Casi cada acontecimiento en la Unión Europea se convierte en una terrible batalla en la que las victorias, de ser, son pírricas. Una auténtica unión del desgobierno. Un paradigma de lo que jamás debe volver a suceder en un proyecto de aspiración supranacional. Un vestuario de fútbol en el que a los integrantes del equipo les importa un pimiento ganar o perder, sino que sus estadísticas sean las mejores posibles. Un continente cada día más viejo y más subordinado a una codicia y una insolidaridad histórica –hasta tres grandes guerras nacieron en su seno y una infinidad de conflictos armados–.
De un lado se encuentran Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca, los principales contribuyentes, que exigen que la aportación quede en el 1 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) en el próximo septenio –2021 a 2028–, cuando de 2014 a 2021 fue del 1,16 %. Además, solicitan un reembolso anual que reduzca sus aportaciones. De otro lado, todos los demás, los que menos tienen, los que quieren más, que piden presupuesto del 1,3 %. Y la Comisión Europea, como un juez salomónico, trazando la divisoria de las migajas en disputa con escuadra y cartabón en el 1,07 %. La estampa postbrexit no puede ser más desalentadora: veintisiete personas, algunas de las más ricas del planeta, peleando en un restaurante por las migajas de las migajas del postre.
Los presupuestos de la Unión Europea representan el 2 % del gasto público en Europa y casi no llegan al 1 % del PIB. Peor aún, pues dos terceras partes están ya decididos, pues serán destinados a agricultura y cohesión. Se está peleando un tercio de los presupuestos, se pelea encarnizadamente por el 0,33 % del PIB europeo. Tras la salida de los británicos, no es que sean veintisiete, es que lo extraño es que todavía sean veintisiete.
La bronca de las dos últimas semanas por los presupuestos europeos en los que casi todos los políticos nacionales han aireado sus quejas en público lleva negociándose a cara de perro desde mayo de 2018 y no se prevé que la negociación termine hasta mediados de este año. Más de dos años de salvaje regateo, burdas presiones y pérfidas maniobras políticas por dos décimas del PIB. Con este panorama no es de extrañar que Europa pagara por deshacerse de los refugiados y convirtiera aquella operación en una de las mayores tratas de humanos de la historia.
Pero el egoísmo tiene otro rostro, pues los países europeos no solo quieren dar lo mínimo posible para obtener lo máximo posible, sino que se pretende que Europa progrese en cuanto al aumento de competencias: defensa, migración, transformación digital o fiscalía. Recordemos que hasta hace poco se hablaba de un ejército comunitario. Con los presupuestos que se manejan y el egoísmo que se exhibe será un milagro que Europa no se rompa en varios pedazos.
Porque Europa, la Unión, debería ir en aumento con cada presupuesto. Sin embargo, ya el anterior presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker propuso rebajar los presupuestos del 1,16 % al 1,11 % y el actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha rebajado todavía más los presupuestos al situarlos, como hemos comentado, en el 1,07 %. No es suficiente. Los más ricos quieren mucho menos todavía. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen –ex ministra de Defensa con Angela Merkel– apoya los presupuestos de Charles Michel, aunque no parece que vaya a tener éxito.
Esta obscena pelea en los cielos europeos tendrá consecuencias terribles en el inframundo de la Unión, ya que uno de los problemas con el que se encontrarán los europeos será el descenso de las ayudas, pues con el presupuesto de Charles Michel, del 1,07 %, ya era necesario hacer recortes del 14 % en las ayudas agrícolas y 12 % en las ayudas estructurales. Los más pobres pagarán las victorias políticas de los más ricos.
El problema de fondo de los presupuestos europeos, como ya hemos comentado, radica en una alarmante falta de solidaridad y un agobiante déficit de perspectivas. El sistema europeo establece que haya países netamente aportadores de dinero, como es el caso de los más ricos –Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria o Suecia– y que otros países se conviertan en receptores. Ello provoca que los más ricos siempre peleen para reducir sus aportaciones y los más pobres lo hagan para aumentarlas.
Pero para que los países actualmente más ricos, que ya lo eran hace décadas, hayan continuado acumulando riquezas ha sido necesario que los más pobres se integraran en Europa, suprimiendo de esta forma aranceles y otro tipo de protecciones, para que las grandes corporaciones invadieran sus mercados. Los países del sur de Europa y de la antigua Europa Oriental han sido durante décadas literalmente expoliados, aprovechando lo que de ellos más se necesitaba y utilizándolos como mercado y mano de obra barata.
Pero no solo las pretensiones de los países más ricos son radicalmente insolidarias, sino que también son marcadamente irresponsables. Reino Unido, desde antes incluso de Margaret Thatcher, siempre mantuvo que las aportaciones a la Unión Europea eran excesivas. Aquella retahíla política que tan buenos beneficios generó con victorias políticas puntuales, como en tiempos de la Dama de Acero, al conseguir una reducción de las aportaciones británicas a los presupuestos europeos, ha terminado hoy con Reino Unido fuera de Europa.
Como ocurre a nivel global, en el que lo importante se centra en el PIB, en su crecimiento, Europa, como el resto del mundo, no están entendiendo nada. Están olvidando lo esencial: la pobreza, la desigualdad, el medio ambiente, la justicia, la mujer, la defensa, la sanidad, la educación o la cultura.
Por ejemplo, a principios de este año se planteó implementar un salario mínimo común en toda Europa, no, no estoy hablando de un salario mínimo igual para todos los europeos, sino que el salario mínimo de los estados no pudiera estar por debajo del 60 % del salario medio. No se trataba de repartir la riqueza reduciendo las desigualdades territoriales a nivel continental, sino de trabajar contra la pobreza y los desequilibrios dentro de los propios estados. Fue entonces cuando los países nórdicos –Suecia, Noruega y Finlandia– se quejaron porque en sus países no hay salario mínimo, sino que los salarios se negocian. Lógico: solo el 1 % de los trabajadores de estos países está por debajo del 60 % del salario medio, umbral que supera los 1.600 euros mensuales. Una postura que solo puede ser calificada como grosera si tenemos en cuenta los 312 euros de salario mínimo en Bulgaria y los 466 euros de Rumanía.
Y es que Europa sigue enfangada en la lógica capitalista de mercado y no consigue avanzar hacia una integración real. No existe hoy el más mínimo elemento que permita vislumbrar una Europa fuerte, cohesionada y solidaria. Una Europa que trabaje en reducir las desigualdades y la pobreza, con tejidos sanitarios, educativos, judiciales, militares o policiales comunitarios. Una Europa de todos y para todos. Una Europa social, no un mercado.
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