Hace casi dos meses, más de 3.000 kilómetros de la costa brasileña se vieron afectados por un vertido de hidrocarburo de origen todavía desconocido —se sospecha que pudiera tener su origen en un buque de bandera griega— que afectó a centenares de playas —296 en 101 municipios—. El impacto ecológico y económico ha sido devastador.
Como consecuencia del vertido, tanto el turismo como la pesca se han desplomado, y pocos son los que quieren bañarse en las icónicas playas brasileñas o comprar el pescado y el marisco recogido por los trabajadores locales.
Ante este desastre, Brasil anunció que desplegaría 4.000 militares para la recogida del vertido, aunque finalmente, como suele ocurrir en estos casos, en realidad no llegaron a 2.500 —2.350, exactamente—. Actualmente, después de recoger 4.000 toneladas de petróleo, han quedado limpias las playas del Ceará, Río Grande del Norte, Paraíba y Pernambuco, pero todavía quedan centenares de playas por limpiar.
No cabe la menor duda de la eficacia de la actuación de militares en determinadas situaciones de siniestro o catástrofe, pero otra cuestión muy diferente es lo referente a la necesidad y la eficacia. Por ejemplo, en el caso de Brasil, desplegar, como ha sido el caso, 2.500 militares en las playas, para retirar vertidos de hidrocarburo ha sido una decisión satisfactoria, independientemente de los conocimientos, el rendimiento y la experiencia de estos militares, pues conseguirán retirar una considerable cantidad de hidrocarburo.
Desde mi experiencia personal, recuerdo cuando en España se produjo una situación similar en el año 2002. Entonces, el hundimiento del petrolero Prestige provocó una de las mayores catástrofes humanitarias con vertidos de hidrocarburos que afectaron a varios miles de kilómetros. En aquella época yo acaba de ingresar en el Ejército y, de hecho, me encontraba todavía en la academia militar. Así y todo, junto a los compañeros acudimos a retirar el hidrocarburo que pudimos. Contribuimos, sí; se trabajó duro, sí; pero aquello fue un desastre desde el punto de vista operativo. Sin embargo, resultó un gran triunfo desde el punto de vista de la mercadotecnia: la marca 'Fuerzas Armadas españolas' ganó enorme popularidad en Galicia, la zona afectada.
Para retirar vertidos de hidrocarburos hay que seguir un protocolo estricto para que ello no afecte a la salud de las personas que realizan tal trabajo. Trajes especiales, número de horas limitadas, sellados especiales, etcétera. Nosotros no teníamos la más mínima formación sobre la materia, lo que obviamente mermó de forma considerable la eficiencia del trabajo.
Aquellos fueron en España los primeros pasos hacia la creación de la UME (Unidad Militar de Emergencias), una unidad de las Fuerzas Armadas españolas dedicada en exclusiva a situaciones de emergencia, como incendios, terremotos u otras catástrofes. Aunque al principio la cúpula militar española recibió con reticencias la creación de un cuerpo castrense con funciones alejadas de lo militar, pronto descubrieron el enorme beneficio que generaban: elevaron considerablemente los incides de popularidad hasta convertir a las Fuerzas Armadas en una de las entidades más valoradas por los ciudadanos.
Sin embargo, tras el éxito comercial subyace una realidad muy diferente. En los primeros diez años de existencia, que se cumplieron en 2015, la UME realizó 264 intervenciones, de las que el 80% fueron incendios, cuyo coste ascendió a 14,3 millones de euros. En total, llegó a movilizar un total de 37.500 efectivos. Los datos actuales, casi cinco años después, no mejoran la situación. 3.500 efectivos, 150 millones de euros al año de mantenimiento y una inactividad palmaria: cada bombero realiza 18 actuaciones al año y cada militar de la UME realiza 0,0084 actuaciones al año.
Después de quince años de vida y 2.250 millones de euros gastados, la conclusión no puede ser más evidente: eficaz para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, sí; eficiente servicio a la ciudadanía, no.
El fracaso de la militarización de las emergencias en España no es un caso único, pues la militarización de la seguridad pública también ha consumado un estrepitoso descalabro en aquellos países, principalmente latinoamericanos, en los que se ha producido. Desde México a Brasil, pasando por Colombia, los militares se han mostrado incapaces de ofrecer seguridad y ello se debe, fundamentalmente, a que la quiebra de la seguridad ciudadana no es en sí misma un problema, sino una consecuencia.
México sufrió durante la primera parte de 2019 el semestre más violento de su historia con más de 17.000 asesinatos, más de cien diarios; Colombia acaba de perpetrar la matanza de ocho menores asesinados en una interminable lista de 'falsos positivos'; Chile está inmersa en múltiples denuncias de asesinatos, torturas y violaciones; y Brasil alcanzaba el récord histórico más violento de su historia durante 2017 con 63.880 asesinados, más de 175 asesinatos al día, récord que este año parece que será superado, ya con los militares desplegados en tareas de seguridad, pues la tasa seguía creciendo este verano de 2019.
Cuando los índices de criminalidad se elevan, ello suele responder a índices de pobreza y desigualdad elevados derivados de un estado incapaz de ofrecer los servicios públicos mínimos, no solo la seguridad. En estas circunstancias, las redes criminales son las que sustituyen al propio estado y, claro está, ello genera unos niveles de criminalidad muy elevados por las luchas por el poder y el control del territorio. México y Brasil son, al menos en parte, estados fallidos que son incapaces de mantener el control de su propio territorio.
Si los militares están invadiendo espacios ajenos en los últimos años, lo hace con el ánimo de encontrar una razón existencial, siendo las áreas de la seguridad y las emergencias las más apetitosas, lo que debe poner en guardia a la ciudadanía: numerosos países latinoamericanos ya han militarizado su seguridad y Brasil, país dirigido por un exmilitar, podría estar tentado de mejorar la imagen de sus fuerzas armadas militarizando las emergencias. Sería una operación de marketing con un elevado coste para la ciudadanía.
Por todo ello, se hace necesario que la ciudadanía, especialmente las asociaciones y los grupos activistas trabajen en la desmilitarización de la seguridad ciudadana e impidan que los ejércitos invadan también las emergencias.
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