La reforma aprobada en 2014 estableció en el artículo 41 Constitucional que "los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales".
Antes de esta ley ya habían pasado otras, buscando el objetivo de la paridad de género, pero con resultados decepcionantes. Los partidos, por su naturaleza y composición, habían encontrado formas de darle vuelta a ley. Vueltas que iban desde pagar multas hasta la intimidación y violencia a candidatas. Así, en el Congreso saliente, hay un 37 por ciento de mujeres en la Cámara Baja y un 33 por ciento en el Senado. En 2013, el promedio nacional de escaños ocupados por mujeres en los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal era de 27 por ciento. En la actualidad, 11 entidades federativas en México tienen la paridad en sus marcos electorales estatales. Con la reforma constitucional, México se sumó a las naciones que buscan acelerar el ritmo para que la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad de resultados y no sólo formal entre hombres y mujeres, se haga realidad.
¿Por qué no funcionaron las leyes anteriores? En esencia, no tenían suficientes candados ni obligaciones. Así, se dio el famoso caso de "las juanitas", en la que los partidos, simulando cumplir con la ley, candidatearon a muchas mujeres, pero colocaron a hombres como sus suplentes. Estas mujeres eran esposas o parientes de los suplentes, y apenas tomaron protesta en su cargo, renunciaron dejando su lugar a los verdaderos candidatos. Prácticas como esta se repitieron en todo el país, limitando la participación política de las mujeres.
La nueva ley obligó a que las fórmulas –candidato principal y suplente– fueran mujeres, imposibilitando la simulación que se había instalado. Sobra decir, los partidos enfrentaron dificultades para llenar los cupos. A pesar de haber miles de mujeres activistas, con experiencia y trayectoria, muchas de ellas estaban asociadas a organizaciones sociales o no respondían a los intereses de los partidos. Pero la ley obliga y los partidos cumplieron.
El nuevo escenario político
El próximo Congreso, que asumirá el 1 de septiembre de 2018, será histórico por su presencia femenina. Muchas de esas mujeres han mostrado una larga carrera de compromiso con la causa de la equidad, que no solo aborda a las mujeres sino también a la comunidad LGBTI, a las personas con discapacidad, a población indígena y a otras comunidades minoritarias y marginadas.
Sin embargo, con toda la celebración que este logro significa, las mujeres están lejos de poder alegar que la equidad ha llegado. Esto, porque las leyes ayudan a construir realidad, pero en los hechos se tarda mucho en transformar la cultura dominante en los países. Las mujeres ya están, pero falta ver si el solo hecho de ser, en efecto, mujeres, las llevará a empujar políticas públicas paritarias en todos los ámbitos, más allá de la reforma electoral. Es una duda válida, ya que muchas de ellas no se han pronunciado sobre estos temas.
Pero más importante que las posturas personales de estas nuevas legisladoras, es la cultura imperante de la obediencia partidaria. Juntos haremos historia, la coalición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sido en el mejor de los casos ambigua y en el peor contradictoria. Su propuesta de un gabinete paritario con mujeres como Olga Sánchez como secretaria de Gobierno, es claramente progresista; sin embargo, muchos de sus aliados –los evangelistas- y otros ministros, son abiertamente conservadores.
López Obrador mismo es vago en estos temas, y su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mostró que el camino hacia la inclusión estaba muy fuera de sus prioridades y agenda. El documento "Femsplaining", donde Morena presenta sus propuestas sobre los derechos de las mexicanas, si bien apunta los temas, desarrolla poco las propuestas. La principal ausencia son los derechos sexuales y reproductivos, y en un país que ocupa el primer lugar en embarazo de menores de edad según la OCDE, es indispensable hablar sobre la interrupción legal del embarazo. Tan sólo en el 2017, en cifras de la OPS, 10.280 bebés nacieron de niñas entre 10 y 14 años, embarazos causados por violencia sexual o nulo acceso a anticonceptivos.
¿Qué falta? Igual paga por trabajo igual; horarios adaptables a las necesidades maternales y paternales, incluyendo en política, para que los hijos e hijas no sean responsabilidad exclusiva de las mujeres; reducción de la violencia de género y los feminicidios; garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto legal. Igual de importante, se requiere una transformación cultural que genere otra forma de hacer política, no diseñada por las reglas masculinas, sino por un sentido cultural de la equidad. Esa transformación cultural depende también de la ciudadanía.
Se logró la equidad en la representación; pero es buen momento para empujar la equidad en la agenda, en el debate, y en la llamada "cuarta transformación de México", hacia un país en que la equidad no sea excepción, sino regla.