Hace escasas semanas, a finales del mes de junio, un padre —Óscar Alberto Martínez Ramírez— y su hija pequeña —Valeria—, menor de dos años, fallecieron al intentar cruzar el río Bravo, cerca de la ciudad mexicana de Matamoros, para llegar a Estados Unidos. La imagen es absolutamente desgarradora. El padre yace bocabajo, medio cubierto por las aguas y semidesnudo por acción de la pequeña, que quedó todavía abrazada a la cabeza de su progenitor. Como si hasta en la muerte hubiera querido estar junto a su papá.
Para muchos es imposible contener las lágrimas al ver la instantánea y pensar en la angustia que debieron padecer, en lo injusto que es que un padre y su hija —con solo 23 meses— fallezcan por la desgracia de una frontera. De una Administración que les impide llegar a un país en el que la mayoría de los residentes arribaron huyendo de la pobreza o soñando con un mundo mejor.
Ese mundo mejor es el capitalismo, el mundo del negocio y el show. Y en ese mundo, ahora regido por los designios de un sujeto que pasará a la historia y no precisamente para bien, Óscar y Valeria ni tan siquiera han servido para evitar más muertes o para que las que les precedieron —como los dos bebés, una niña y una mujer fallecidas en el valle del Río Grande por el calor extremo— tuvieran algún sentido.
Terminado el luto mediático, inánime el trending topic, evaporadas las lágrimas, la apisonadora capitalista de Trump aplastó también la fotografía de Óscar y Valeria para dirigirse, implacable, hacia territorios más meridionales. Conseguido en México el 'muro militar' tras duras amenazas, ahora Estados Unidos ha logrado la condición de 'tercer país seguro' para Guatemala, no sin antes utilizar nuevamente amenazas, como la prohibición de viajar a Estados Unidos y la imposición de impuestos y aranceles a todos los productos guatemaltecos exportados al país norteamericano.
El acuerdo migratorio y las críticas
El acuerdo migratorio firmado el pasado viernes 26 de julio por los presidentes de ambos países —Donald Trump y Jimmy Morales— obliga a realizar la solicitud en el país centroamericano a todas aquellas personas que quieran pedir refugio o asilo en Estados Unidos, y que previamente hubiesen pasado por Guatemala. El convenio fue tildado por Kevin K. McAleenan, secretario interino de Seguridad Interior, como de "tercer país seguro", calificación que, sin embargo, evitó el presidente guatemalteco debido a que ello le obligaría a contar con una aprobación parlamentaria.
Donald Trump, haciendo uso de su tan habitual cinismo, aseguró que con este acuerdo mejorará la migración hacia Estados Unidos y que, además, ello permitirá mermar el tráfico de personas y golpear duramente a los traficantes. Opinión que no parece compartida por las más reputadas asociaciones pro derechos humanos, como es el caso de Transparencia Internacional o Amnistía Internacional. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, ha expresado en las redes sociales su firme oposición al convenio por poner en peligro los Derechos Humanos de los migrantes que buscan asilo y protección.
La oposición guatemalteca también se ha mostrado contraria al acuerdo. Por un lado, se critica la opacidad con la que se han desarrollado las negociaciones y, por otro, se esgrime la violación grave que supone la firma del mismo, sin que antes hubiera sido aprobado por el Parlamento. Es decir, se trata de objeciones sustentadas en cuestiones más formales que estructurales, aunque ello no impide que en el sustrato existan motivaciones económicas: las decenas de miles de hondureños y salvadoreños que serán trasladados al país mesoamericano, una vez soliciten asilo en Estados Unidos, y los centenares de miles de guatemaltecos que serán devueltos al país.
La inconstitucionalidad y las protestas populares
Tanto el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, como Acción Ciudadana, dependiente de Transparencia Internacional, presentaron este lunes 29 de julio una demanda ante la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitando que el acuerdo se declare nulo, en vista de que el mismo habría sido rubricado bajo amenazas. Y lo cierto es que nadie puede negar que las mismas han existido, pues múltiples medios de comunicación en todo el mundo así lo atestiguan.
Por tanto, para Rodas, la firma del acuerdo migratorio violaría el artículo 52 de la Convención de Viena, que señala "nulo todo tratado u acuerdo obtenido bajo amenazas". Además, el procurador para los Derechos Humanos solicitó el cese de Enrique Degenhart, ministro de Gobernación y firmante del documento, por carecer de potestad para la rúbrica del mencionado convenio.
Por otra parte, la ciudadanía se ha manifestado frente a la Casa Presidencial en señal de rechazo a la firma del acuerdo, pues el país se encuentra en un situación de gran pobreza. No hay que olvidar que es precisamente Guatemala desde donde más migrantes han partido hacia la frontera norteamericana: en el último año fiscal, se cuentan casi 250.000 personas.
Guatemala, hacia una catástrofe humanitaria
El último Informe Nacional de Desarrollo Humano, elaborado por la ONU (PNUD) en Guatemala (octubre de 2017), asevera que en el país mesoamericano, de 17 millones de habitantes, más de tres millones de personas viven en pobreza extrema —el 17% de la población total— y casi doce millones de personas —un 67% de la población— "sufren carencias que vulneran su bienestar".
Según el mismo documento, Guatemala muestra un marcado deterioro de las condiciones de vida entre 2006 y 2014, y niveles de pobreza y desigualdad tan elevados que "evidencian que el modelo de desarrollo adoptado no ha sido efectivo para promover el bienestar de la mayoría de la población". Ello se debe a que, en los últimos años, "la economía ha crecido de forma moderada y sostenida", pero la pobreza ha continuado incrementándose.
Llegados a este punto, no es posible ser deshonesto ni trabajar los eufemismos: pretender que un país del que han huido 250.000 personas en los últimos meses por la situación de pobreza y desigualdad, donde viven tres millones de personas en situación de extrema pobreza y otros doce millones sufren carencias, se haga cargo de los migrantes nativos devueltos y de aquellos que atraviesen el país en dirección hacia Estados Unidos, es una auténtica barbaridad. Un salvaje ataque a los Derechos Humanos y una irresponsabilidad que puede causar no solo un conflicto internacional con El Salvador y Honduras, sino una catástrofe humanitaria.
Tras decisiones irresponsables como las adoptadas por Donald Trump, por Occidente, mueren al año millones de personas y decenas de millones vagan como desplazados o refugiados. Aylan y Valeria no solo son dos instantáneas de la tragedia humanitaria que acontece junto a nosotros mientras el negocio y el show continúan, sino que son dos consecuencias de ello.