América Latina se militariza de nuevo, incluso en los gobiernos más moderados: Perú nombró a tres exmilitares en puestos clave del Gobierno peruano en una mini revolución gubernamental que supuso el cambio de cinco de los diecinueve gestores.
Martín Vizcarra, actual presidente peruano debido a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 tras un escándalo de corrupción, nombró el jueves pasado a Walter Martos, general retirado de 62 años y ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas en el 2013, como nuevo primer ministro. Junto a él, incluyó a otros dos militares más en las carteras de Interior y Defensa, respectivamente: Jorge Montoya y Jorge Luis Chávez Cresta, ambos altos mandos retirados. Todo un gobierno pretoriano en tiempos de crisis. Una sorprendente decisión debido a la proximidad de las elecciones, en abril de 2021, la popularidad presidencial y la imposibilidad de Vizcarra de presentarse a las mismas. Es decir: no sufría de gran presión para la militarización de su gabinete ministerial.
Perú, aun siendo el segundo mayor productor mundial de cobre, se encuentra sumido en una profunda crisis, pues este año su economía, según distintas previsiones, registrará su peor caída en un siglo –hasta un 12,5 %, según el Banco Central–. Una situación común a los países más afectados por la pandemia, especialmente en aquellos, como Perú, en los que se debieron implementar medidas drásticas. No es un caso aislado, pues la depresión económica y la crisis sanitaria están succionando al resto de América Latina y a gran parte del mundo.
En estos días, Perú ha superado los 460.000 contagios a un ritmo de unos 8.500 contagios nuevos durante los últimos días y un total de más de 20.646 fallecidos tras más de 145 días de estado de emergencia.
A pesar de su perfil marcial, las primeras declaraciones de Walter Marcos podrían haber sido pronunciadas por decenas de mandatarios mundiales, entre ellos Pedro Sánchez, el presidente español. Por un lado, el exgeneral defendió la solución contundente implementada como la mejor herramienta para la gestión inicial de la crisis y, por otro lado, argumentó que no sería necesario implementar un segundo confinamiento debido a que la respuesta hospitalaria, la protección o el tratamiento han mejorado. Una respuesta que demuestra que los países no estaban preparados, por el desmantelamiento del tejido sanitario, para una crisis sanitaria o bien ahora están más concienciados de las consecuencias económicas que ocasionaría detener la economía y están dispuestos a lo que sea.
Pero si la respuesta de Walter Martos ha sido tan similar a la Pedro Sánchez, ¿por qué un militar?
Uno de los elementos clave lo podemos encontrar en la existencia de un falso mito asentado en la sociedad americana: la incorruptibilidad de los militares. Los militares o no son corruptos o, en el peor de los casos, son menos tendentes a la corrupción.
Una prueba de este prestigio militar lo podemos encontrar en el listado de últimos presidentes norteamericanos que fueron militares –George Bush, padre e hijo; Ronald Reagan, Jimmy Carter... –, algo inimaginable en Europa. Un mito que, si bien puede tener algún sustento en Estados Unidos, un imperio forjado en las conquistas militares y enriquecido en incontables contiendas bélicas fracasadas y múltiples golpes de Estado para fines extractivos en Latinoamérica, difícilmente debería encontrar espacio en el resto del continente, pues las actuaciones militares durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina, auspiciadas o provocadas en su mayoría por los Estados Unidos, acercaron a los militares latinoamericanos, sino lo estaban ya después de la centuria anterior, al concepto que se tiene en Europa de la presencia militar en la política: una intromisión casi ilegítima.
Además, si analizamos los últimos escándalos de corrupción militar en Latinoamérica, estos no son ni mucho menos menores: Chile, con el 'Milicogate' y la 'Operación Topógrafo'; Colombia, con acusaciones de espionaje y 'falsos positivos'; o Brasil, con hasta 300 casos de fraude que pudieron ser ocultados por la Fiscalía militar brasileña.
Lo sorprende es que ni estos escándalos ni el terrorífico pasado que los militares latinoamericanos dejaron tras de sí en las últimas décadas han mermado en absoluto el mito de la incorruptibilidad militar. Hasta tal punto que, incluso, más de la mitad de los peruanos encuestados –el 57 %– aprobarían un golpe militar en caso de sufrir graves casos de corrupción. Con este panorama, resulta alarmantemente normal para los peruanos tener tres militares en puestos claves del Gobierno.
Al igual que en Perú, este mito, esta filia marcial de los latinoamericanos, se encuentra en la aceptación de la presencia militar en los distintos gobiernos latinoamericanos, especialmente en tiempos de crisis, lo que ha sido casi una constante. Una constante que se ha visto reforzada durante la crisis mundial de 2008 y que, en el último lustro, ha recibido un impulso más que considerable.
Brasil cuenta con un presidente y un gabinete gubernamental plagado de exmilitares mientras acaba de superar las 100.000 víctimas mortales por covid-19; en México –como en Brasil– han militarizado en los últimos años parte de las funciones de seguridad; y, durante 2019, en Bolivia los militares dieron un golpe de Estado y en Chile y Ecuador no solo usaron la fuerza militar como forma de depresión, sino que sus presidentes se exhibieron rodeados de militares como forma de demostrar que contaban con el respaldo del poder militar. Algo impensable en Europa, sobre todo, porque la militarización se ha demostrado fallida: en ninguno de los países en los que los militares se han adentrado en tareas de interior o gestión política, la situación ha mejorado en absoluto. De hecho, pareciera todo lo contrario.
En Europa sería tan inconcebible que, en un contexto completamente diferente, cuando Pedro Sánchez decidió militarizar la reciente crisis sanitaria sufrida por la pandemia con un discurso militar, despliegue de soldados en las calles y altos mandos militares en las ruedas de prensa, no solo ello no supuso un respaldo de cara a la sociedad, sino que la repulsa que generó, la cual fue aumentando con el paso de los días, forzó el abandono de la diatriba castrense, el regreso de los uniformados a los cuarteles y la desaparición de las estrellas marciales de las ruedas de prensa. El 'golpe militar de efecto' resultó un fracaso. Si en Europa un presidente ofreciera una rueda de prensa rodeado de militares, se consideraría, automáticamente, casi un golpe de Estado y las consecuencias no serían menores. Y es que, en general, los militares fuera de los cuarteles generan temor.
Por tanto, la reflexión al respecto en Latinoamérica debe ser profunda, pues objetivamente hablando, salvo excepciones que encuentran su explicación en un contexto bélico en coordenadas geopolíticas, la presencia militar en la economía, la sociedad, la seguridad o la política de un país supone un indicador claro de un bajo estándar democrático, cuanto menos a nivel social.
Una sociedad democrática madura no toleraría la presencia masiva de militares fuera de los cuarteles, pues como en el caso de Walter Marcos, no solo no ofrecen respuestas mejores que las que pueden ofrecer los políticos –aunque bien es cierto que estas en muchos casos son nefastas–, sino que, además, pueden suponer una 'cabeza de puente' para una militarización de la sociedad no solo indeseable, sino contraria a la gran aspiración democrática de cualquier sociedad: civilizar a los militares. Porque militarizar a los civiles no suele resultar muy beneficioso: tres indígenas muertos y diez heridos en en la región de Loreto, cuatro de ellos en estado crítico, ya saben del nuevo ministro del Interior.
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