El quinto poder en México
La abrumadora victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección de julio pasado fue un parteaguas político en muchos sentidos. Demostró una enorme voluntad de cambio –sumando el 53 % de AMLO, más el 22 % de Ricardo Anaya y el 5 % de Jaime Rodríguez– y un claro castigo a la clase política dominante.
Sin embargo, estos últimos cinco meses transicionales han sido inéditos: un presidente en funciones que desaparece y un presidente electo que, desde el primer día, asume el poder y empieza a tomar decisiones, nunca se había visto.
Su capacidad de empezar a gobernar sin asumir el cargo se aceleró una vez que el Congreso, en el que tiene mayoría amplia, inició su mandato. De inmediato, los diputados y senadores de su partido, Morena, empezaron a tramitar leyes para dar cumplimiento a las promesas de campaña o avanzar en su agenda de gobierno.
Algunas de estas decisiones, ya sean de López Obrador o de su Congreso –porque nadie puede suponer sinceramente que los diputados y senadores de su partido no le responden a él–, han energizado a su base de votantes, motivados con ver los "cambios" por los que votaron.
Pero al mismo tiempo, han sonado las alarmas de distintos sectores, tan remotamente ideológicos como organizaciones sociales a favor de la cultura de paz o ecologistas y las cúpulas de banqueros. Hasta organismos de las Naciones Unidas han mostrado preocupación por algunos proyectos, en particular por la militarización de las policías.
Propuesta para medios estatales
El último sector en levantar la voz han sido los comunicadores, preocupados por el plan de López Obrador respecto a los medios estatales.
Su propuesta generó que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), junco con comunicadores y defensores de los medios públicos, acusaran que las modificaciones serían "un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información".
Más de 42 organizaciones e instituciones, así como más de 100 académicos, especialistas, periodistas y ciudadanos, aseguran que estos cambios son contrarios a quienes exigen "que los medios públicos no sean medios oficiales".
Según la reforma propuesta, se entregaría control pleno a la Secretaría de Gobernación (Segob) de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.
En específico, el artículo 27 le da esta facultad: "En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".
AMLO dijo que lo soñaba como una "BBC mexicana". Sin embargo, la BBC es plenamente autónoma, y no depende del ministro de turno en el Reino Unido. Es grave la idea, sobre todo si se considera que la persona propuesta para estar a cargo de los medios del Estado es Luis Mandoki, un cineasta íntimamente ligado a López Obrador, sin visos de independencia.
La propuesta muestra una tendencia a la centralización y control, lejos de promover la conformación de medios de Estado, libres de los vaivenes políticos de turno. Incluso, si uno apoya a esta administración, debiese preocuparle que en unos años llegue una distinta que pueda hacer mal uso de un exceso de poder.
La rectificación
En este tema, como en algunos otros –no todos– la voz de protesta de muchos que lo apoyaron ha tenido efecto. Al final, el Senado de la República rectificó y eliminó del dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública el apartado en el cual hacía referencia a la facultad de la Segob para controlar a los medios de comunicación públicos.
Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, dijo que la modificación se hizo "en atención a los diversos señalamientos de los sectores sociales, académicos, en materia de medios y derechos de las audiencias".
Esto solo sucedió porque las organizaciones reaccionaron. De no haber brincado a la palestra, explicando con argumentos por qué esto era nocivo, habría pasado sin duda en el Congreso, controlado por Morena.
La debilitada división de poderes que vivimos hoy en México plantea un desafío muy particular para la sociedad civil. Con una oposición desarticulada y más débil que nunca desde la transición, será la gente, las feministas, los ecologistas, los grupos de interés, los medios, quienes tendrán que llamar la atención a las autoridades sobre decisiones que puedan ser perjudiciales a la estructura y el tejido social.
La libertad de prensa y expresión será crucial en este proceso. El valor de alzar la voz también. Ser una sociedad vigilante siempre ha sido una responsabilidad de las personas, pero hoy bien podría ser el único contrapeso a un poder político que, bien intencionado o no, puede cometer graves errores.
La sociedad civil es hoy la división de poderes. Es la balanza. Es una enorme responsabilidad para quienes llevan décadas promoviendo cambios. Pero es también su momento. Hoy, la sociedad civil debe convertirse en el quinto poder.
@magdacoss
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