Oficialmente, Marco Oto, un manifestante de 26 años, no está muerto. Oficiosamente, habría sido la cuarta víctima mortal desde que el pasado jueves comenzaran las protestas, tras las cuales más de medio millar de personas fueron detenidas. Habría perdido la vida tras caer en un paso elevado cuando huían de los agentes policiales. Oficialmente, el Gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno sigue vivo, pero, como Marco Oto, podría haber fallecido.
El detonante de la crisis ha sido el anuncio de una profunda reforma del país que contemplaría la eliminación de la subvención a los combustibles, cuyo coste anual supone unos 1.300 millones de dólares, lo que provocó que el combustible subiera un 25%, aumentando el precio del galón de gasolina —3,8 litros— de 1,85 a 2,30 dólares. Esta medida, la más controvertida, será acompañada por una reforma laboral para introducir la contratación temporal, la disminución de salarios y la retirada de aranceles a bienes y materias primas. Un giro económico salvaje que ha provocado una reacción inmediata: los transportistas paralizaron su actividad, los colegios suspendieron las clases y se comenzó a organizar una huelga general.
Sin embargo, el origen de lo que acontece en Ecuador se remonta a mayo de 2017, cuando el que fuera vicepresidente de Rafael Correa, Lenín Moreno, se convirtió en presidente de Ecuador. Casi de inmediato se abrió un abismo entre ambos, ahora separados por un océano —Rafael Correa vive en Bélgica y en Ecuador hay una decena de procesos judiciales en su contra—, cuando el actual presidente abandonó la mar socialista para dirigir al país hacia aguas capitalistas. Uno de los daños colaterales de ese profundo viraje fue Julian Assange, entregado de aquella manera, y una de las consecuencias, el crédito de 4.200 millones de euros del Fondo Monetario Internacional a Ecuador —que llegarían a más de 9.000 millones de euros con otros organismos internacionales— a cambio de las reformas que ahora han llevado al país casi al colapso.
Tras las numerosas protestas, especialmente apoyadas por los indígenas, el Gobierno ecuatoriano, que alega que tanto el préstamo recibido del FMI como las medidas derivadas son necesarias debido al estancamiento económico en Ecuador en los últimos cuatro trimestres, con tasas de crecimiento inferiores al 0,5%, declaró el estado de excepción.
Este estado de excepción tuvo su respuesta en los indígenas, los cuales a su vez también declararon el estado de excepción y amenazaron con retener a los policías y militares que entraran en su territorio. De hecho, llegaron a retener a cincuenta militares en la provincia de Chimborazo.
En este contexto, casi prebélico, las protestas fueron aumentando hasta que Lenín Moreno no tuvo más remedio que trasladar la sede gubernamental desde la capital, Quito, hasta Guayaquil, en la costa, lo que no impidió que los manifestantes tomaran por la fuerza el vestíbulo de la Asamblea Nacional, en la que la actividad había cesado.
Ecuador se ha convertido en una batalla más del conflicto económico que afecta a todo el planeta y, muy especialmente, en los últimos años a Latinoamérica. De inmediato, los diferentes actores se posicionaron: en España, algunos medios apoyaron las reformas de Lenín Moreno con artículos donde todos los analistas consultados estaban a favor de las mismas —ni una voz crítica—; el propio FMI respaldaba al Gobierno ecuatoriano; en Venezuela, Juan Guaidó hacía lo propio; desde Bruselas, Rafael Correa criticaba con dureza las reformas y solicitaba elecciones; y países pro Estados Unidos como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú respaldaban en un comunicado a Lenín Moreno. La culpa de lo sucedido para los actores occidentales, por supuesto, recayó en Nicolás Maduro, que, como el efecto mariposa, cada vez que aletea una revolución se organiza en Latinoamérica.
Para dilucidar lo que de verdad acontece en Ecuador es necesario acudir a los datos, a las pruebas del crimen. Cuando los Estados Unidos se lanzaron a extirpar el socialismo del mundo, por ejemplo, en Chile y Argentina con Pinochet, Videla y las salvajes torturas y persecuciones que perpetraron, lo hicieron bajo la promesa de que aquello no sería nada más que un pequeño sacrificio por el bien de la Humanidad, pero lo cierto es que aquello fue un enorme sacrificio por el bien de una pequeñísima parte de Humanidad.
Hace solo un lustro Thomas Piketty ya describía en Capital en el siglo 21 cómo el neoliberalismo había provocado en las tres últimas décadas el aumento de la desigualdad y la creación de un tercer mundo en el seno del primer mundo y de un primer mundo en el tercer mundo. Las élites mundiales quedaron unidas por un único objetivo: acumular capital. Por ello, cuanto más rico más se acumula capital y con mayor rapidez: el 1% más rico cada vez es más rico; el 0,1%, mucho más; el 0,01%, más todavía… Ello está provocando que los niveles de desigualdad del siglo XXI se acerquen cada vez más al siglo XIX. Desde entonces nada ha cambiado, de hecho la situación ha empeorado considerablemente.
Esto se debe a que las sociedades capitalistas, gracias al libre mercado y a la ausencia de herramientas correctoras, distribuyen de forma desigual la riqueza y los ingresos, ya que el rendimiento del capital (4-5%) ha sido y es hasta cinco veces superior a la tasa de crecimiento (1-2%).
En el caso de Ecuador, además, existe una componente específica como es la existencia de población indígena y afroecuatoriana (entre ambas suman más de dos millones), cuyos índices de pobreza son superiores a la población blanca: en 2013 el 51,1% de los indígenas es pobre; el 35,9%, en los afroecuatorianos; y el 14,3% en los blancos. Las zonas de mayor pobreza entre adolescentes en el año 2012 fueron Bolívar (91%), Chimborazo (89%) y Esmeraldas (81%). Es obvio, pues, que la pobreza se concentra con mayor intensidad entre indígenas y afroecuatorianos, lo que subyace en la belicosidad de estas poblaciones. No es que sean belicosas por gusto.
Ecuador, con 17 millones de habitantes, posee un PIB de 91.034 millones de euros (2018) y una deuda de 41.211 millones de euros. Cifras todas ellas inferiores a los beneficios, por ejemplo, de Aramco, la petrolera estatal saudita, que logró 99.130 millones de euros. Apple, Samsung y Alphabet juntas superarían los 110.000 millones de euros de beneficios. Algo no va bien cuando una empresa obtiene más beneficio que todo el PIB de un país de 17 millones de habitantes.
Y de esto va precisamente lo que acontece en Ecuador. De un presidente que pretende reformar el país con lo que se ha denominado 'Paquetazo' para que las grandes empresas puedan operar con mayor libertad, se recorte el gasto público y aumente la precariedad laboral. Esto es mayor crecimiento en puntos porcentuales del PIB, pero mayor concentración de estos puntos porcentuales en los más ricos. Lo que estas medidas depararán a los ecuatorianos ya las conocen en muchas partes del planeta: desigualdad, pobreza y precariedad laboral.
Los indígenas que ya detuvieron en los años noventa medidas neoliberales como la privatización del Seguro Social Campesino, son ahora la única esperanza del país. No son los revolucionarios de Maduro, son los pobres defendiendo su porvenir.
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