Tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que ganó acompañado de destacadas profesionales y luchadoras sociales, se pensó que el paradigma de la equidad de género podría cambiar. Por fin habrá una secretaria de Gobernación –Olga Sánchez Cordero– así como un número casi paritario de mujeres en el gabinete.
Pero la aspiración de un gobierno austero –"no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", dijo muchas veces López Obrador–, así como de una administración pública más eficiente, encontró que la tijera económica bien podía aplicarse a un tema. Uno que, como de costumbre, siempre puede ser postergado: las mujeres.
El gobierno electo circuló un documento titulado 'Guía y criterios generales para el inicio y continuidad de la administración', que plantea, entre los recortes "necesarios" para lograr un gobierno austero, la desaparición de las áreas de equidad y género en todas las dependencias del estado.
Es importante contextualizar: las unidades de género se crearon en 2013, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo presión de grupos de género, por varias importantes razones: México ocupa el lugar 66 de 144 países en igualdad de género; sólo el 43% de las mujeres de la Población Económicamente Activa (PEA), trabajan; de ellas, casi 60% tienen empleos informales, sin seguridad, ni prestaciones. En igualdad salarial el lugar en el ranking internacional que mide Informe Global sobre Brecha de Género del Foro Económico mundial (WEF) se desploma hasta el 128.
Además de la violencia económica, está la violencia a secas: nueve mujeres son asesinadas cada día; más del 40 por ciento han sido víctimas de violencia sexual.
Con todo esto presente, el gobierno determinó que debía ser una política pública que se crearan unidades de género en todas las dependencias públicas, particularmente relevantes en aquellas "masculinizadas", como la Procuraduría General de la República y las fuerzas del orden.
La postura de la Administración anterior fue: "Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial".
Las unidades de género no necesariamente funcionaron todo lo bien que se podría haber deseado, y sin duda su trabajo puede eficientizarse y profundizarse. También es real que falta capacitación y sensibilización en la burocracia en general.
Pero la propuesta de eliminar estas áreas, que con todo han contribuido a instaurar la noción de que este tema es importante y debe tener puntos focales, despertó las alarmas en diversos grupos feministas.
A finales de octubre de este año, una carta firmada por 656 feministas y 217 organizaciones de género exigió al gobierno electo echar atrás la propuesta de eliminar las unidades.
La carta establece que "si bien el funcionamiento de estas áreas en las dependencias del gobierno es perfectible, su permanencia es imprescindible para avanzar en la transversalidad de la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas y en todo el quehacer gubernamental".
Y agrega: "No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades".
La postura de estas mujeres y organizaciones no solo tiene una visión de equidad social: tiene una demostrable defensa del crecimiento económico. La equidad en la fuerza productiva fomenta el desarrollo de toda la sociedad, y al final nos enriquece como país. Por solo dar un ejemplo, sin brecha de género, el PIB crecería a 26% para 2025; 2,2% puntos porcentuales extras por año, según el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD), publicado en la revista Forbes este año.
La intentona de desaparecer las unidades de género, por suerte, chocó con pared. Gracias a las diputadas Guadalupe Almaguer del PRD, Ana Lilia Herrera, Lucero Saldaña y Dulce María Sauri, del PRI, las Unidades de Género quedaron en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), donde se establece en el artículo transitorio 21 que "el Ejecutivo Federal deberá instituir las Unidades de Género en la Administración Pública Federal en un plazo de 60 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto".
Es importante esta pequeña historia para demostrar un punto: la lucha por la equidad de género es constante, así como la protección de los espacios ganados. Incluso los gobiernos que se presentan como progresistas tienen sus tentaciones de desaparecer los avances logrados, ya que no los consideran relevantes.
La actitud vigilante de la sociedad civil, y la actitud determinada de las legisladoras que detuvieron la intentona, nos probaron el viejo lema de León Trotsky: la revolución tiene que ser permanente. Y en temas de género, no podría ser más cierto.