El diario de referencia en España, El País, medio preferente de filtraciones del PSOE que fue fundado por los franquistas en 1976 para crear un medio de comunicación de apariencia democrática –uno de sus fundadores fue el ministro de Franco y posterior líder de la derecha española, Manuel Fraga, accionista y promotor del diario progresista–, ha anunciado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que nombra a los magistrados, se plantea utilizar a magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo con el fin de evitar un posible colapso judicial.
España se encuentra inmersa en los últimos tres años en una nueva batalla por el control del poder judicial, una confrontación que no es nueva, pero sí reveladora. No es nueva porque han sido múltiples las pugnas políticas por el control de la justicia desde los años noventa –en 1996, tras ocho meses de retraso en la renovación del CGPJ, una dimisión colectiva de seis vocales impulsada por Pascual Sala forzó su renovación–, pero sí es reveladora, ya que los vocales del CGPJ elegidos por los partidos políticos españoles son los encargados de controlar y juzgar al Gobierno y a los políticos.
Por un lado, la Sala de lo Penal es la encargada de juzgar a todos aquellos políticos que cuenten con aforamiento, es decir, tanto los miembros del Gobierno como los diputados o senadores. Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-administrativo es la encargada de tramitar los recursos contra el Gobierno, el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, lo que ha tenido y tendrá efectos directos en el Gobierno español, como por ejemplo, en el caso de los recursos contra los indultos de Pedro Sánchez a los políticos independentistas catalanes o en el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia, como Fiscal General del Estado, todavía pendientes de resolver.
Cualquiera puede, esbozada la cuestión, darse cuenta de la importancia que tiene para los políticos, los partidos y, sobre todo, para quienes están en las sombras controlar al Consejo General del Poder Judicial y conseguir la mayor afinidad posible en los nombramientos de estos. Afinidad que permite nombrar a magistrados que se encuentran detrás de las exoneraciones de políticos en procesos de corrupción, como es el caso María Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy –la Justicia española sigue buscando al tal 'M. Rajoy' que cobraba de forma ilegal según la contabilidad paralela de Bárcenas–. No obstante, Manuel García Castellón, magistrado en este caso de la Audiencia Nacional, es el mismo que no ha encontrado vinculación entre el caso Kitchen y Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, a pesar de las múltiples evidencias existentes, pero sí ha imputado por terrorismo a independentistas catalanes que lo más que hicieron fue cortar carreteras. Es decir, pasa de sospechosamente ciego a asombrosamente precognitivo en modo Minority Report: en el caso de los altos cargos del PP no ve lo que hicieron, pero en el de los independentistas catalanes hasta anticipa lo que no hicieron.
Tras estas resoluciones encontramos aquella escandalosa frase en 2018 de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, que desnuda como ninguna otra la naturaleza del interés político en el control del poder judicial: "Controlaremos la Sala Segunda [del Tribunal Supremo] por detrás [gracias al nombramiento de Manuel Marchena]". Un control por detrás que supone de facto blindar al Gobierno, entonces del PP, de cualquier revés judicial a decisiones gubernamentales y, por el mismo razonamiento, amenazar al Gobierno actual del PSOE con tumbar judicialmente cualquier decisión política. Además, claro está, de poder usar la justicia como escudo o ariete, según convenga.
Podríamos culpar de la situación actual al Partido Popular, sería lo sencillo, pero lo cierto es que el PSOE ha gobernado muchos más años en España que la derecha, en razón de 25 a 15 años, sin que haya ejercido reforma significativa que haya conducido a una efectiva independencia del poder judicial. Ni tan siquiera lo han intentado. Quizás, ello se deba en gran medida a lo expuesto recientemente por Enrique López, el portavoz de justicia del PP, que ha aseverado que su partido cuenta con "el apoyo de la mayoría de la carrera judicial".
Efectivamente, los datos de los asociados en el mundo judicial demuestran que la mayoría de los jurídicos españoles son conservadores, pues solo una cuarta parte de los asociados lo han hecho por la asociación menos conservadora de magistrados, denominada Juezas y Jueces por la Democracia. Una asociación que, realmente, más que progresista debemos catalogarla como 'no reaccionaria', ya que algunos de sus asociados, como es el caso de Margarita Robles o Clara Martínez de Careaga, ambas muy vinculadas al PSOE –Clara Martínez de Careaga ha sido propuesta por el PSOE para presidir el CGPJ–, no parecen muy progresistas a tenor de sus resoluciones judiciales. De hecho, Margarita Robles es uno de los grandes iconos de la derecha ultra y de la ultraderecha españolas y Clara Martínez de Careaga se ha mostrado solidaria con sus compañeros de la Sala Militar en aquellas cuestiones esenciales, por aberrantes que pudieran ser.
Sin embargo, que las asociaciones judiciales sean marcadamente conservadoras, incluso la más moderada, no justifica que el PSOE pretenda, en lugar de cambiar el sistema para implementar una verdadera independencia del poder judicial, cambiar el organigrama. Cambiar los cromos. Es decir, pareciera que al PSOE lo que le molesta realmente no es tanto que la composición judicial pueda ser adulterada políticamente hasta llegar prácticamente a un monopolio conservador, sino que no hayan sido ellos los que hayan inclinado los tribunales en su favor.
En este contexto, en el que la separación de poderes es violentada en España por intereses de unos y de otros, no sólo resulta inadmisible considerar a España como una democracia plena, sino que la pugna política por el mando del batallón judicial ha llegado a tal extremo de obscenidad que los tribunales están cercanos al colapso. No obstante, el Tribunal Supremo, que se compone teóricamente de ochenta magistrados distribuidos en cinco salas –civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar–, ha sufrido una decena de bajas y se prevé que durante el próximo año padezca otra merma parecida, lo que provocaría una reducción de una cuarta parte de sus magistrados –quedarían a finales de 2022 unos sesenta de los ochenta magistrados necesarios–. Esta merma se debe no solo al bloqueo de la renovación del poder judicial, sino a la resolución política del PSOE que impide al CGPJ designar magistrados mientras se encuentre en funciones.
Ante esta situación de posible colapso y la más que real posibilidad de no renovación del poder judicial a corto plazo, el CGPJ ha planteado recurrir a los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de no mediar solución durante los primeros meses del próximo año. Ello provocaría que, magistrados de la Sala Militar del Tribunal Supremo, la que menos carga de trabajo sufre en la actualidad, sean comisionados excepcionalmente a la Sala de lo Contencioso-administrativo –en la que trabajan una treintena de magistrados y se han producido seis bajas, más de la mitad–.
Descartadas otras opciones, como recuperar a magistrados jubilados o utilizar excepcionalmente a magistrados de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, según asegura el diario español de origen franquista, el CGPJ se inclina por el uso de magistrados de la Sala Militar debido a su especialización en materia penal y contencioso-administrativa. Un acontecimiento que provocaría no solo la extravagancia circunstancial propia de semejante situación, sino la constatación de la anomalía estructural que es España. Y es que la Justicia militar, eliminada en Francia hace cuarenta años y hace más de ochenta en Alemania –inexistente o civilizada en Europa–, es una anomalía en España debido al origen franquista de la democracia española.
Por otra parte, que magistrados de la Sala de lo Militar fueran comisionados a otras salas provocaría un nuevo ataque a los derechos fundamentales, ya que las directivas supranacionales más importantes del mundo no solo recomiendan la eliminación de la justicia militar, sino que prohíben que magistrados militares juzguen a personas civiles, algo que, muy probablemente, se produciría en el caso de ser los magistrados de la Sala V de lo Militar quienes sustituyeran las bajas ocasionadas en el resto de salas del Tribunal Supremo. No obstante, la mitad de los magistrados de la Sala Militar lo son por haber obtenido el grado militar de general jurídico y, aunque en la actualidad no continúen siendo militares, ello solo se debe a la necesidad de cubrir una apariencia, pues toda su carrera jurídica se ha desarrollado en los cuarteles. Es decir, el mérito de estos magistrados para llegar al Tribunal Supremo es haber sido militares.
Más allá de esta cuestión, que no es menor en ningún caso, cabría recordar que el hecho de ser juzgada la ciudadanía por magistrados de la Sala Militar, como la mencionada Clara Martínez de Careaga, supondría una merma estadísticas de sus ya de por sí complicadas posibilidades de conseguir justicia, especialmente aquellos que se enfrentan al Régimen.
Si alguien considera desmesurada esta afirmación, convendría recordar que, entre los logros de la Sala Militar, encontramos: haber permitido que un capitán condenado por veintiocho agresiones sexuales continuase en el Ejército, así como muchos otros acosadores o agresores sexuales –incluido recientemente un teniente coronel–; haber exonerado a múltiples corruptos y haber permitido seguir como militares a los oficiales condenados por corrupción; o no haber condenado nunca a ningún oficial por una negligencia mortal ni haber expulsado por corrupción a ningún coronel o general. En definitiva, magistrados que han convertido al Ejército español en un refugio para delincuentes de todo tipo, de naturaleza sexual o económica, e incluso para homicidas negligentes, y ello cuando no les han exonerado, son los que pueden asumir las competencias de sus compañeros caídos y no repuestos en la confrontación judicial.
De ser finalmente así, los españoles conocerán de una justicia todavía más infame que la Justicia ordinaria española, la militar. Firmes, pues.
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