Un contingente del Ejército español formado por 324 militares, en su mayoría de la Brigada 'Extremadura XI' del Ejército de Tierra, acaba de desplazarse hasta Malí para continuar con la misión de la Unión Europea (EUTM-Malí) para el adiestramiento y asesoramiento de personal militar con la intención de mejorar el Ejército maliense.
Según informa el Gobierno español, esta misión dio comienzo el 1 de abril de 2013 con España integrada desde el principio, asumiendo el mando de la misma en dos ocasiones, 2015 y 2018, pero con un número menor de efectivos de los que actualmente posee. Al principio, la aportación española se constituyó de medio centenar de militares y después se elevó a 110 efectivos, luego a 140 y, después, hasta 292. No constando en la información oficial la aprobación expresa para que acudan 324 militares. Sabemos que en Malí había en verano un total de 184 militares, la mayoría en el centro de adiestramiento de Koulikoro, un número menor de los habituales debido a la covid-19, por lo que con el relevo efectuado a finales de este mes de noviembre España ha duplicado su presencia militar.
La primera cuestión que salta a la vista es a qué se debe el ininterrumpido aumento de militares españoles hasta llegar a convertirse en el país que más militares aporta a la misión, ya que parece que España ha engañado a su ciudadanía al aumentar de forma desproporcionada el contingente de militares, desde un número aceptable para un despliegue militar en el área de influencia francesa hasta un contingente inaceptable para un país cuyos intereses en el país y la región son mínimos. No es que el Ejército español esté trabajando para beneficio de sus empresas, lo que ya sería cuestionable, es que está trabajando para beneficio de las empresas francesas y norteamericanas.
Más allá de la cuestión cuantitativa, cabría preguntarse por qué –y para qué– existe presencia militar española en Malí, máxime en una situación de crisis económica, sanitaria y social, cuando, además, los militares en el país africano han sufrido diversos ataques, accidentes en los que han perecido soldados, intentonas golpistas y hasta contagios por covid-19. Y cuando, como ya he comentado, el país que se beneficia de la intervención de Malí es Francia, cuyas empresas extraen las riquezas del país africano al tiempo que se sitúan y protegen gobiernos títeres, en su mayoría corruptos.
Convendría recordar que el gasto anual español en misiones internacionales se sitúa, aproximadamente, en unos mil millones de euros –en el año 2019 fueron 966 millones– y que, en la situación actual, los desplazamientos de grandes contingentes no son recomendables en la crisis sanitaria que estamos viviendo, máxime cuando Malí no es un país que cuente con una estructura sanitaria adecuada y el Ejército español se ha mostrado como un interminable foco de contagios debido a las negligentes prácticas de la cúpula militar –las academias militares han acumulado múltiples casos y en distintas redes los propios efectivos militares protestan por las condiciones en las que deben efectuar su trabajo–.
Además, debemos señalar que el gasto español en Malí aumenta, pues si en el presupuesto de 2019 el coste de la misión quedó fijado en 65,5 millones de euros, en este 2020 se ha duplicado hasta alcanzar los 110,1 millones. Y ello, a pesar de la pandemia.
Desgraciadamente, lo primero que debemos señalar es que los intereses de España en Malí no son los intereses de los ciudadanos españoles, pues estos, en su mayoría no saben ni tan siquiera que hay militares españoles en Malí. Pero es que, en este caso, ni siquiera son los intereses de las empresas españolas.
Malí es una antigua colonia francesa que fue invadida por Francia en alianza con otros países en enero de 2013 con la excusa de combatir el creciente terrorismo islámico. Una 'protección' orquestada por Estados Unidos en un momento en el que el entonces presidente francés, François Hollande, se encontraba con unos índices de popularidad muy bajos.
Como suele ocurrir en estos casos, la verdadera intención de Francia, así como de Estados Unidos, fue la de intervenir un país que, aunque descolonizado oficialmente, Francia entiende como suyo, en el que la influencia de China, como en la mayoría de África, aumentaba –y aumenta– a cada año que pasa. De hecho, justo antes de la intervención China había acordado la construcción de una central hidroeléctrica por valor de 500 millones de dólares que podría aportar energía a numerosos países de la región. Además, Malí, no solo es un país estratégico para el control de todo el Sahel, sino que también posee petróleo, café o cacao.
La invasión militar de Malí solo fue una muestra más de las intervenciones occidentales en África, pues en 2011 Francia intervino Costa de Marfil, Estados Unidos dividió Sudán y Libia quedó quebrada para siempre. En Sudán se creó un estado nuevo, Sudán del Sur, rico en petróleo, diamantes y oro que está siendo explotado –expoliado– por Occidente y en Libia, la mayor reserva petrolífera de África, setenta empresas chinas fueron expulsadas tras la intervención militar del país y convenientemente sustituidas por multinacionales occidentales.
Por desgracia, si analizamos las intervenciones, incluida Malí, estas invasiones militares tan sangrientas generan estados tan devastados que casi automáticamente se convierten en serios candidatos a Estados fallidos, cuando justamente lo que necesitan son inversiones económicas que las dinamicen. Inversiones económicas son las que China ofrece. Pero el negocio es el negocio y no se pueden despreciar los enormes beneficios que generan los Estados fallidos: los refugiados terminarán siendo mano de obra esclava en el continente africano o en la propia Europa.
España no solo está gastando más de cien millones de euros para perpetrar el expolio de las riquezas de Malí, sino que lo está haciendo para beneficio de Francia y Estados Unidos.
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