Guatemala se muere, literalmente, de hambre: más del 80% de los guatemaltecos. En total, tres millones de personas viven en pobreza extrema (23%) y otros diez millones de personas viven en condiciones de pobreza (59%) mientras la riqueza se concentra cada vez en menos manos. Guatemala es el país 127º de 189. Un Apocalipsis que ha obligado a los casi 17 millones de personas que viven en el país a caminar por al borde del abismo.
A otro precipicio —no muy diferente ni inconexo del anterior—, también se asoma en estas fechas Thelma Aldana, ex fiscal general de Guatemala entre 2014 y 2018, sobre la que pesa una orden de detención por malversación, mentiras y fraude fiscal. Escándalo que fue mayor al emitirse la orden poco antes de confirmarse su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 16 de junio junto a Jonathan Menkos.
Thelma Aldana, de 63 años, que decidió presentarse a las elecciones junto con el partido político Movimiento Semilla, se encuentra ahora mismo en El Salvador y se niega a volver por temor a su integridad física y por considerar que no dispondrá de un juicio justo. Incluso denuncia la existencia de vehículos con matrículas guatemaltecas en las proximidades de su ubicación, lo que tratándose de Guatemala no es ni una broma ni una exageración. Sabe que la siguen porque conoce las matrículas de su etapa como fiscal general.
La ex fiscal general Aldana, por el contrario, denuncia que todo se trata de una venganza contra ella por sus años en la fiscalía, en los que muchos fueron condenados, y por sus pretensiones electorales de liderar un movimiento político de izquierdas. Movimiento que aspira a derrocar electoralmente al Gobierno actual y a las élites que lo controlan para comenzar a socavar las estructuras de abuso y opresión que existen en el país y que nadie a tenor de los datos existentes en cuanto a desigualdad y riqueza pueden ocultar.
En un caso tan complejo como el actual, en el que hay acusaciones cruzadas, conviene ceñirse lo más posible a los hechos para no perderse en un bosque de casi imposible salida. El primer elemento de sospecha sobre el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, podemos encontrarlo cuando a principios de año, el 8 de enero, ordenó la expulsión en 24 horas de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) —perteneciente a la ONU—.
Esta comisión trabajó durante once años junto al Ministerio Público consiguiendo desactivar parte de la enorme red de corrupción en la que se ha convertido el país. Este trabajo, realizado junto a distintas personalidades, una de ellas Thelma Aldana, ha provocado la prisión del expresidente del país centroamericano, Otto Pérez Molina, su vicepresidenta y varios ministros por crímenes de lesa humanidad. Es, seguramente, el buen hacer de la comisión el motivo por el que la Corte Constitucional de Guatemala suspendió la decisión de Jimmy Morales de expulsar a la Cicig.
Un segundo elemento que puede ayudarnos a encontrar algo de luz en la oscuridad del bosque de acusaciones lo encontramos en las últimas investigaciones de la Cicig antes de ser expulsada: estaban investigando la financiación electoral ilícita del actual presidente, Jimmy Morales. Y sin comisión no hay investigación.
Finalmente, un tercer elemento de indudable valor es el intento del actual presidente de amnistiar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil acaecida en el país (1960-1996). Amnistía que violaría la propia Constitución de Guatemala al modificar la Ley de Reconciliación Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por el país. La ley de amnistía de 1996 dejó fuera a los responsables de crímenes de lesa humanidad (asesinatos, secuestros o violaciones) lo que provocó la condena de 42 militares, 1 guerrillero y procesos jurídicos todavía sin concluir en la actualidad a 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad del país y 87 antiguos guerrilleros.
Por tanto, el presidente Jimmy Morales quiere exonerar a criminales de lesa humanidad, lo que no parece una gran noticia ni le deja en una buena posición. Por ello, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas se oponen frontalmente a la modificación de la ley de amnistía.
Guatemala es un país sumido en el horror de una guerra civil durante casi cuarenta años que cuando todavía no ha recuperado el pulso se encuentra dividida a causa de la modificación de la ley de amnistía que pretende olvidar más de 250.000 muertos, más de 600 masacres, 45.000 desaparecidos y más de un millón de personas desplazadas. Olvido que se produce en un país de unas riquezas innegables —el quinto país exportador del mundo de café y azúcar— y una pobreza extrema por cuanto el 49% de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica, tasa que se sitúa en el cuarto puesto a nivel mundial por detrás de Burundi, Tanzania y Zambia.
Pobreza caracterizada en Guatemala por la desigualdad. Por ejemplo, de la mencionada tasa de menores de 5 años con desnutrición crónica el 70% de ellos son indígenas. Son, por tanto, los indígenas y las áreas rurales las comunidades más castigadas, lo que queda en evidencia al comprobar que Guatemala es el segundo país del mundo con mayor desigualdad a la hora de acceder a la tierra, solo por detrás de Brasil.
La desigualdad, como es bien sabido, es un indicador casi infalible de corrupción y carencias democráticas, especialmente si hablamos de países en los que no escasean las riquezas naturales. Guatemala es, por tanto, un país herido por la guerra civil y saqueado por las élites.
Por si fuera poco lo relatado hasta ahora la situación de la mujer es absolutamente dramática en un país tradicionalmente machista y patriarcal. Más de 500 mujeres son asesinadas al año sin que en la mayoría de los casos ni siquiera se investigue —tan solo el 4% de los casos terminan en condena— (en 2017 se registraron 45.975 delitos de violencia contra la mujer y 813 homicidios). Las mujeres son violadas, torturadas o mutiladas con total impunidad y arrojadas en las calles como si fueran basura, atrocidades cometidas en el 60% por un hombre con relación cercana a la mujer (padre, hermano, padrastro, etc.).
En este caso, ni Estados Unidos ni sus aliados occidentales ofrecieron plazo alguno al presidente guatemalteco para deponer su actitud ni tan siquiera el país pasó a engrosar la denominada 'Troika del Mal'. Quizás eso suceda si Thelma Aldana llega a la presidencia y pone en funcionamiento mecanismos de redistribución de rentas y gasto social, pero de momento Occidente tiene otras prioridades antes de Guatemala.
No sabemos todavía si la exfiscal Aldana posee la capacidad de hurto que se le atribuye, pero resulta más que incuestionable que Guatemala será un país mejor con una exfiscal que encerró a corruptos y delincuentes junto a las Naciones Unidas que con un presidente que pretende amnistiar a criminales de lesa humanidad.
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