El 'pretorianismo' —la influencia de los militares en la vida civil— ha vuelto a golpear Latinoamérica con fuerza y ha derrocado al presidente de Bolivia, Evo Morales, en una maniobra que solo puede catalogarse como golpe de Estado.
En una corriente de creciente militarización de toda Latinoamérica, en la que cada vez resulta más frecuente encontrar a las fuerzas militares realizando labores de seguridad —México, Brasil, Colombia—, reprimiendo las manifestaciones de la sociedad —Ecuador, Chile— o participando de masacres, violaciones o torturas —Brasil, Chile—, los militares han vuelto a actuar.
Desde la fatídica mitad del siglo pasado en el que las dictaduras militares recorrieron toda América Latina, espoleadas por el liberalismo y acaudilladas por los Estados Unidos, no se había vivido una situación de mayor tensión regional como la actual. Con el paso perdido de la izquierda, retornó la marcialidad a la sociedad latinoamericana en lo que parecía el resurgir de las crías de los halcones norteamericanos, pero el agrietamiento del modelo neoliberal parece apuntar a un retorno a la Izquierda: Lula cabalga de nuevo; Maduro resiste; y Sebastián Piñera y Lenín Moreno sufren acosados por sus propias contradicciones.
En esta situación de máxima intensidad y de refriega política en la que Latinoamérica se encuentra librando una batalla por la hegemonía ideológica a nivel regional y geopolítica a nivel global, los militares han vuelto a golpear a un gobierno. Y lo han hecho por el mismo flanco por el que acostumbran: la derecha. Por este flanco atacaron a la ciudadanía en Chile y Ecuador y por este flanco han derribado a Evo Morales en Bolivia. No es casualidad, pues lo insólito es que los militares apoyen gobiernos que no estén sometidos a los designios norteamericanos.
Bolivia, arrojada al vacío
Bolivia se encuentra en estos momentos inmersa en el vacío de poder porque Evo Morales ha renunciado a su cargo —al igual que su vicepresidente— ante el riesgo de arrojar a todo el país al abismo de una confrontación armada de imprevisibles consecuencias.
Todo comenzó cuando tras las elecciones generales de Bolivia —20 de octubre—, se produjeron protestas que exigían la anulación de las elecciones. Después de casi veinte días de manifestaciones; la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las irregularidades del proceso electoral —se produjo una interrupción durante el recuento y tras el mismo, en lugar de una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, que parecía lo más probable, se produjo una victoria de Evo Morales—; el motín de las fuerzas policiales —desde hace varios días no actúan ante las protestas—, y las sugerencias de los jefes de la Policía — Vladimir Yuri Calderón— y las Fuerzas Armadas —Williams Kaliman— para que Evo Morales dimitiera; el presidente cedía a la presión y este mismo domingo convocaba, primero, elecciones y, poco después, dimitía.
Aceptando que la situación producida durante la noche electoral en Bolivia no es ni mucho menos aceptable —la nefasta interrupción—; que el episodio no es, lamentablemente, insólito en la historia del país y la región; y que desde hace tiempo se ciernen serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Electoral boliviano, la cuestión es ¿cuál debería hacer sido la actuación de los cuerpos policiales y militares en Bolivia?.
De posible fraude electoral a certero golpe de Estado
Porque Bolivia pasó de unas coordenadas como las analizadas, en las que las sombras sobre irregularidades electorales amenazaban al Gobierno, a unas coordenadas claramente golpistas en las que policías y militares, por distintos motivos, han derribado un gobierno. Una actuación cuyas consecuencias a día de hoy son imprevisibles.
En primer lugar, lo cierto es que gran cantidad de las pruebas en las que se basa el fraude electoral, como las fotos y vídeos de cajas llenos de votos siendo trasladados, se han revelado como insuficientes incluso para medios pro-Occidentales carentes de la necesaria credibilidad periodística como El País. En este mismo medio, como en otros muchos, además, se pueden encontrar serias críticas —México y Nicaragua, por ejemplo— al comunicado de la Organización de Estados Americanos —OEA—, por lo inoportuno del momento elegido para emitirse, al convertirse en combustible para los manifestantes.
En segundo lugar, tras la —no— actuación de la policía —han muerto tres personas y cientos han resultado heridas— existen intereses cuanto menos inciertos, pues durante los últimos años el Gobierno se había posicionado en la rivalidad que mantienen cuerpos policiales y militares en favor del Ejército.
En tercer lugar, las manifestaciones de la oposición comenzaron incluso antes de existir pruebas, como mínimo indiciarias, sobre una posible manipulación electoral. De hecho, no era la primera vez en la que un recuento se detenía en Bolivia al llegar al 80% del escrutinio.
Por tanto, la actuación de policías —se amotinaron y después solicitaron, mediante su jefe, nuevas elecciones y la dimisión del presidente— y militares —el jefe de las Fuerzas Armadas, afirmó en primer lugar que no se enfrentarían a los manifestantes y después pidió a Evo Morales que dimitiera uniéndose al jefe de la Policía—, aun cuando efectivamente se hubiera producido fraude electoral, ha sido y es censurable, delictiva e inapropiada. En un país democrático, y Bolivia pretende serlo, el papel de los policías y los militares no puede ser bajo ningún concepto desequilibrar la balanza en una situación de tensión, confrontación e incluso fraude. Esa es la misión del poder judicial de un país y en caso extremo de las organizaciones internacionales, pero nunca, de los policías y militares. Es lo que se conoce como Estado de Derecho.
En un Estado de Derecho, la actuación correcta habría sido que las autoridades judiciales hubieran abierto los correspondientes procedimientos y la policía, en ningún caso los militares, hubieran actuado a instancias de las resoluciones judiciales.
Pues el único margen de maniobra de cuerpos policiales y castrenses, es justo el contrario, y emana de los derechos humanos y el derecho internacional: solo deben oponerse a vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos, como cuando se les ordena emplear la violencia, que no la fuerza con la correspondiente moderación, o cuando alguno de sus efectivos la perpetren. Por lo tanto, cuerpos policiales y militares pueden oponerse a reprimir violentamente a la ciudadanía, pero no a mantener el control ciudadano —como ha sido el caso—; ni mucho menos a pronunciarse públicamente en favor de un bando —como también ha sido el caso—; y, menos aún, llegar al extremo de sugerir —con pistolas y fusiles— la dimisión del presidente —como también ha sido el caso—.
La gran importancia de los cuerpos policiales y militares
Lo sucedido en Bolivia, unido a las últimas actuaciones de militares en Ecuador, Colombia, México, Chile o Brasil —y la no actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas en el intento de golpe de Estado de Juan Guaidó en Venezuela— deben suponer un punto de inflexión y de reflexión para la sociedad latinoamericana y, muy especialmente, para los sectores más progresistas.
No se puede construir una sociedad mejor, no se puede caminar hacia el bienestar social, no se puede conquistar el Estado de Derecho y no se puede progresar sin la democratización y la pluralidad de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales de un país. Porque cuando ello sucede, cuando un país avanza hacia un mayor reparto de la riqueza y una mayor justicia social, las élites estarán tentadas de esgrimir a militares y policiales para derribar el gobierno en cuestión y solo la pluralidad ideológica y la plena democratización de las cúpulas militares podrán impedirlo. Bolivia, hoy bien lo sabe.