El departamento de Sanidad en pleno de la Comunidad de Madrid, con el consejero de Sanidad en funciones al frente, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud en funciones, Antonio Zapatero, solicitó hace unos días al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que aumentase el nivel de seguridad del aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ante la alta incidencia de la peligrosa cepa procedente de Colombia, la "variante colombiana" o variante B1.621 de SARS-CoV-2.
Para el viceconsejero de Madrid resultaba preocupante, tanto el aumento registrado en las últimas semanas de la "variante colombiana" como la resistencia mostrada por ésta a las vacunas. Tal era la situación de alarma que sugirió realizar pruebas de antígenos a aquellas personas procedentes de Colombia, así como a todos aquellos que viajeros cuyo origen se encontrara en países considerados peligrosos.
La "variante colombiana" no existe
Pudiera parecer hasta normal, y lo sería de hecho, si no fuera porque la "variante colombiana" no existe. Así lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una nota en la que aseguraron, ante "la preocupación de la Comunidad de Madrid frente a una supuesta variante colombiana de COVID-19", que "no existe una variante colombiana del virus, y que ésta en particular se trata de una variante más de las identificadas en el país".
Lo que el consejero y el viceconsejero de Madrid calificaron como "variante colombiana" solo es, en realidad, una variante que circula, según la propia OMS/OPS, en Estados Unidos, Curazao, México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, España y Colombia. No solo podría ser, por tanto, una variante alemana, danesa, holandesa o norteamericana, sino también española. Pero la organización de referencia a nivel regional y mundial no solo circunscribió su desmentido al territorio sanitario, sino que llegó más allá con las declaraciones de Jairo Méndez, virólogo que asesora a la OPS, el cual afirmó que las aseveraciones realizadas por la Consejería de Madrid fomentaban la discriminación y estigmatización.
Por lo tanto, la "variante colombiana" no solo no es colombiana, pues circula por muchos otros países, sino que únicamente constituye una de las 64 variantes registradas en Colombia tras el análisis de 1.085 genomas completos. Y, por otro lado, ni tan siquiera se trata de una variante que genere especial interés o especial preocupación.
La estrategia xenófoba de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid no ha mostrado rectificación alguna a pesar de haber sido corregida públicamente, no solamente por los organismos internacionales, sino también por el ministro de Salud colombiano, Fernando Ruiz, que afirmó el pasado 4 de junio que "no existe una variante colombiana" y acusó al viceconsejero de Salud de Madrid, Antonio Zapatero, de alimentar la xenofobia.
Un día después, el sábado 5 de junio, el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, persistía en la falacia al afirmar que se habían detectado 17 casos de la variante colombiana en las dos últimas semanas y 109 casos provenientes de Colombia en los últimos tres meses. No solo no se quedó ahí, sino que afirmó que esta cepa es predominante entre los casos registrados en la Comunidad de Madrid y representa el 90% de los casos. Tras ello, volvió a cargar contra el Gobierno por el escaso control del aeropuerto de Barajas, en el que sólo se realizan pruebas al 6% de los viajeros.
Un ataque xenófobo injustificado muy similar al perpetrado a mediados de septiembre del año pasado, 2020, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseveró que las altas tasas de contagios en la región se debían al "modo de vida que tiene nuestra inmigración", en referencia a los distritos del sur de Madrid, donde se localizan la mayoría de los latinoamericanos residentes.
Esta persistencia en responsabilizar a los migrantes –latinoamericanos– no solo no es nueva, sino que forma parte de una estrategia claramente xenófoba y trapacera. Es un dos por uno. Por un lado, la Comunidad de Madrid intenta permanentemente evitar asumir la responsabilidad de los múltiples fallos de gestión o las elevadas tasas de incidencia sufridas en la región en comparación a otras partes de España en las que la incidencia resulta menor, ya sea responsabilizando al Gobierno por la falta de control en el aeropuerto madrileño o, como en este caso, a los migrantes –latinoamericanos en particular–. Y, por otro lado, ayuda a abonar las tesis ultraderechistas que recorren los chats y las redes sociales culpando de casi todo a los migrantes. A los latinoamericanos.
De esta manera, con estas falacias, se construye el ideario xenófobo de demasiados: si un madrileño no recibe ayudas es porque las recibe un migrante –latino–; si un madrileño no tiene trabajo es porque un migrante –latino– sí lo tiene; si el hijo de un madrileño no tiene una beca en el colegio o en el comedor es porque el hijo de un migrante –latino–sí la tiene… Embustes que recorren las redes sin posibilidad alguna de ser desmentidos. Mentiras que son alimentadas por todo un Gobierno madrileño con el único fin de evadir la responsabilidad sobre la gestión. Falsedades sobre las que Le Pen ha construido un ariete con el que está cerca de asaltar el poder en Francia.
Pero la latinofobia madrileña va mucho más allá de las palabras, de las patrañas, pues Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar un 'chequebebé' para madres menores de 30 años y con menos de 30.000 euros de renta, lo que podría haber beneficiado a muchas madres latinoamericanas de no ser porque se requerirá que las madres lleven empadronadas en Madrid al menos diez años.
Esta última condición, evidentemente, perjudica claramente a los migrantes, a los recién llegados, muchos de ellos latinoamericanos. Y es que Madrid no quiere más hijos, quiere más hijos de un grupo poblacional concreto, quiere aumentar las tasas de natalidad de los madrileños y para ello la única forma legal radica en introducir una condición de empadronamiento restrictiva que deje a los migrantes fuera. De hecho, ¿se habrían beneficiado más migrantes, latinos, en el caso de que el requisito de empadronamiento hubiera quedado fijado en dos, tres o cinco años? Totalmente: el número de migrantes ha crecido casi un 20% desde 2016 hasta 2021, pasando de 860.000 personas a poco más de un millón, lo que deja a más de 150.000 migrantes, un 15% del total de migrantes de toda la región, al margen de esta ayuda a la maternidad. Una ayuda a la que, de cumplir el resto de requisitos, podrán optar casi en su totalidad los nacidos en Madrid.
Palabras y medidas que, vistos los resultados, le van tan bien a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y puede que dentro de no mucho en España, como a Marine Le Pen en Francia.