Lo que queda al desnudo en España con el caso de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Hace solo una semana, el diario El País publicaba que la empresa china Priviet Sportive había enviado documentos falsos para aparentar la calidad del material sanitario vendido a la Comunidad de Madrid por medio de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un nuevo episodio de una teleserie cuyos elementos desvelan con claridad la corrupción, como mínimo moral, de los gobernantes madrileños, así como la degeneración de la democracia occidental. Un decorado cada día más chusco en una obra de teatro cada día menos verosímil.

El escándalo

El origen del escándalo hay que encontrarlo meses atrás, cuando eldiario.es, medio cada día más instrumental del PSOE, desvelase una trama de corrupción que, de nuevo, afectaba al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. El último de una extensa lista de escándalos en los que se han visto involucrados la mayoría de los últimos presidentes de la Comunidad de Madrid —Cristina Cifuentes, Ignacio González o Esperanza Aguirre— y no pocos políticos de los escalones inferiores. 

Como suele suceder en estos casos, la noticia pasó sin pena ni gloria, lo que explica, en gran medida, que tan amplio enumerado de casos de corrupción no solo no afecte al Partido Popular, sino que, parezca, incluso, que le refuerza en términos políticos. Pero el ostracismo mediático colapsó como un muro cuando el anterior presidente del Partido Popular, Pablo Casado, decidió denunciarlo públicamente como movimiento político para acabar con la carrera política de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que en términos coloquiales denominaríamos puñalada. 

Cualquiera pensaría que semejante escabechina habría dinamitado al Partido Popular, pero nada más lejos de la realidad, pues lo cierto es que, siguiendo la lógica antes comentada, finalmente lo ha reforzado. Y es que, aunque el lance no salió muy bien del todo —fue un desastre público y notorio—, terminó con la daga en el cuerpo de Pablo Casado, ya sustituido por Alberto Núñez Feijóo, veraneante durante años de un conocido narcotraficante. Mérito este que en la España que nos acoge no solo no defenestra, sino que aúpa, tanto que el Partido Popular ya amenaza seriamente con ganar las próximas elecciones.

Cualquiera pensaría que semejante escabechina habría dinamitado al Partido Popular, pero nada más lejos de la realidad, pues lo cierto es que, siguiendo la lógica antes comentada, finalmente lo ha reforzado.

Sea como fuera, de aquella faena quedó claro, porque incluso Isabel Díaz Ayuso tuvo que reconocerlo públicamente, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, se embolsó casi 300.000 euros por la compra de mascarillas para la pandemia, de los que 55.000 mil fueron por la intermediación en la compra de estas. Cuando a los ancianos se les negaba la atención sanitaria, incluyendo 8.000 fallecidos, de los que casi 6.000 lo fueron por covid-19, el hermano de la presidenta estaba haciendo negocio. Y no menor.

Una 'caza de brujas' para Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló que la información se trata de una "campaña de desprestigio" que tiene como objetivo "destruirla", algo que, según se desprende de sus manifestaciones, difícilmente conseguirán dado el gran éxito de su gestión que ha permitido que Madrid se haya convertido en la "locomotora económica" de España gracias a la "libertad" y el "modo de vida a la madrileña".

Además, ha aseverado que el escándalo "va a quedar en nada y se va a archivar" porque " no se ha comprado material defectuoso, se pagó en tiempo y forma, y se pagó dos meses después cuando se corroboró que todo era así", por lo que lo único que se busca en las informaciones periodísticas es "sembrar sospecha".

Una empresa de cables eléctricos fabricando mascarillas

La empresa que adquirió 250.000 mascarillas que, después, vendió por 1,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid, llamada Priviet Sportive, era una compañía de cables eléctricos que aportó certificados falsos o no homologados como justificación de la calidad de las mascarillas. La empresa es propiedad de Daniel Alcázar, amigo personal de los Ayuso, hermano y presidenta.

Y se sabe que fue Tomás Díaz Ayuso el encargado de contactar con la empresa china fabricante de mascarillas, Jiaxing Yinuo Busway Co. Ltd., que antes de la pandemia se dedicaba a realizar cableado eléctrico. Esta empresa presentó un certificado falso, de un ente italiano de homologación, y otros dos certificados de dos centros chinos que no estaban habilitados para ello.

El certificado italiano, catalogado como fraudulento por la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de Estados Unidos fue el mismo que el utilizado en la compra de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, en el que, actualmente, Alberto Luceño y Luis Medina se encuentran también bajo sospecha de corrupción. Si muchos pensaron que la pandemia sacaría lo mejor de nosotros, lo triste es que lo mejor de España parece ser el Partido Popular y sus tejemanejes corruptos.

Si muchos pensaron que la pandemia sacaría lo mejor de nosotros, lo triste es que lo mejor de España parece ser el Partido Popular y sus tejemanejes corruptos.

Porque, además de la cuestión de la calidad, ahora existe una nueva sombra de duda: el precio. La Comunidad de Madrid pagó por 6,05 euros cada mascarilla, 5 euros más IVA, lo que supone un precio muy superior por el que adquirió. Las mascarillas eran KN95 en lugar de FFP2/3, de hecho, no había ninguna FFP3. Las mascarillas KN95 cumplen con un estándar de homologación chino que ni siquiera es estatal, sino de la propia empresa. Es decir, la propia empresa homologa su material. Por el contrario, FFP2 y FFP3 son homologaciones europeas que son certificadas por centros independientes. Debido a ello, las mascarillas FFP2, equivalentes a KN95, son más caras. Y las FFP3, todavía más caras. Y es que la empresa facturó por mascarillas FFP2/3 en lugar de KN95.

De dudosa moral, de sospechosa criminalidad

Mientras la Fisacalía Anticorrupción ha interrogado a Tomás Díaz Ayuso —no parece considerarlo muy inocente— y la información al respecto de los contratos continúa desvelando pormenores en diferentes medios, aunque en no pocas ocasiones de forma marginal, lo cierto es que los antecedentes del Estado español demuestran que, con bastante probabilidad, Isabel Díaz Ayuso tenga razón en sus últimas aseveraciones: el caso será archivado porque todo se debe a una "campaña de desprestigio". A una "putada" que le han hecho a Isabel y Tomás, porque, como dijo este último: "Es una putada verme afectado por lo que es mi hermana".

España necesita con urgencia un cambio. Un cambio profundo para que esperpentos como el relatado afecten cada vez menos a las instituciones y cada vez más a sus protagonistas. Ni el espionaje ni la corrupción ni la violación de derechos humanos tienen las consecuencias adecuadas.

España necesita con urgencia un cambio. Un cambio profundo para que esperpentos como el relatado afecten cada vez menos a las instituciones y cada vez más a sus protagonistas. Ni el espionaje ni la corrupción ni la violación de derechos humanos, por señalar tres de los muchos males que afectan al país que se han visto señalado en las últimas semanas, tienen las consecuencias adecuadas en España —y mucho menos en Madrid, donde parece que, a mayor nivel de corrupción, mayor popularidad—.

Es decir, España necesita que las «putadas» de verdad tengan consecuencias. Porque ser hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid no es una «putada», sino una gran oportunidad. «Putada» es que, mientras 8.000 ancianos fallecían sin asistencia sanitaria durante la crisis sanitaria del covid-19 en la Comunidad de Madrid, el hermano de la presidenta ganaba cientos de miles de euros intermediando para comprar mascarillas con certificados falsos o no homologados a una empresa de cables eléctricos por un valor superior al que en ese mismo momento se pagaba en el mercado. «Putada» es que España —y Occidente— sea un entramado mafioso cuyo principal objetivo es la extracción de la riqueza, por medios legales o ilegales, mientras se autodenomina «democaria plena».