Los Papeles de Pandora constituyen una filtración de seis millones y medio de documentos, tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos, casi medio millón de hojas de cálculo y más de ochocientos mil archivos varios procedentes de catorce fuentes. En total, unos doce millones de archivos que revelan que una gran cantidad de los poderosos posee riqueza oculta, evade impuestos o blanquea dinero, siendo América Latina el epicentro. Porque la región latinoamericana, a diferencia de España, no solo forma parte del escándalo por la oscuras maniobras de sus élites, sino que también participa de la red corrupta por la enorme cantidad de paraísos fiscales localizados en la región, especialmente en el Caribe.
Los paraísos fiscales son países o territorios en los que se pagan muy pocos impuestos y se ofrecen tantas facilidades para crear empresas como dificultades para saber quiénes se encuentran tras ellas. Una misión que ya de por sí no resulta sencilla, pues muy a menudo aquellos que las poseen usan complejas redes en las que sus identidades quedan ocultas tras personas usadas como pantalla o figuras jurídicas mucho más complejas, como los fideicomisos.
Estos paraísos pueden subsistir gracias a la nula voluntad de las élites de erradicarlos y pueden ser usados por las élites para ocultar sus riquezas, evadir impuestos o blanquear capitales merced a la deliberadamente laxa y ambigua legislación existente. Un ejemplo de ello lo encontramos en las Islas Vírgenes Británicas, el principal paraíso fiscal del mundo, un territorio británico en el Caribe con solo 153 km2 y menos de 40.000 habitantes que cuenta con más de 400.000 empresas que reúnen a políticos, multimillonarios, famosos y criminales —si es que hace falta diferenciar a estos últimos de los anteriores—. No obstante, este archipiélago británico recibe mayor inversión extranjera —casi 60.000 millones de dólares— que Alemania, Canadá o Francia a pesar de tener deshabitadas veinte de las treinta y seis islas que lo componen.
No es un caso insólito en el Caribe, pues si bien las Islas Vírgenes ocupan el primer lugar del ranking de paraísos fiscales en el mundo, las Islas Caimán y las Bermudas estarían entre los cincos paraísos fiscales más importantes del mundo y Curazao ocuparía el octavo puesto. En total, cuatro de los diez paraísos fiscales más importantes del mundo son caribeños, es decir latinoamericanos.
Llegados a este punto, resulta obvio que si las élites acordaran terminar con los paraísos fiscales y endurecer la legislación que impidiera su uso, nos iría a todos bastante mejor y a ellos no tan bien como hasta ahora. Es tan evidente el asunto, desde hace décadas por cierto, que han sido múltiples las ocasiones en las que, desde distintos ámbitos, se ha solicitado que desaparezcan los paraísos fiscales y se dificulte la evasión de impuestos de las élites, especialmente tras la aparición de los Papeles de Panamá. Pero si las grandes empresas a duras penas llegan a pagar el 10% de impuestos de sus beneficios globales, como sucede en España hasta ahora, parece imposible que las élites cumplan con sus obligaciones fiscales. Al menos, a corto o medio plazo. Mientras tanto, se estima que el dinero ocultado solo en este último escándalo habría oscilado entre los 5 y los 32 billones de dólares.
Desgraciadamente, en países como España, y no es un caso insólito, lejos de perseguir las actividades delictivas que se encontraron tras los Papeles de Panamá, se emprendió una reforma legal que facilitó la regulación de los delitos cometidos mediante el pago de lo defraudado. Otro ejemplo lo encontramos en Reino Unido, que publicó un proyecto de ley en el año 2018 para obligar a que los propietarios finales de propiedades tuvieran que realizar una declaración, lo que dificultaría la evasión. De la misma manera, España impulsó una propuesta de protección a los alentadores de corrupción en el año 2016, esencial para conocer de estas actividades, sin que a día de hoy haya sido aprobada, y ello a pesar de concluir el plazo para la transposición de la directiva europea de protección de los alentadores de corrupción en escasos meses —diciembre de 2021—.
Por si no fuera suficiente, una de las críticas que se vertió tras la difusión de los Papeles de Panamá parece repetirse en esta ocasión: la opacidad. Y es que, a diferencia de la filtración de WikiLeaks, fundada por Julian Assange, la totalidad de archivos no parece que vayan a ser publicados, como no lo fueron en el caso de los Papeles de Panamá, para que cualquiera pueda consultarlos libremente. Lo cual supone un incomprensible ejercicio de opacidad, máxime cuando en algunos casos no gozan de gran confianza entre no pocos lectores, que nos lleva a preguntarnos si informan estos medios de todos los casos involucrados. ¿Hay algo que no nos cuentan?
Así pues, en el caso de España, los medios que participan de la investigación de los Papeles de Pandora, a diferencia de lo ocurrido con los Papeles de Panamá, son dos medios —El País y La Sexta— vinculados al PSOE y al centro-izquierda político. Medios que no parecen en ningún caso imparciales y que, en no pocas ocasiones, han demostrado que determinadas informaciones nunca son publicadas. Por ejemplo, recientemente, medios conservadores han publicado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, habría estado entregando durante los años noventa dinero en metálico a la Casa Real sin que estos medios hayan reportado la información o hayan investigado al respecto para desmontarla. Además, se trata de medios que están controlados, o lo han estado, por controvertidos personajes con oscuros intereses y no pocos escándalos, desde Juan Luis Cebrián a Antonio Ferreras pasando por Mauricio Casals.
Otra de las cuestiones peliagudas de la publicación de la filtración la encontramos en la información de documentos sin firma, como en el caso de lo que afecta a Corinna Larsen, amiga especial del rey Emérito español Juan Carlos I. En este caso, la investigación aporta documentación sin firma, lo que, obviamente, supone, cuanto menos, un serio escollo en cuanto a la credibilidad de dicha información, ya que resulta imposible saber si finalmente se materializó lo que ni siquiera sabemos si fue pretendido por la afectada en cuestión o se trató de una propuesta realizada desde el bufete jurídico que fue rechazada. No es un cabo suelto, pues el asunto resulta verosímil analizando el historial de los implicados, pero muy amarrado tampoco parece.
Los Papeles de Pandora han afectado en total a tres presidentes en activo —Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana— y a once expresidentes: César Gaviria y Andrés Pastrana, de Colombia; Pedro Pablo Kuczynski, de Perú; Porfirio Lobo, de Honduras; Alfredo Cristiani y Francisco Flores, de El Salvador; Horacio Cartes, de Paraguay; y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá. En total, han sido involucrados casi un centenar de políticos de casi una veintena de países latinoamericanos, pero el total resulta todavía incontable a día de hoy. Habrán varios miles.
En el caso de Sebastián Piñera, no solo nos encontramos en un caso de implicación económica, sino también política, pues vendió sus acciones del proyecto minero Dominga a Carlos Alberto Délano por 152 millones de dólares pagaderos en tres pagos. Esta venta se produjo a los pocos meses de llegar a la presidencia e incluyó un detalle bastante sórdido: el último de los mencionados pagos, por un importe de 9,9 millones, solo se haría efectivo en el caso de no aprobarse medidas de protección medioambiental que dificultasen o impidieran la explotación del proyecto minero. Obviamente, estas medidas de protección, a pesar de las protestas sociales, no han sido implementadas, lo que sitúa al presidente chileno en una compleja tempestad de intereses cruzados con casi diez millones de dólares de por medio. Ante semejante escándalo, lo único que ha acertado a señalar Sebastián Piñera es que considera hecho ya juzgado el asunto, pues fue judicializado en el año 2017.
En el caso del ecuatoriano Guillermo Lasso, este ha asegurado que las entidades que aparecen en los Papeles de Pandora —catorce, de las que once se encuentran inactivas— ya fueron disueltas y que no ha incumplido legislación alguna. Lógico, casi ninguno lo hace, ya que la legislación la implementan presidentes como él, Piñera o Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, que también niega estar vinculado a dos sociedades en Panamá.
En total, en América Latina y España han sido miles las personas señaladas, pues solo Colombia, México y Ecuador superan ampliamente los cuatro implicados —más de 3.000 solo en México— y en España casi alcanzan los seiscientos. Entre los más destacados se encuentran Mario Vargas Llosa, Shakira, Luis Miguel, Chayanne, Miguel Bosé, las tres personas más ricas de México —Germán Larrea Mota Velasco, Olegario Vázquez Aldir o María Asunción Aramburuzabala— o los Legionarios de Cristo —con casi 300 millones de euros en su paraíso financiero terrenal—. Desgraciadamente, y a pesar de lo escandaloso del asunto, no parece que nos encontremos ante el principio del fin de las malas prácticas de las élites latinoamericanas y españolas, sino ante el fin de sus principios.
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