Aunque una gran mayoría oscila entre el desconocimiento y la indiferencia, lo cierto es que España es un régimen autoritario de apariencia democrática y funcionamiento criminal. Un régimen autoritario por seducción más que por imposición, es decir, más huxleyriano que orwelliano, pero autoritario, al fin y al cabo. Un régimen autoritario al servicio de las grandes élites. Y, sin duda, el sector energético es uno de los más paradigmáticos: políticos fichados por grandes empresas controladas por las élites mundiales en un sector que, por su importancia estratégica, debería ser público.
Sí, porque la presencia de políticos, especialmente del PSOE y el PP, en las grandes empresas es una constante, en el caso de las energéticas. El último ejemplo de esta cuestionable travesía la protagonizó Antonio Miguel Carmona, político madrileño bien conocido en el ruedo mediático. La delgada línea que separa el púlpito moral mediático de los onerosos consejos enmoquetados es tan delgada que, en ocasiones, parece inexistente.
Antonio Miguel Carmona, político del PSOE, pasó de acusar a un medio español de mentir al afirmar que Iberdrola, una gran energética española, había vaciado los pantanos, a ser nombrado vicepresidente en España de la mencionada compañía. "No tengo ninguna simpatía, ni por Iberdrola, ni por ninguna multinacional eléctrica", aseveró en agosto de 2021 en redes sociales y medios de comunicación. "Mis simpatías por las grandes compañías eléctricas […] son manifiestamente mejorables", añadió. Sus simpatías mejoraron manifiestamente solo dos meses después.
Pero, con todo, lo peor es que Carmona se postulaba como candidato al Ayuntamiento de Madrid, por lo que podría ser en estos momentos alcalde de la capital española, en representación teórica del PSOE. Más preocupante: no es un caso único. Esa misma travesía fue realizada por Isabel García Tejerina, Fátima Báñez y Ángel Acebes a Iberdrola; Felipe González a Gas Natural; José María Aznar, Elena Salgado, Pedro Solbes o Luis de Guindos a Endesa; Beatriz Corredor, Luis Atienza, Miguel Boyer o Ángeles Amador a Red Eléctrica de España; o Isabel Tocino, Ana Palacio, José Montilla o José Blanco a Enagas. Queda claro, pues, que, tras la retahíla de nombres, el sector energético se ha convertido en un paraíso laboral para los principales, y no tan principales, políticos españoles del PP y del PSOE.
Se podrá pensar que somos malintencionados al relacionar estas jubilaciones políticas doradas con las decisiones políticas y legislativas, pero lo que es indudable es que en materia energética los políticos españoles han gobernado a favor de unos pocos. Lo que, en definitiva, ha supuesto un perjuicio para la mayoría. Los políticos españoles han gobernado para las energéticas (y para muchos otros) aun cuando ello haya supuesto gobernar contra la mayoría.
Y, aunque España cuenta con el mayor potencial solar de Europa y es uno de los países con más potencial eólico, lo cierto es que, hoy, la situación española dista mucho no ya de ser una potencia energética, sino de ser, al menos, suficiente. Así, entre 2006 y 2019 la dependencia energética española del exterior se situó en el 75 %. Es decir, si nos quedáramos sin energía del exterior solo tendríamos capacidad para producir una cuarta parte de lo que necesitamos.
Una dependencia energética basada en legislaciones retrógradas (como el conocido como 'impuesto al sol') y falta de acciones políticas que han beneficiado a unas empresas energéticas enormemente rentables que deberían ser públicas: las empresas energéticas del IBEX 35 cuadruplicaron sus beneficios en 2021 alcanzando los 10.117 millones de euros. Entre ellas, en un puesto destacado, Iberdrola de Antonio Miguel Carmona, el político del PSOE que tan poco afecto tenía por las energéticas.
Una situación que pretende ser revertida con un ambicioso plan aprobado el pasado mes de diciembre llamado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE, para los amantes de los acrónimos). El PERTE, que supondrá una inversión de 16.300 millones de euros, de los que 6.900 millones serán públicos, no solo llega tarde, sobre todo para muchas familias que no pueden encender la calefacción en sus hogares, sino para todo un país cuya dependencia del turismo la ha convertido en un 'muerto viviente'. Un zombi que, cuando las ayudas terminen, saldrá de la UCI… o no. Mientras tanto, en España hay 4,5 millones de personas en pobreza energética. Encender la luz es un lujo inalcanzable en el 11 % de los hogares españoles.
Los campos eólicos, que han conseguido superar la generación de energía eléctrica, por delante de las centrales nucleares, y ya aportan casi la mitad de las necesidades de consumo (el 47 %), no solo llegan tarde, sino que también lo hacen mediante un modelo que no parece que vaya a beneficiar a la ciudadanía ni a los espacios en los que se ubican. Por ejemplo, los campos eólicos de Aragón, que se alimentan del cierzo, han dejado pocos beneficios en la España vaciada. Y, menos todavía, en la factura de la luz, cuyos precios se han disparado (la factura de los hogares españoles aumentó de media un 41 %, pasando de 675 euros a 949 euros anuales).
"España, potencia energética renovable" o "España ya tiene su plan para ser potencia energética" son titulares que se han podido leer en los medios de comunicación españoles en los últimos meses.
Pero ¿y si España hubiera decidido hace veinte o treinta años ser una potencia energética? Y no solo una potencia energética con un marcado carácter industrial, sino también con carácter social, porque no solo se trata de sembrar los campos con molinos de viento. Preguntémonos cómo es posible que los edificios españoles no estén poblados de paneles solares. La respuesta se encuentra en los más de diez mil millones de euros de beneficio de las grandes energéticas y, también, en el más del diez por ciento de hogares que viven en la pobreza energética.
Vayamos más allá: ¿Y si las energéticas fueran empresas públicas? Efectivamente, no obtendrían diez mil millones de beneficio, pues las empresas públicas no pueden obtener beneficio, pero no existiría varios millones de personas padeciendo pobreza energética y pagaríamos mucho menos por la energía.
Y, por si alguien lo dudaba, lo que sucede en España no es ni mucho menos un caso singular dentro del mundo capitalista. En los últimos cien años se han firmado casi tres mil acuerdos internacionales de comercio, los cuales permiten, incluso, demandar a los estados para reclamar compensaciones, no solo por los daños que puedan sufrir debido a las decisiones de los gobiernos, sino, peor aún, por las pérdidas de ganancias futuras. Y en el caso de las energéticas no son cuantías menores.
Según Investigate Europe, solo la infraestructura fósil obtiene un valor en la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza de 344.600 millones de dólares, algo más de ocho mil millones en España. Este es el precio de la dependencia energética europea, los grandes beneficios de las grandes empresas energéticas; el coste de tener gobernantes cuyos intereses se encuentran más cercanos de las grandes empresas que de los ciudadanos se llama dependencia y pobreza energética. En España, además, una oportunidad perdida. Otra más.
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