Un explosivo chat de militares retirados –desvelado por primera vez el pasado domingo en mi cuenta de Twitter– en el que se hablaba sobre la necesidad de fusilar a 26 millones de españoles – "creo que me quedo corto fusilando a 26 millones" –, lo que suponen más de la mitad de los 47 millones que conforman el país, y se planteaba la dificultad para perpetrar un golpe de Estado, no ya por una cuestión ideológica o moral, sino porque "no lo apoyaría apenas gente en España y mucho menos en Europa" ha sacudido con fuerza el escenario político y mediático del país y lo ha situado frente a un espejo al que se sigue negando a mirar.
-Expusieron a sus mandos ideas golpistas sin castigo.-Debatieron sobre un pronunciamiento militar, inviable porque no sería bien visto.-Hablaron de fusilar a 26 millones de personas.-Y tacharon de antidemócratas al "hijo de puta" del Coletas y al "malnacido" de Sánchez. pic.twitter.com/yXMIP4wUU9
— Luis Gonzalo Segura (@luisgonzaloseg) November 29, 2020
Porque España prefiere seguir viviendo una ficción democrática antes que afrontar la terrible realidad: la Transición fue, en el mejor de los casos, un barniz y España solo es una versión digital de un régimen autoritario en el que la ultraderecha predomina y dirige los poderes claves del Estado –económicos, militares, policiales o judiciales– al tiempo que controla a los grandes medios de comunicación y a los principales partidos políticos españoles.
Evidentemente, la primera conclusión que debemos extraer sobre expresiones y actitudes tan bárbaras, ultraderechistas y antidemocráticas como las expresadas en el chat es la de encontrarnos ante un problema estructural en el Ejército español. "Fusilar a 26 millones de personas", plantear "un golpe de Estado" o dudar de los valores democráticos del "hijo puta del coletas" –en referencia a Pablo Iglesias, vicepresidente de España– o del "malnacido de Sánchez" –en referencia a Pedro Sánchez, presidente de España– de forma abierta en un chat e incluso plantearlo delante de "más de cien comensales del EA [Ejército del Aire]", incluidas altas autoridades –"el JEMA"– sin que ello tenga coste alguno, no puede considerarse una cuestión menor ni marginal ni coyuntural. Sin embargo, no es esa la deducción mayoritaria entre los grandes medios de comunicación y partidos políticos españoles, que atribuyen estas conversaciones a la marginalidad de unos cuantos militares retirados –Vox, claro está, las abraza–.
Obvian, con obscenidad, los antecedentes ultraderechistas asociados al Ejército español en los casi cuarenta y cinco años de gobiernos elegidos en las urnas, para situarnos por enésima vez en la causalidad. En otro Día de la Marmota en la que los ultraderechistas sacan los pies del tiesto.
Porque los antecedentes ultraderechistas ni han sido aislados ni han sido ficticios ni han carecido de importancia. De entre las decenas de episodios ultraderechistas protagonizados por militares reseñados en El Ejército de Vox, mi última publicación, señalaré unos cuantos que, por sí mismos, son capaces de demostrar hasta qué punto nos encontramos ante un problema estructural: amenaza golpista del teniente general Mena en 2006 para frenar la aprobación del 'Estatut' en Catalunya; amenazas de intervención militar en Catalunya, el coronel Alamán en 2012 y el general Juan Chicharro en 2013, que fuera ayudante de Juan Carlos I y que hoy dirige la Fundación Nacional Francisco Franco; firma por parte de más de mil mandos militares retirados y en la reserva, entre ellos altos cargos, de un manifiesto en contra de la exhumación del cadáver de Franco en 2018; y, en las últimas semanas, varias cartas de ultraderechistas dirigidas a Felipe VI contra el actual Gobierno español.
Las consecuencias de este nuevo escándalo, que no será el último, también nos revelan un problema político. Pues mientras un país como Alemania ha optado por expulsar a centenares de militares ultraderechistas, incluso ha llegado a disolver unidades, lo que encontramos en España es que unidades de origen fascista, como la Legión, son alabadas por la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, la cual mantiene una posición cómplice con los ultraderechistas. Una ministra de Defensa que ratificó, sin complejos, la expulsión del cabo Marco Antonio Santos Soto, firmante de un manifiesto en el que apenas una veintena de militares retirados y un militar en activo pretendieron hacer frente a los más de mil mandos franquistas que se posicionaron en contra de la exhumación del cadáver de Franco.
Margarita Robles es un personaje clave del problema político, pues a la par que ha organizado una pantomima judicial –informando de las conversaciones en el chat por si pudieran ser delictivas dado que los militares hablan como si todavía estuvieran en activo, algo que aun siendo cierto no parece ni grave ni relevante–, ha acotado el problema estructural ideológico a unos pocos militares retirados: "Se representan a sí mismos y hacen un flaco favor a las Fuerzas Armadas y al rey".
Precisamente, la figura del rey, de Felipe VI, ha quedado indemne tanto a nivel político como mediático, cuando se trata de un personaje clave en esta cuestión. El rey de España es el jefe de las Fuerzas Armadas y, además, se trata de un militar que mantiene contacto diario con el Ejército español, tanto a nivel de compañeros y excompañeros, como a nivel de su propio desempeño diario, pues se encuentra rodeado de militares. Y, ante todo, Felipe VI es el destinatario de las misivas de promociones militares que en las últimas semanas le solicitan que actúe ante el Gobierno español. Vamos, que lo tumbe. Que perpetre un golpe de Estado. Pero ¿enviarían militares retirados esas misivas con pretensiones tan ultraderechistas a Felipe VI si este se hubiera mostrado inapelablemente demócrata? No, es obvio que, en el mejor de los casos, el rey ha compartido y comparte postulados con militares y exmilitares ultraderechistas. Lo que no sería extraño si atendemos al comportamiento golpista y ultraderechista de Juan Carlos I en los años ochenta.
Más allá de encontrarme con un medio de comunicación, Infolibre, que se arroga una exclusiva dos días después de mi publicación en Twitter y que afirma haber desvelado la existencia de un chat evidentemente ya revelado, cuando en realidad lo que han hecho, que no es poco pero no lo que pretenden, es ofrecer una información relevante y dotarla de contexto, este escándalo vuelve a desnudar a una gran mayoría de los medios de comunicación españoles.
En primer lugar, porque vuelven a mostrar a la ciudadanía el árbol, el extravagante árbol que han iluminado con su foco, mientras un tenebroso bosque ultraderechista permanece oculto para el gran público. La falta de contexto y de antecedentes provoca que muchos piensen que lo que sucede en las Fuerzas Armadas vuelve a ser, de nuevo, un episodio marginal e insólito. Sin embargo, como ya hemos comprobado, los ciudadanos españoles reviven gracias a los medios de comunicación su particular Día de la Marmota cada vez que militares ultras se exceden. Porque lo cierto es que, en el ya mencionado ensayo El Ejército de Vox, demuestro, tras analizar más de cien secciones electorales en las que se localizan emplazamientos militares, que existe una distorsión de voto ultraderechista en los cuarteles españoles.
En segundo lugar, como ya se podrá deducir a estas alturas, los medios de comunicación no han exigido responsabilidades políticas a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, tan querida por los militares ultraderechistas como temida por los militares demócratas, a los que ya sabemos que expulsa, ni han planteado el posicionamiento ideológico de Felipe VI en toda esta cuestión. Que los dos máximos responsables políticos de lo que sucede en las Fuerzas Armadas españolas, la ministra de Defensa y el jefe de las mismas, queden al margen del escándalo deja en muy mal lugar a los medios de comunicación y protege a ambas autoridades ante una opinión pública que, sin las correctas herramientas, no podrá exigir responsabilidades. Y proteger a estas autoridades lleva necesariamente a proteger a los ultraderechistas que se alojan en los cuarteles.
La conclusión, con unos militares ultraderechistas, unos políticos convenientemente inoperantes y unos periodistas interesadamente miopes, no ser puede ser muy optimista: España vive una ficción democrática que se asemeja a un gran castillo de naipes, en el que unos y otros se sostienen gracias a la inmovilidad del resto. Una ficción –y una inmovilidad– que dura ya más de cuarenta y cinco años.
Luis Gonzalo Segura, ex teniente del Ejército español y autor de las novelas Un paso al frente (2014) y Código rojo (2015) y los ensayos El libro negro del Ejército español (2017), En la guarida de la bestia (2019) y El Ejército de Vox (2020).
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