Opinión

Cómo las leyes del 'solo sí es sí' y 'trans' terminaron convertidas en armas arrojadizas en España

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Un paso en falso y… ¡boom! Cualquier mina o trampa mortal puede estallar en ese peligroso escenario en el que se ha convertido la política española en los últimos meses. Con una ultraderecha arrojando bombas incendiarias en acciones cada día más kamikazes y desesperadas debido del encogimiento de su flanco, cada vez más débil; un Partido Popular martilleando con artillería desde el cobijo de las positivas expectativas electorales; un PSOE fortificando sus posiciones y una izquierda en abierta confrontación fratricida por el liderazgo, a tiro limpio en plena trinchera, cualquiera puede resultar herido. Cualquiera puede saltar por los aires en cualquier momento.

Un ejemplo de ello lo encontramos en la conocida como ley del 'solo sí es sí', una de las ofensivas más importantes de Podemos en los últimos años. Diseñada para proporcionar una mejora sustancial en el balance de fuerzas, tanto en la trinchera propia como en el escenario bélico nacional, no ha conseguido casi ninguno de los objetivos marcados y ha terminado por debilitar todavía más las posiciones de Podemos. Porque, si bien no puede considerarse un fracaso, ha permitido ataques por casi todos los costados a cuenta de la rebaja de condenas de los violadores.

Las heridas del 'solo sí es sí' 

La ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como 'solo sí es sí', se ha convertido en una gran polémica por un error técnico que nadie supo o quiso resolver, aun cuando el aviso existió. Esta ley elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, convirtiendo en delito todas las conductas contra la libertad sexual, se realicen con violencia o sin ella.

Se trató, desde el principio, de una medida controvertida, pues España es un país con profundo arraigo machista en el que acciones tan vanguardistas topan con un terreno poco favorable a su desarrollo y altas probabilidades de fracaso. Pero si a ello se le añade un error técnico de bulto, o cuanto menos un aparente error, la posibilidad de ser embolsado por el enemigo se convierte en inevitable. Y ahí están, sufriendo las de Caín.

"España es un país con profundo arraigo machista en el que acciones tan vanguardistas topan con un terreno poco favorable. Pero si a ello se le añade un aparente error, la posibilidad de ser embolsado por el enemigo se convierte en inevitable".

Para contextualizar, habría que señalar, para empezar, que hasta la llegada de la nueva ley, la distinción entre delitos contra la libertad sexual existía —los abusos, sin violencia, se condenaban a penas que oscilaban entre los cuatro y los diez años y las agresiones, con violencia, se condenaban entre seis y doce años—. Distinción que, en el nuevo redactado, ha quedado eliminada, ya que todos los delitos contra la libertad sexual se castigan con entre cuatro y doce años, se produzcan con violencia o no. Y he ahí parte del error, pues habría bastado con que el rango penal hubiera sido entre los seis y los doce años o con que se hubiera introducido una disposición transitoria que hubiera impedido la revisión para evitar las rebajas de los violadores y la actual masacre que está padeciendo un partido que pretendía, en todos los sentidos, lo contrario. Porque nadie en su sano juicio puede aseverar que Podemos quería rebajar las condenas de los violadores. Pero los deseos en el campo de batalla político no existen o son señales de debilidad.

Tal es la situación que, lejos de conquistas y festejos, la acción tuvo como consecuencia el recrudecimiento de la guerra civil entre la propia izquierda, la cual ha llegado a unos límites que ya parecen definitivos tras la brutal ofensiva contra Irene Montero ante la pasividad, y hasta complacencia, de Yolanda Díaz y la posterior contraofensiva de Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz, ya sin dejar ni siquiera retaguardia. Hoy, por tanto, parece más posible que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se 'maten' en términos políticos a que se entiendan.

Este fracaso operativo de Podemos, que ha terminado como el Rosario de la Aurora, resulta todavía más inexplicable si se tiene en cuenta que se trata de una ley tramitada entre los ministerios de Igualdad y Justicia y que contaba con el visto bueno del Consejo Fiscal. No solo es incomprensible que se haya cometido un error de esta magnitud, o al menos un aparente error que permita considerarlo como tal, sino que también lo es que se recibiesen advertencias por parte del Consejo General del Poder Judicial y hasta del Partido Popular. ¡Del enemigo!

La 'Ley Trans'

Todo lo relatado forma parte del contexto en el que debemos enmarcar lo sucedido estos días durante las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos al respecto de la conocida como la 'Ley Trans', o para ser más precisos, la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI), cuyo proyecto fue aprobado como de ley el pasado mes de junio.

Se trataba, y se trata, de una medida que tenía como objetivo convertir a España en vanguardia de los derechos del colectivo LGTBI, como en el pasado se convirtió en avanzadilla del matrimonio homosexual. Pero difícilmente la situación puede haber terminado de peor manera, hasta el punto de convertirse en un punto de confrontación entre distintos actores, incluidos el PSOE y Unidas Podemos, que este mismo lunes rompieron las negociaciones.

Mientras, todo un colectivo está pendiente de ese perverso juego bélico llamado política en el que el contexto y los intereses de cada partido tiene tanto o más valor que las necesidades de los colectivos y en el que hay que añadir otro factor más de consideración: durante 2023 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo y elecciones generales en algún momento del segundo semestre.

Así, sobre la 'ley trans' pesa la amenaza de convertirse, como la ley del 'solo sí es sí', en una ofensiva fallida que provoque virulentos ataques contra su promotora, Irene Montero; el partido que la ha impulsado, Podemos; y el actual Gobierno. Por ello, todos calculan bien los riesgos, hasta tal punto que el PSOE está dispuesto incluso a negociar con el PP, mientras Unidas Podemos no está dispuesta a ceder un ápice y cuenta con el apoyo de ERC, PNV y Más País. Además, en este caso la confrontación de parte del feminismo, que también se encuentra enfrascada en su propia guerra civil, dificulta todavía más la situación.

Por todo ello, la situación ha llegado a un punto culminante este lunes a primera hora cuando se rompieron los contactos entre el PSOE y Unidas Podemos, por lo que las 37 modificaciones presentadas por el PSOE no han sido retiradas y se mantienen como una amenaza para el proyecto legislativo.

El problema principal que ha provocado el choque entre el PSOE y Unidas Podemos ha sido la medida que permite que los mayores de 14 años y menores de 16 años puedan solicitar la rectificación de la mención registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales, lo que el PSOE entiende que puede ser una vulneración para los menores debido a la falta de madurez.

"Una vez más, una ley, y aquellas personas que se ven afectadas por la aprobación de esta, han quedado reducidas a figuritas en un gran mapa de operaciones en el que lo que cuenta es ganar la guerra. O al menos no perderla".

En el fondo, al PSOE esta cuestión no le resulta ni mucho menos esencial, no tanto como para romper las negociaciones, pero sí que considera que puede ser munición de primera para la derecha y ultraderecha española. Y a menos de un año de una batalla decisiva, descuidar un flanco y regalar munición no entra en los planes del PSOE. ¿Y el colectivo LGTBI? A estas alturas, ya no le importan a nadie, cada uno tiene su batalla política y quiere obtener réditos y, sobre todo, no perder terreno.

Por ello, la amenaza del PP, Vox y Ciudadanos de recurrir la ley al Tribunal Constitucional y dinamitar otro de los proyectos estrellas de la formación morada y convertirlo en una ofensiva mediática contra el PSOE y Unidas Podemos es una amenaza real. A pesar de lo cual, Irene Montero y Unidas Podemos han aseverado que se niegan a recortar ningún aspecto del derecho de autodeterminación de género, líneas rojas que no mantuvieron, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral. Lo que nos muestra también que el principal eje de batalla de Podemos es el identitario y que aquellos eran otros tiempos y otro escenario político, con otras alianzas, fortalezas o debilidades.

En esta caótica situación bélico-política, convendría señalar la posición del PNV, un partido conservador, que se muestra, en principio, favorable, pues en Euskadi existe una ley de derechos para los transexuales desde el año 2012 en la que no se especifica límite de edad y que fue modificada en 2019, eliminando el informe médico o el tratamiento como elementos indispensables para el reconocimiento de las personas transexuales —la derecha vasca, o catalana, se parece muy poco a la derecha española—.

Quizás esta última observación nos sirva para analizar las posiciones de los distintos partidos y comprobar que, por desgracia, y una vez más, una ley, y aquellas personas que se ven afectadas por la aprobación de esta, han quedado reducidas a figuritas en un gran mapa de operaciones en el que lo que cuenta es ganar la guerra. O al menos no perderla. No es política, es la guerra, y el colectivo LGTBI solo es, ahora mismo, un arma arrojadiza.

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.

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