México se desangra cada día que pasa a medida que los secuestros, feminicidios, extorsiones, tratas de personas, robos –sobre todo de combustible, conocido como huachicoleo– y asesinatos se perpetran, obteniendo cada año un nuevo récord de los índices de criminalidad. Durante 2019 fueron asesinadas 34.582 personas en el país azteca, lo que supone un nuevo récord y un 2,5% más que el año anterior, 2018, en el que la cifra también fue la mayor registrada hasta ese momento. Además, más de 1000 mujeres perecieron a manos de sus parejas, lo que supuso aumentar los feminicidios en más de un 10% con respecto al año anterior.
La situación es de una gravedad tal que, en los delitos en los que se concentran la mayoría de los crímenes –Guanajuato, México, Michoacán, Jalisco y Baja California–, el nivel de violencia es superior a países como Siria o Afganistán. No hablamos en ningún caso de áreas pequeñas, pues en estos estados vive actualmente casi una cuarta parte de toda la población de México, es decir, alrededor de 40 millones de los más de 130 millones de mexicanos.
Estados Unidos se enriquece
Mientras hace solo unas semanas, en diciembre de 2019, en Colima se registró una tasa de 275,5 delitos por cada 100.000 habitantes, desde diferentes medios se señalaron como las causas más importantes de este elevado nivel de violencia a las guerras entre los carteles o el aumento del huachicoleo –en 2018 llegó a detectarse en más de 12.000 sitios clandestinos–. No cabe duda que a mayor enfrentamiento entre carteles o mayores actividades delictivas, mayor tasa de criminalidad, pero los carteles y las actividades delictivas no son ni pueden ser considerados como el origen de la criminalidad. No son ni mucho menos la causa. Esta es mucho más profunda.
Aunque la siguiente tampoco es la causa, se acerca mucho más al origen: Estados Unidos vende la mayoría de las armas usadas en las actividades delictivas. Este negocio resulta a estas alturas innegable. Más del 70% de los asesinatos se produjeron con armas de fuego y el uso de rifles automáticos aumentó un 63% con respecto a 2018. Los Estados Unidos están haciendo negocio, una vez más, con la muerte y aunque se comprometen a intentar reducir esta venta de armas, ¿serán capaces de anteponer las vidas de los mexicanos al negocio de sus empresarios? No lo parece.
Estado fallido, business USA
Allá donde se encuentre un Estado fallido hay negocio: Irak o Afganistán son ejemplos de ello. En ausencia de una dictadura opresora y corrupta, no hay mejor negocio para el salvaje capitalismo neoliberal que un Estado fallido. No solo resulta un negocio redondo para la industria armamentista de Estados Unidos, la mayor del planeta con más del 30% del mercado, sino que posibilita muchos más lucros y oportunidades. Y México está cerca de serlo, pues cumple con las características básicas de un Estado fallido: pérdida del control efectivo del territorio en cuanto al monopolio de la violencia, la prestación de servicios y la legitimidad. Un ejemplo que demuestra esta situación es que niños indígenas se hayan armado para defenderse de los narcos en el estado de Guerrero.
Por un lado, un Estado fallido es un estado débil y ello a la hora de cualquier negociación, como fue la que durante junio del año 2019 se produjo con Estados Unidos por la cuestión migratoria, facilita la imposición de condiciones que de otra manera serían impensables. Que México se haya convertido en la policía fronteriza norteamericana es un ejemplo de ello y también una de las razones de las altas tasas de criminalidad actuales.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador decidió crear una Guardia Nacional compuesta por policías militares y navales para sustituir a la Policía Federal, en funcionamiento desde 1997. Decidió militarizar la seguridad civil de México. Un craso error encomendar a fuerzas militares lo que deberían ser cometidos de fuerzas policiales civiles, pues en ningún país en el que ello se ha producido ha funcionado –como Brasil, por ejemplo–, pero en el caso mexicano ello se vio agravado cuando los norteamericanos convirtieron a la policía mexicana en su policía fronteriza. Ello obligó a México a desviar efectivos y recursos a las fronteras norte y sur. Recursos que hasta entonces estaban siendo utilizados en reducir la violencia.
Pero el business USA va mucho más allá de convertir México en guardia fronteriza a la carta y campo de tiro de sus armas. No es casualidad, por tanto, que los aztecas se convirtieran durante el año 2019 en el socio comercial más importante de Estados Unidos con 97.418 millones de dólares. Un lucrativo negocio muy alejado de la ciudadanía.
En México hay desequilibrios territoriales y desigualdades ciudadanas terribles que están generando unos niveles de pobreza, en algunos casos extrema, casi insoportables. Así, según datos registrados en 2019, mientras en la mitad norte del vasto país la pobreza extrema se encuentra por lo general por debajo del 5%, en la mitad sur supera claramente el 15%: Veracruz, el 16,4%; Guerrero, el 23%; Oaxaca, el 26,9%; y Chiapas, el 28,1%. Además, según Oxfam México, durante toda la década pasada, el 10% más rico de México ganó más de veinte veces más que el 10% más pobre. Un nivel de desigualdad casi enfermizo.
Los militares –y cuerpos policiales– nunca son la solución
Los militares –y los cuerpos policiales– son reflejo de un problema, es por ello que la militarización de funciones policiales no solo no está consiguiendo solucionar el problema, sino que pareciera agravarlo. Si México quiere terminar con los actuales niveles de violencia y alejarse del abismo que está cerca de convertirle en un Estado fallido, debe necesariamente aumentar el gasto social. No es una solución inmediata, obviamente, pero es la única posible.