo ciclo inversor" no se conformará con los anteriores 15.000-18.000 millones de euros, sino que se elevará hasta los 30.000 millones de euros (mínimo 25.000 millones de euros), según la propia exministra.
A las escandalosas cifras confirmadas para la venta de armamento hay que añadir, por si no fuera suficiente, unos antecedentes en gasto militar que solo pueden calificarse como desastrosos.
El desastre del anterior ciclo inversor armamentista
De los 30.000 millones de euros gastados en el anterior ciclo inversor armamentístico, acaecido en los años noventa, todavía se deben unos 20.000 millones de euros. Circunstancia que se convierte casi en kafkiana si tenemos en cuenta que la mayoría del armamento ha terminado almacenado por diferentes motivos, resulta inoperativo por graves carencias o ha sufrido retrasos que han supuesto grandes desembolsos.
Recordemos los carros de combate Leopard almacenados por falta de combustible, los helicópteros NH-90 en hangares por falta de personal, el tristemente célebre submarino S-80 con problemas en la propulsión y la flotabilidad o las graves carencias del avión de transporte militar A400M, el cual no puede aerotransportar el carro de combate (éste pesa unas 70 toneladas pero la carga máxima del avión no supera las 40) y presenta dificultades serias en el reabastecimiento en vuelo y en el lanzamiento de la carga.
Si ya de por sí recortar en gasto social para invertir en armamento es más propio de regímenes subdesarrollados o en vías de desarrollo, hacerlo con el historial existente en la compra de armamento se introduce claramente en la temeridad. No hay que olvidar que la deuda existente por las compras armamentistas de los años noventa, unos 20.000 millones de euros, ha llevado al ministerio de Defensa español a la quiebra, la cual se sorteará con un aumento presupuestario que saldrá, como hemos comprobado, del recorte social, de la mengua en el gasto en mantenimiento, lo que expondrá la vida de militares, y del empeoramiento de las condiciones de vida de unos soldados que habitan cuarteles que, en muchos casos, presentan estados absolutamente tercermundistas.
Escándalo oculto
Y si este asunto no genera la alarma social que correspondería a tenor de su gravedad e importancia se debe a que la mayoría de los grandes medios de comunicación obvian relacionar una cuestión con la otra, aunque sea evidente que todo el dinero del Estado se extrae en el mismo pozo. Da igual, ellos a lo suyo, a las 'fake news', la desinformación y tal. Al fin y al cabo, les pagan los mismos que se lucran vendiendo armas.