En España nos dijeron que la salida de la crisis no sería igual que la adoptada después del desplome de 2008. Nos dijeron que nadie quedaría atrás. Pero ya hay millones de personas pasando hambre y dificultad mientras el Gobierno español activa un rescate milmillonario para la industria militar.
Es cierto que se ha implementado una renta básica, pero no podemos soslayar que, sin esta medida, el drama de un país que antes de la crisis contaba con más de dos millones y medio de niños en el umbral de la pobreza podría haber sido desastroso. Como tampoco podemos obviar que los niveles de pobreza y desigualdad eran menores en 2008 que en este 2020. Menos aún podemos dejar de apuntar que la mencionada renta es insuficiente, dado que deja fuera a millones de personas necesitadas.
Por tanto, no es que la salida a esta crisis transite por un trayecto diferente al camino elegido para abandonar la de 2008, es que era imposible recetar la misma medicina porque la salud del paciente no era la misma en 2020 que en 2008, sino bastante más exánime. De ahí que se eligiera una medicina algo más social y diferente en su presentación, pero similar en su formulación esencial.
Aclarado este punto, que en la actualidad se adopta un cierto matiz social para evitar la tragedia, lo cierto es que la mayoría de las máximas de 2008 se mantienen, aunque de forma encubierta: España ha sido rescatada bajo unas condiciones veladas. Pero ha sido rescatada y habrá condiciones. Un ejemplo que demuestra que, en esencia, nada ha cambiado lo encontramos en las armas… porque las armas siguen siendo una prioridad: esta España y este sistema económico mundial prioriza las armas. Armas antes que personas.
Por ello, España continuó negociando en plena pandemia la adquisición de blindados 8x8 para las Fuerzas Armadas por un importe inicial de 2.100 millones de euros, coste total que se elevaría hasta los 3.850 millones de euros en la finalización del programa –inicialmente se recibirán 350 vehículos de un total de 998–. La excusa fue la de siempre: la necesidad –de Seguridad Nacional– y la creación de los tan necesitados puestos de trabajo.
Pero lo cierto es que la amenaza internacional más grave para España en la actualidad se encuentra en la investigación suiza del rey emérito Juan Carlos, para lo que no parece que los blindados vayan a solucionar gran cosa –salvo que Vox llegue al Gobierno–, y las estadísticas demuestran que los empleos que se derivan de la industria militar, directa o indirectamente, son entre 5 y 45 veces inferiores, que ya es decir, a los que se podrían obtener invirtiendo en sanidad, educación, construcción, investigación o dependencia. Que España continúe empeñada en estas inversiones en una situación de crisis económica y sanitaria tan severa demuestra que la salida de la crisis será la de siempre: nos sacarán hasta las pestañas si pueden.
El penúltimo movimiento que lo corrobora lo encontramos en Airbus. El fracasado gigante militar europeo le endosó a España en las últimas décadas 27 aviones de transporte militares A400M y 71 cazas Eurofighter EF-2000. La factura total ascendió a más de 16.000 millones de euros, unos cuatro años de renta básica –los aviones de transporte significaron más de 5.500 millones de euros; los cazas, más de 10.500 millones–.
Pues bien: los cazas no se han utilizado nunca, salvo en las Repúblicas bálticas, pero por exhibirlos más que por otra cosa: porque lo cierto es que España también ha utilizado F-18 en esta misión. Es decir, tan necesarios no serían ni son cuando los vetustos F-18 que ya poseíamos cumplen con los requerimientos necesarios para esta misión. Una muestra de ello: en 2016 un total de doce unidades de Eurofighter EF-2000 se encontraban almacenados en los hangares de Albacete por cuestiones fiscales.
Peor aún: los aviones de transporte militar no tenían capacidad para aerotransportar el carro de combate adquirido –el Leopard pesa más de 70 toneladas y el A400M no puede aerotransportar más de 40–; y demostraron problemas en el lanzamiento de la carga –incluidos paracaidistas– y en el reabastecimiento en vuelo. Tal fue el despropósito que España pretendió devolver el segundo pedido de 13 unidades –el programa total constaba de 1 unidad inicial y dos lotes de 13 unidades–, pero las multas eran tan altas que la devolución no compensaba. Así pues, se decidió aceptar el segundo pedido con intención de vender los aparatos a terceros países –se intentó sin éxito con Corea del Sur–.
En resumidas cuentas, Airbus le ha costado a España más de 16.000 millones de euros en trastos inútiles y/o defectuosos.
Después del regalo milmillonario, porque lo que para la ciudadanía fue un despropósito oneroso para el gigante aeroespacial europeo resultó un manjar exquisito, Airbus anunció el pasado 2 de julio, en plena crisis económica, el despido de 283 trabajadores en Toledo, 455 en Madrid y 151 en Cádiz. Total: 889 trabajadores a la calle.
Esta amenaza provocó que España reaccionara y se anunciara a los pocos días, el 10 de julio, una negociación para la compra de 20 cazas Eurofighter, como los doce que se pudrían en hangares en Albacete en 2016, por un valor de 2.000 millones de euros. Llama la atención que el primer lote de 71 unidades compradas salieran a más 140 millones de euros y este lote se adquiera 'solo' por 100 millones la unidad. O nos birlaron más de 40 millones de euros por cada unidad adquirida en la anterior comprar –más de 2.840 millones de euros en total– o Airbus ahora trabaja a pérdidas o lo de los sobrecostes es un negociete tan rentable como infalible.
Y para cerrar el acuerdo, días después, el 30 de julio, se reunieron en La Moncloa el CEO de Airbus, Guillaume Faury, junto a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; Reyes Maroto, la ministra de Industria, comercio y Turismo; Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación; y Margarita Robles, ministra de Defensa, la cual afirmó en 2018 que el gasto militar era "gasto social". Emitieron un comunicado en el que se comprometieron a "poner en marcha una serie de iniciativas para reforzar el sector y sus industrias auxiliares". Lo que Margarita Robles habría definido, no sin gran cinismo, como 'reforzar el gasto social', es decir: España comprará más armas que no necesita para mantener hasta 40 veces menos puestos de trabajo de los que podría conseguir invirtiendo en sanidad, educación, dependencia o investigación. Que cada uno saque sus conclusiones, pero lo cierto es que en febrero de este año, antes de la pandemia, Airbus perdía 1.400 millones de euros y el A400M se enfrentaba al peligro de no recibir pedidos. Si España no está rescatando a Airbus, lo parece.
Y si hasta aquí creyera el lector que ha leído lo más escandaloso, prepárese, porque nos adentramos en las peligrosas aguas del submarino que ni flotaba ni se propulsaba ni cabía en el puerto… y que ha costado a los españoles, de momento, 4.000 millones de euros –por cuatro unidades y con 2.000 millones de euros de sobrecoste–. Total, entre el submarino que no flota, el avión que no aerotransporta el carro de combate y tiene deficiencias y el avión que no se necesita van más de 20.000 millones de euros, a los que todavía se quieren añadir varios miles de millones más. Porque a los 2.000 millones de euros en cazas Eurofighter podrían añadirse otros 500 millones de euros, debido a que la Armada española, por boca de su Jefe de Estado Mayor, el almirante Teodoro López Calderón, ya ha afirmado que sería necesario un quinto submarino. ¿De los que ni flotan ni se propulsan ni caben en el puerto? De esos, de esos...
Una propuesta que ahora mismo parece totalmente incomprensible, pues España solo tiene un submarino operativo desde que uno de los dos submarinos que tenía disponibles, el S-72 'Siroco', fuera dado de baja y, actualmente, se venda por menos de 100.000 euros para su desguace y conversión en chatarra. Si España necesita cinco submarinos, pero solo tiene uno, ¿se encuentra en riesgo la Seguridad Nacional? De momento, no hay noticias de invasión marítima alguna…
Pero ¿por qué insistir en un submarino con graves deficiencias ampliando con 2.000 millones el presupuesto cuando con ese importe se podrían adquirir cuatro submarinos alemanes, japoneses o franceses ya verificados? La respuesta la encontramos en un complicado entramado industrial nacional cuyos tentáculos llegan hasta los dos partidos políticos más importantes. Por ejemplo: por un lado, Indra, que se beneficia tanto de la compra de blindados como de los submarinos, se encontró involucrada en la corrupción del Partido Popular en Madrid con pagos de 1,4 millones de euros; y, por otro lado, Abengoa, la empresa encargada de la fracasada propulsión del submarino S80 –no llegará a dos de sus unidades por los fiascos y retrasos–, tuvo como consejero y propietario a Josep Borrell, exdirigente socialista histórico, el cual llegó incluso a ser sancionado por la CNMV por la venta de 10.000 acciones gracias a información relevante.
¿Y por qué Europa nunca ha exigido a España reducir al máximo el gasto militar como condición a las ayudas de decenas de miles de millones de euros? Pues porque países como Alemania o Francia obtienen un lucrativo negocio con las armas que compra España: por ejemplo, en cada uno de los cuatro submarinos clase S80, cuando floten y se propulsen, se integrarán 6 torpedos alemanes DM2 A4. En total, se comprarán 24 torpedos alemanes. Y solo es ‘el chocolate del loro’.
De esta crisis no íbamos a salir de la misma forma que en 2008 ni pensábamos dejar a nadie atrás, pero lo cierto es que por el comportamiento de España con la industria militar, a la que está rescatando a pesar de ser rescatada, no lo pareciera.
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