Opinión

Ejército español: la Ley del Silencio que protege a los negligentes y culpa a las víctimas

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La existencia de comportamientos mafiosos generalizados en el Ejército español ha vuelto a quedar en evidencia tras las denuncias en los últimos días de varias asociaciones militares por la opacidad y la ocultación de información e, incluso, el engaño perpetrado por los mandos militares —permitido por Defensa— sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de varios militares.

Muerte en Malí

El pasado 20 de septiembre, el grupo de Telegram de la asociación militar Ciudadanos de uniforme denunció una "trama corrupta en el Regimiento Acorazado Pavía 4" para ocultar mediante engaños las causas reales del fallecimiento en Malí el 18 de mayo de 2018 del infante de marina Antonio Carrero Jiménez. Según su versión, el vuelco del vehículo blindado militar modelo Lince en el que viajaba como tirador el fallecido —los tiradores suelen ser aplastados o salen mal parados en los vuelcos de estos vehículos— no habría tenido su origen en causas incontrolables al convoy militar que transitaba por la carretera de Sevaré a Koulikoro, tal y como quedó probado en sede judicial gracias al testimonio de los presentes.

Por el contrario, el siniestro no se habría debido al errático comportamiento de un conductor ajeno al convoy, sino que habría tenido su origen en el cansancio del conductor del vehículo militar, que habría estado de guardia hasta la una de la madrugada, solo cuatro horas antes de la salida del convoy en dirección a Koulikoro —a las cinco de la madrugada—. Así pues, debido al cansancio, el conductor "cruzó todo el carril contrario, se fue al arcén y [el vehículo] se estampó contra el camión". Una versión que no habría llegado al juzgado militar porque "el Capitán C, secundado por los tenientes, mintieron y dijeron que el camión había invadido nuestro carril. El cabo les dijo que sus chavales estaban cansados cuando le preguntaron qué había pasado al principio, pero después cambió de versión por las presiones".

Semejantes acusaciones, de extrema gravedad, afectan directamente a una gran cantidad de mandos militares, los cuales serían conocedores de lo sucedido, ya que "a todos los compañeros que estaban en el convoy los tienen amenazados y al resto les han dicho que están protegiendo al conductor porque se durmió para que no le pase nada… Los principales responsables son el capitán C. y el teniente coronel C., que intentan encubrir los hechos por todos los medios".

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
A pesar del drama que supone que negligencias militares terminen con la vida de sus propios soldados, lo peor llega después, cuando un manto de silencio protege a los negligentes y suele, por norma, responsabilizar a los muertos.

Por si no fuera poco, el vehículo militar no estaría dentro del sistema de gestión logística militar ("el vehículo accidentado no estaba metido en SIGLE [sistema de gestión logística del Ejército de Tierra en el que debe constar el material militar] no debería haber salido de patrulla"), irregularidad que se sumaría a la ya conocida en el pasado: el Lince no había pasado la ITV en Asturias por lo que no debería haber circulado.

Como vemos, se trata de la ocultación de las causas reales de un siniestro que involucra a una gran cantidad de militares de distintas graduaciones con conocimiento y participación de altos mandos, pero no solo a ellos. Los vehículos BMR y Lince han provocado una enorme tasa de siniestralidad en las últimas décadas, el primero de ellos por su falta de visibilidad y su escaso blindaje y el segundo, mucho más moderno, por la ausencia de una torreta móvil, lo que provoca que uno de los militares, el tirador, se sitúe en la parte de arriba del vehículo, con lo que al volcar este la probabilidad de fallecer es muy alta. Además, ambos vehículos resultan muy inestables en determinadas circunstancias y tienen gran probabilidad de vuelco.

Un ejemplo de ello lo encontramos en Iván Ramos, militar que debió ser operado en múltiples ocasiones tras un vuelco, lo que no impidió que a día de hoy su discapacidad supere el 42%. Por todo ello, la responsabilidad de que estos vehículos sigan circulando se debe exclusivamente a las altas instancias del Ministerio de Defensa, incluidos sus ministros y ministras. En la actualidad, Margarita Robles. No obstante, más de treinta militares españoles han fallecido en ambos vehículos.

Desgraciadamente, como suele ser habitual, el caso fue archivado el pasado mes de junio por el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid al considerar acreditado que el conductor de un autobús perdió el control tras circular a alta velocidad en zigzag, lo que habría sido el origen del siniestro. Es decir, el tribunal militar ha basado su decisión en una versión que, ahora, ha sido denunciada como falaz. 

Muerte en la Academia General Militar

El pasado 7 de septiembre un cadete de la Academia General Militar de Zaragoza falleció mientras realizaba maniobras en el campo de San Gregorio a las 18:00 horas, un momento en el que la temperatura ascendió a 34 grados centígrados. Esta mera información ya indica por sí misma la posible existencia de una negligencia por la celebración de un ejercicio que debería haber sido cancelado por las altas temperaturas. No lo fue. Circunstancia demasiado habitual, ya que el Ejército español no entiende de cancelaciones, aun cuando ello ponga en peligro la vida de sus propios efectivos. Otro ejemplo lo encontramos en el fallecimiento del sargento Gallart el pasado 10 de junio en un salto paracaidista que, debido a las condiciones del viento, debería haber sido cancelado, máxime tras el salto de los primeros militares en la primera rotación, los cuales solicitaron junto a varios mandos militares presentes que el ejercicio se cancelara. De haber seguido su consejo, y el más elemental sentido común, no habría fallecido nadie.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
En el Ejército español existe una Ley del Silencio que impide conocer la verdad de lo acontecido en múltiples negligencias fatales. Una Ley del Silencio que trabaja codo con codo con la Justicia militar, cuyo fin, a la vista de las resoluciones emitidas, parece ser el mismo: la exoneración.

A pesar del drama que supone que negligencias militares terminen con la vida de sus propios soldados, lo peor llega después, cuando un manto de silencio protege a los negligentes y suele, por norma, responsabilizar a los muertos. A las víctimas. De hecho, el fallecimiento en la Academia General Militar ha provocado que una asociación militar haya denunciado la "opacidad y ocultación" del ministerio de Defensa. El comunicado, realmente duro, acusa al ministerio de Defensa de "silenciar a las asociaciones profesionales y ocultar información a los hombres y mujeres militares constituye la elección de un camino perverso, por parte del ministerio, que puede conllevar a situaciones de oscurantismo ya vividas en el pasado con un régimen dictatorial".

La Ley del Silencio como protección de los negligentes

Ciertamente, la resolución de las negligencias militares en los últimos años apuntan muy seriamente en esta dirección, pues existen múltiples casos en los que la Ley del Silencio ha arruinado cualquier posibilidad de conocer la verdad. Ahí van solo cuatro de los casos más relevantes:

  1. La muerte de siete militares en dos siniestros de helicópteros de rescate, tras lo cual el padre del superviviente del primer siniestro, fallecido en el segundo, denunció que su hijo había sido obligado a guardar silencio sobre las causas del primer siniestro. El responsable de este silencio, según la denuncia, fue el general Javier Salto, hoy Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, puesto que obtuvo gracias a la confianza de María Dolores de Cospedal y la ratificación de Margarita Robles. No solo nadie ha pagado por ello, sino que el principal acusado ha llegado a la cúspide militar.
  2. La muerte del soldado Alejandro Jiménez en marzo de 2019 por el disparo de un sargento durante unas maniobras intentó ser ocultada por la gran mayoría de los militares presentes, por lo que han sido procesados cuatro mandos y cuatro soldados. Aunque teniendo en cuenta el funcionamiento de la Justicia militar española, lo más probable es que el asunto quede en poca cosa, aun cuando intentaron hacer creer a los investigadores que el fallecimiento del soldado se debió a un disparo perdido, lo que casi consiguen de no ser por un militar que se mantuvo inquebrantable a su obligación moral de contar la verdad. Pagó un precio muy alto por ello: hostigamiento, amenazas, insultos y hasta la colocación de munición en su taquilla.
  3. No pudo, sin embargo, mantenerse en tal situación el soldado denunciante de las torturas perpetradas en el año 2004 en Irak por militares españoles a prisioneros iraquíes. Sufrió presiones de tal calibre, algunas documentadas judicialmente sin mayor contrariedad, que cambió su testimonio. Una de las claves para la exoneración de los torturadores.
  4. El accidente de un F-5 en Talavera de la Reina en noviembre de 2012 provocó el fallecimiento del piloto, un comandante, y resultó gravemente herido el alumno, un alférez. Lo más ignominioso llegó después. Cuando ocho mandos del Ejército del Aire fueron procesados por el accidente contra el criterio de la comisión encargada de investigar los accidentes aéreos militares (CITAAM), cuyo informe fue, literalmente, despedazado por, quizás, la única jueza militar que se dedica a cumplir con sus obligaciones jurídicas en el ámbito militar, la jueza Patricia Moncada.

Se trata de cuatro casos que, unidos a los anteriormente relatados, afectan a multitud de militares en unidades diferentes, por lo que difícilmente podemos pensar que se trata de una situación excepcional o aislada. Todo lo contrario. En el Ejército español existe una Ley del Silencio que impide conocer la verdad de lo acontecido en múltiples negligencias fatales. Una Ley del Silencio que trabaja codo con codo con la Justicia militar, cuyo fin, a la vista de las resoluciones emitidas —ya trabajan para exonerar a parte de los imputados en los casos anteriores—, parece ser el mismo: la exoneración. Sin culpables no hay delito, sin delito no hay delincuente y sin delincuentes no hay mácula. Es la Inmaculada Concepción del Ejército español.

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