Estados Unidos tiene un problema de violencia armada que está creciendo. Los intervalos entre los tiroteos masivos –aquellos en los que cuatro o más personas recibieron disparos o murieron en un sólo evento, sin incluir al tirador– se han vuelto más cortos: desde el 2011, cada 64 días ocurre una matanza que involucra armas de fuego.
Tan sólo en este 2018 han sucedido 6.999 incidentes violentos que involucran a un tirador armado; entre ellos, 32 fueron calificados como tiroteos masivos. En este mes y medio ha habido 1.925 víctimas mortales de la violencia armada. 379 adolescentes de entre 12 y 17 años han sido asesinados o heridos, según Gun Violence Archive.
Desde el 2013, casi cada semana ocurre un tiroteo en una escuela. El más reciente, el pasado 14 de febrero, fue en Parkland, Florida. El autor confeso de esta matanza es Nikolas Cruz, un joven de 19 años. Llegó a la escuela Marjory Stoneman Douglas High School, de la que había sido expulsado, en un Uber a las 2:19 de la tarde. De su mochila, donde guardaba varios cargadores extra de municiones, sacó un rifle semiautomático AR-15 y disparó en pasillos, en los alrededores de la escuela y después en cinco aulas del edificio. Más tarde abandonó el rifle y el chaleco antibalas para confundirse entre la multitud que corría. 17 muertos y 15 heridos. La tercera mayor matanza estudiantil en la historia de EE.UU.
Cruz compró legalmente el rifle AR-15, inicialmente diseñado para el ejército. Florida es uno de los estados de la Unión Americana con una de las legislaciones sobre armas menos restrictivas. Así, no se pide un registro ni una licencia, no se requiere informar sobre la adquisición o la pérdida de un arma, no hay regulación sobre la capacidad de los cargadores de municiones y basta tener 18 años para comprar un arma larga.
En 2016, el estudio 'The Impact of Mass Shootings on Gun Policy', publicado en el Harvard Business School, encontró que "un solo tiroteo masivo conduce a un aumento del 15% en el número de facturas de armas de fuego introducidas en un estado en el año posterior a que sucedió". No es de extrañar entonces que sólo tres días después de lo ocurrido en Parkland, cientos de personas asistieran durante el fin de semana a una feria de armas de 500 expositores (gun show) con ánimos renovados de protegerse y realizar compras de pánico antes de que suban los precios o cambien las regulaciones. Lo cierto es que es poco probable que la legislación cambie. La investigación también señaló que en el 75% de los casos después de un tiroteo aumenta el número de leyes promulgadas que reducen las restricciones de armas, cuando en el estado hay una legislatura de mayoría republicana.
No en balde, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) destinó 54 millones de dólares para asegurar el triunfo de Trump en la elección de 2016 –más de 30 millones en apoyo al candidato– y el control republicano de las dos cámaras del congreso, de acuerdo al Center for Responsive Politics (CRP).
Ya como presidente, Trump aseguró a la NRA que contaban con un "verdadero amigo" en la Casa Blanca y que "el asalto de ocho años a las libertades de la Segunda Enmienda" había terminado.
Tras Parkland, la respuesta inmediata de Trump fue enviar "pensamientos y oraciones"; tres días después tuvo que hablar del elefante en la sala, aunque no para abordar realmente el control de armas, sino para culpar a los demócratas de no solucionar el problema.
Trump y los políticos pro armas que han hablado han señalado que el tirador estaba "mentalmente perturbado" y han culpado al FBI e incluso a la comunidad –revictimizando a las familias– por no reportarlo más incisivamente.
Sin embargo, sí se había reportado, pero no se investigó. En todo caso, ninguna persona con una enfermedad mental o con rabia hacia alguna comunidad, habría hecho tanto daño sin un arma de fuego.
El hecho indiscutible es que, a más armas, más muertes por violencia armada. Los países desarrollados donde los civiles tienen menos armas de fuego, tienen una menor tasa de homicidios y suicidios y las legislaciones más restrictivas salvan vidas. Prueba de ello es que, en 1994, durante el gobierno de Bill Clinton, el Congreso de EE.UU. prohibió la venta a civiles de armas de asalto, entre ellas el AR-15 y el AK-47. La prohibición se levantó en el 2004 y en los siguientes diez años, las muertes en matanzas con armas de fuego aumentaron en un 270%.
El problema real es el dinero. El mercado de armas genera miles de millones de dólares anualmente, y EE.UU. es el principal comerciante de armas del planeta. En 2016, ese país poseía el 29% de todo el mercado mundial de ventas de armas; eso es casi 10.000 millones de dólares. En ese mismo año, EE.UU vendió armas a 27 de los 34 países que tenían conflictos armados.
El caso de México
A los países que no tienen abiertamente un conflicto armado, como México, las transferencias de armas legales son aún menos cuestionadas por la comunidad internacional. Nos preguntamos cómo reducir los homicidios por arma de fuego en nuestro país, pero tampoco hablamos del origen del problema: somos clientes de la industria de las armas de EE.UU. y no hay transparencia en lo que respecta a cuántas armas se adquieren legalmente, cuántas se decomisan y de qué tamaño es la corrupción que alimenta el tráfico ilícito de armas de fuego.
A los políticos financiados por los vendedores de armas y sus cabilderos no les importa que niños, niñas y jóvenes sigan muriendo en escuelas de territorio norteamericano, mucho menos les van a importar los muertos que esa industria deja en el extranjero.