Comenzaba la semana, como es tristemente habitual, con una noticia que afirmaba que el fiscal suizo, porque los fiscales españoles se hacen los suecos, había descubierto una nueva cuenta bancaria en la entidad Credit Suisse con vinculación a Juan Carlos I. La cuenta estaría controlada por una 'offshore' panameña –la de trajes que se han confeccionado en Panamá– y habría recibido tres transferencias de la Fundación Zagatka, del rey Emérito español.
Un buen momento, pensé, para recapitular, pues, en los días anteriores, un periodista jubilado que no retirado, Carlos Enrique Bayo, había estado informando sobre la forma en la que Juan Carlos I se enriqueció con la venta de armas y otras comisiones y cómo los últimos gestores del Emérito, cada día más demérito, ocultaron en fundaciones sus travesuras. Pero no, en España nunca parece buen momento para escribir el capítulo final de Juan Carlos: Crónica de uno de los mayores delincuentes de la historia. Ni Lupin, oigan.
Porque ayer mismo, el periodista jubilado, que obra más que la mayoría de los periodistas españoles en plena actividad y juventud, volvía a destapar una nueva exclusiva: Juan Carlos I se llevó 52 millones de comisión por la venta del Banco Zaragozano. Una cantidad que le permitió organizar las fundaciones clave para construir su magna obra delictiva, la mencionada Zagatka y Lucum.
Pero había más. Los españoles desayunábamos con una sabrosa denuncia de Corinna a Juan Carlos reclamando una orden de alejamiento del monarca para evitar que continúen las presiones, o se repitan, que pretendían que devolviera los 100 millones de dólares que ella consideró un regalo, y el rey de España, un trapicheo. Entre cuyas presiones se incluyen, claro está –y siempre según la denunciante–, las del entonces jefe de los servicios de inteligencia Felix Sanz Roldán. Un esbirro más, según esta versión, del monarca Emérito.
Pero como nuestra gran España, legado del delincuente múltiple Juan Carlos, es generosa en suministrarnos escándalos casi a diario, la Justicia española concluía el jueves mismo que María Dolores de Cospedal quedaba exonerada, junto a su marido, del escándalo de la Operación Kitchen. Esto es: la trama organizada por el Partido Popular, un partido condenado por prácticas criminales que ha gobernado España durante casi tres lustros y parece que, en breve, recogerá de nuevo el timón, para ocultar el escándalo de los papeles de Bárcenas que demostraban una cantidad casi inagotable de prácticas corruptas. Incluyendo al misterioso 'M. Rajoy', un corrupto que la Justicia española asegura que no es Mariano Rajoy. Como para no creerles, claro. Finalmente, serán procesados el exministro del Interior, Fernández Díaz, y su cúpula policial, lo que ya en sí mismo es un escándalo de dimensiones colosales. Y eso que solo parece tratarse de la punta del iceberg. Pero, ¡qué iceberg! ¡Por favor! ¡Como para hundir un Titanic! Pero en España, ni cosquillas.
Por si fuera poco, también han sido exonerados Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé del caso Villarejo. Otro escándalo más que no parece encontrar límites, pero sí parece contar con una directriz judicial de minimizar daños, impulsada por aquellos magistrados situados en puestos estratégicos de la judicatura española que en el pasado fueron situados por el Partido Popular. El ya mencionado partido condenado por corrupción al que pertenecen la mayoría de los referidos, Bárcenas y Cospedal incluidos.
En contraposición, el Tribunal de Cuentas, después de haber obviado escándalos múltiples que han incluido aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, trenes sin pasajeros, carros de combate sin combustible, submarinos que no flotaban y aviones que no volaban, aeronaves y carros de combate almacenados, pisos públicos regalados a fondos buitre, hospitales y plantas de hospitales sin enfermos ni personal sanitario y casi cualquier aberración que se puedan imaginar, se dedica a fustigar a los políticos independentistas, a los que exige avales por unas cantidades, supuestamente malversadas, absolutamente ridículas en comparación a las decenas de miles de millones de euros malversados solo en las breves referencias de este párrafo.
Todo ello pone de manifiesto una realidad cada día más insoportable, incuestionable e indisimulable: España es un régimen autoritario de apariencia democrática y funcionamiento criminal.
Una gran organización criminal que controla todos los elementos básicos de poder, desde la judicatura a los medios de comunicación, los cuerpos policiales y militares, el sector económico y los órganos legislativo y ejecutivo. Una organización criminal que aparenta estructurarse en unos cimientos democráticos, pero que realmente está edificada sobre unos cimientos autoritarios: el franquismo.
Por ello, el mayor objetivo del Estado español no es terminar con la corrupción que lo carcome, ni emprender las reformas necesarias para alcanzar unos niveles óptimos de separación de poderes o regeneración democrática, menos aún tiene por misión detener al delincuente múltiple Juan Carlos y a todos los que hubieran participado de su orgía delictiva, sino que empeña sus esfuerzos en minimizar los afectados por los procesos judiciales en vigor y, sobre todo, se afana en reprimir a todos aquellos que pudieran poner en peligro su lucrativo negocio ilegal, ya sean los catalanes, los vascos, los izquierdistas, los alertadores de corrupción, los críticos o cualesquiera otros. Una labor a la que contribuye de forma más que notable el PSOE, partido que sistemáticamente niega, por acción o abstención, cualquier medida que pudiera contribuir a condenar a los delincuentes y mejorar los niveles de democracia y justicia de España.
Una democracia y una justicia, las españolas, que quedan mancilladas casi a diario por las decisiones judiciales, los partidos políticos, los medios de comunicación y las golferías del rey Juan Carlos, pero también por las cuestionables maniobras de Felipe VI.
Siempre se afirmó en España que Felipe VI se trataba, sin duda, del monarca mejor preparado de la historia y uno de los jefes de Estado mejor capacitado del mundo. Sus estudios y su formación no le dieron para comprender de inmediato que ser beneficiario de una cuenta con 100 millones de dólares con su padre, el rey Juan Carlos, procedente de una comisión ilegal era, en el mejor de los casos, incorrecto. Tardó un año en informar a la ciudadanía del asunto, solo unos días después de haberse conocido en medios internacionales. Casualmente. Demasiado listo o demasiado tonto, según lo que convenga.
Pero, sobre todo, no parece que su preparación le haya permitido distinguir lo que es un buen jefe de Estado de lo que es un capo que maniobra beneficiándose de su posición hasta obtener una fortuna estimada hace años, puede que sea superior, en más de 2.000 millones de dólares. O quizás, sí, quizás sí esté preparado para distinguir la honorabilidad de la corrupción, la criminalidad o la avaricia. No obstante, en solo siete años de reinado ya le atribuyen casi 17 millones de euros –y a la reina Letizia, unos 8 millones de euros–.
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