El problema no solo crece: se ha disparado. En seis elecciones anteriores, contando tanto federales como locales (entre 2008 y 2015) habían sido asesinados 28 candidatos y precandidatos en total. Pero desde el inicio de la campaña política en México, el 8 de septiembre de 2017, hasta el 26 de mayo de 2018, más de cien contendientes han muerto con violencia.
Además, un informe de Etellekt ha contabilizado más de 300 "agresiones directas contra políticos" durante estos meses de campaña, y 44 atentados contra familiares de políticos: 46 familiares de políticos han sido asesinados, en su mayoría de primer y segundo grado.
La violencia no ha dejado ilesas a las mujeres que aspiran a cargos populares ni a sus equipos. Dos candidatas locales murieron en manos de la delincuencia organizada el pasado fin de semana: se trata de Juana Iraís, candidata a diputada local del Partido Verde en el estado de Puebla, que iba acompañada de su amiga y colaboradora Erika Cázares.
En la madrugada del sábado, Pamela Terán, candidata a concejal por el PRI, fue asesinada por un grupo armado saliendo de un restaurante. Con ella murieron su chofer y una fotógrafa que trabajaba con ella. La candidata ganó notoriedad por su intenso activismo tras el sismo del 7 de septiembre, cuando se movilizó para conseguir ambulancias y apoyó en los rescates de personas sepultadas en los escombros en Juchitán, Oaxaca.
Pamela fue rápidamente revictimizada: Rubén Vasconcelos, Fiscal de Oaxaca, declaró que "consideramos a Pamela Terán como una víctima, pero sí es cierto que su padre está preso por hechos delictivos".
El fiscal dijo que no se descartan motivos políticos para su ejecución, pero se aseguró, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, de reiterar que era hija de Juan Terán, presunto cabecilla de un grupo de crimen organizado que fue detenido en abril del año pasado.
Sin garantías de llegar con vida a las elecciones
Las muertes conllevaron la habitual condena de los partidos políticos, los pésames a sus familiares, las demandas a las autoridades de garantizar la seguridad, pero no hay aún garantías para los y las candidatas que participan en la contienda de llegar con vida al día de los sufragios.
Para las mujeres en México, hacer política ya era suficientemente difícil. Apenas se legisló para garantizar paridad de género en las candidaturas, lo que por décadas había dejado a las mujeres subrepresentadas en los cargos de elección. Las amenazas e intimidación inician aún antes de que sean postuladas para una candidatura, incluso a veces, aún antes de que ellas mismas accedan a hacer política.
Trágicamente, las candidatas que murieron en estos días no son las únicas. El 24 de febrero se registró el asesinato de Dulce Anayely Rebaja, exprecandidata del PRI en Chilapa, Guerrero, y unos días antes murió también en esa localidad Antonia Jaimes Moctezuma, militante del PRD.
El 7 de ese mismo mes fue asesinada la activista política Evelia Acosta Genchi, quien había militado en el PRD, en Chilpancingo, después de que dos hombres con los rostros cubiertos irrumpieron en su domicilio y dispararon en su contra.
La mano del crimen organizado está presente. De los 102 políticos asesinados, el 67% (68 personas), han muerto en manos de comandos armados y el 16% han sido torturados antes de morir. Solo en tres de los casos el fallecimiento ha sido resultado de asaltos simples o riñas, siempre según el estudio de Etellekt.
Pero también está la violencia intrafamiliar. Cecilia Viridiana, regidora priista en Huehuetoca, estado de México, murió en manos de su marido en noviembre del año pasado. Cecilia trabajaba promoviendo la inclusión social de personas son capacidades diferentes; su marido la mató a golpes.
La impunidad de los asesinatos
Si bien el grueso de los candidatos asesinados son hombres dado que la paridad aún está en construcción, la violencia que afecta a las mujeres es múltiple. Aún hoy tienen que enfrentar limitaciones en su función pública, incluyendo cuestionamientos a su rol familiar, discriminación por ser mujeres o desprecio por parte de sus pares hombres.
Las mujeres enfrentan trabas para hacer política; se les desprecia en su ejercicio de poder, y ahora también se les asesina.
La fiscalía de Puebla ya detuvo a cinco personas presuntamente responsables por la muerte de Juana Iraís Maldonado y Erika Cázares, y las autoridades han señalado que fiscales especiales trabajarán en el caso. Pero son la excepción: en la gran mayoría de los casos, la impunidad gana y los victimarios quedan sin castigo.
Está claro que el gobierno no tiene capacidad de proteger a los más de 13.000 candidatos y candidatas, pero la violencia política pone en riesgo toda la viabilidad democrática de la elección más grande, costosa y compleja de la historia. La situación en México es crítica y es indispensable un profundo esfuerzo de las autoridades para asegurar que quienes compiten lo puedan hacer sin poner en riesgo sus vidas, con especial énfasis en la protección e igualdad de oportunidades de las candidatas si de verdad hay voluntad de lograr la paridad de género.
Por lo pronto, Juana, Erika, Pamela, Cecilia, Evelia, Dulce y Antonia son solo algunos nombres que le dan rostro a la violencia de género que las mujeres experimentan en la política de este país.