Quizás, cuando Pedro Sánchez se envolvió en junio de 2015 en una gigantesca bandera de España, de 4,40 metros de ancho por 2,60 metros de alto, nada más y nada menos que en Catalunya, en Santa Coloma de Gramanet, muchos no supieron –supimos– atisbar que aquello no solo era un acto electoral-propagandístico más en mitad de un mitin. Era el comienzo del PSOE militar. Porque el PSOE se ha entregado a los militares como nunca se hubiera podido imaginar en el siglo XXI, con una última extravagancia marcial a la altura de las anteriores: ofrecer a 2.000 soldados para ayudar en el rastreo de la covid a las comunidades autónomas. Esquerra Republicana de Catalunya ya ha respondido: "necesitamos más médicos y menos militares".
Sin duda, el PSOE de Pedro Sánchez es el más militar que ha existido desde la muerte de Franco, a excepción hecha, claro está, del PSOE de Felipe González, cuyos asesinatos, torturas y violaciones perpetradas todavía sobresaltan hoy. Y es que lo primero que hizo Pedro Sánchez cuando la crisis sanitaria sacudió España fue sacar a los militares a las calles, instaurar el discurso bélico y militarizar las ruedas de prensa.
No se sabía muy bien por qué narices los militares desinfectaban estaciones y otros espacios cuando existía en España personal público y privado preparado para ello, pero allí estaban. No se sabía muy bien por qué había mandos militares explicando a la ciudadanía los pormenores de operaciones ya de por sí menores –la recuperación de unos kilos de naranjas y tal– cuando no tenían ni idea de cuestiones sanitarias, pero allí estaban. No se sabía muy bien por qué el presidente y los mandos militares nos arengaban con discursos belicistas y trataban al virus como si fuera un enemigo y los carros de combate pudieran derrotarlo, pero allí estaban. Y ahora no se sabe muy bien por qué el presidente ofrece a 2.000 militares para que realicen tareas de rastreo del virus, cuando existe personal cualificado que está deseando ser contratado para ello y no se aprecia una situación crítica que haga pensar en la necesidad de usar militares, pero aquí están. Preparémonos, que vienen.
Quizás solo sea un extravagante e insólito fetichismo militar de un presidente megalómano como pocos en la historia –no ha esperado ni a terminar el mandato para publicar un libro–; tal vez todo haya surgido de esa mente maravillosa que habita en la cabeza de Iván Redondo –un tipo que igual asesora a Pedro Sánchez que al homófobo Xavier García Albiol–; o hasta puede que el PSOE esté dispuesto a revelarse como lo que realmente es –un partido social dentro del Régimen monárquico delegado por Franco–; pero lo cierto es que la deriva militar del Gobierno español resulta tangible, innegable y preocupante.
Algo que deberíamos haber sospechado cuando el PSOE de Pedro Sánchez apoyó el artículo 155 en Catalunya o cuando fueron elegidos los ministros de Defensa e Interior: Margarita Robles, cuyos comienzos se produjeron en el PSOE manchado con el terrorismo de Estado y que llegó a tener durante meses al tétrico general Galindo, después condenado por torturas, como asesor; y Fernando Grande-Marlaska, cuyas (no) actuaciones judiciales han provocado varias condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar torturas. Un inequívoco guiño a la cúpula militar de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, las cuales están tan claramente vinculadas, junto al resto de las estructuras policiales y militares, a la extrema derecha como a la sistemática violación de Derechos Humanos.
Un guiño militar que se confirmó cuando el cabo Marco Antonio Santos Soto fue expulsado de las Fuerzas Armadas por mostrarse a favor de la exhumación del cadáver de Franco, exhibiendo valores democráticos, mientras los que se mostraron en contra, en la línea de la ultraderecha, continuaron vistiendo el uniforme militar. Un guiño militar que se confirmó cuando parte de la Guardia Civil se sublevó con el cese de Pérez de los Cobos sin exhibir la respuesta gubernamental que tal desafío merecía y hubiera recibido en cualquier país democrático. Un guiño militar que desnuda España ante Alemania, pues esta última ha sido capaz de expulsar a centenares de militares e incluso clausurar una unidad militar por la vinculación ultraderechista cuando los cuerpos policiales y militares españoles son un nido de ultraderechistas demostrado que gozan de la protección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ya mencionados ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Porque ofrecer a los militares como rastreadores parece un dislate si tenemos en cuenta su fracaso anterior en la misión de combatir la expansión de la pandemia en las calles debido a su falta de experiencia policial –la Guardia Civil se quejó de sus actuaciones–, la inutilidad de sus acciones –las multas no pudieron tramitarse– y la guerra abierta que mantuvieron –y mantienen– tanto Margarita Robles como Fernando Grande-Marlaska. Y es que la ex jueza asesorada por el torturador general Galindo no se lleva bien con el ex juez que no investigó los casos de torturas y llevan meses exhibiendo públicamente sus desavenencias, nada más y nada menos que en el Gobierno de España. Tristemente, a veces, en esta España, uno no sabe si llorar o reír. O todo a la vez.
Y es que en los últimos meses hemos sabido que Margarita Robles negociaba adquirir 350 blindados 8x8 por 2.100 millones de euros –como previo paso a la adquisición de otros 648 hasta sumar 3.850 millones de euros– y 20 aviones de combate Eurofighter por 2.000 millones de euros. Sin olvidar la intención de aumentar en 7.000 militares más las Fuerzas Armadas anunciada en febrero de este mismo 2020.
Pero España no necesita gastar más de 4.000 millones de euros en armamento militar ni ampliar en 7.000 militares el número de efectivos de las Fuerzas Armadas. España necesita más gasto en sanidad pública, más enfermeras y, mientras dure la pandemia, más rastreadores. Rastreadores con la experiencia necesaria, no militares reconvertidos a rastreadores. Aunque, por desgracia, el presidente del Gobierno español no parece ser fetichista de lo público y lo sanitario ni sus socios de coalición parecen dispuestos a alzar la voz más allá de lo simbólico.
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